El 8 de julio, el europarlamentario Carles Puigdemont pidió a la canciller alemana Angela Merkel, que representa la presidencia aleman de laUnión Europea, que había que exigir el respeto del estado de derecho en los países donde se vulneran los derechos fundamentales, como es el caso de España. La respuesta de la canciller fue que había que respetar el estado de derecho y que estaba preocupada por la situación en Hungría. Ni una palabra sobre España. Curioso olvido, porque España tiene nueve prisioneros políticos condenados a un total de cien años de prisión por haber organizado, el 1 de octubre del 2017, un referéndum pacífico sobre la independencia de Cataluña. Entre los encarcelados hay representantes de organizaciones civiles, la presidenta del Parlamento y miembros del gobierno catalán. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias ha resuelto que España debe liberar a los prisioneros políticos catalanes, porque lo único que hicieron fue ejercer su derecho a protestar pacíficamente utilizando la desobediencia civil. Amnistía Internacional ha pedido específicamente la liberación de los dos líderes de la sociedad civil encarcelados.
Carles Puigdemont, que era el presidente del gobierno catalán que organizó el referéndum, también estaría hoy en prisión si no se hubiera exiliado junto con una parte de su gobierno. Y no es que España no quiera encarcelarlo, sino que un juez alemán se negó a extraditarlo, porque también valoró que el referéndum del 1 de octubre fue un ejercicio de derechos fundamentales. Cuando Puigdemont y dos compañeros exiliados ganaron en las elecciones al Parlamento Europeo, tuvieron que esperar seis meses hasta poder entrar. La Junta Electoral española les exigía que fueran a Madrid a cumplir un trámite, sabiendo que, cuando pusieran los pies en tierras españolas, serían detenidos. La policía española incluso planificó, según explica el abogado Gonzalo Boye, su secuestro si iban a Estrasburgo el día que se constituía el Parlamento. Seis meses más tarde de aquel intento de secuestro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los parlamentarios los eligen sus votantes y no las juntas electorales. Ahora los electos catalanes gozan de inmunidad parlamentaria en toda Europa, excepto en España que mantiene la orden de detención, ignorando sus derechos como eurodiputados.
Señora Merkel, si quiere proteger el estado de derecho en la UE, debería estar muy preocupada por las violaciones de España a los derechos fundamentales de la minoría catalana, porque los derechos fundamentales, o se respetan para todos los europeos, o los acabarán perdiendo todos los europeos.
Emma Cegé
