- Lechera Guadalajara, S.A. de C.V., es una empresa de capital 100 por ciento mexicano que fue constituida el 1 de noviembre de 1961, bajo la iniciativa de Roberto González de la Torre, quien desde 1935 se inició en la producción de leche en Acatic, Jalisco.
- Junto con sus hijos, Rubén y José Luis González Sánchez edificaron una planta pasteurizadora de leche de vaca y elaboradora de jugos a la que dieron el nombre de Lechera Guadalajara, tomando como marca el nombre Sello Rojo.
- Sello Rojo es actualmente la tercera firma lechera más importante del país y al día de hoy comercializa un número amplio de productos en más de 25 estados de la república, como lo son leche de vaca, yogures, néctares de fruta, agua de coco, avenas, entre otros.
- En los siguientes años se fue sumando como accionistas, a las ocho hermanas de Rubén y José Luis.
- En el año de 1983, Roberto González de la Torre fallece y deja las acciones de Lechera Guadalajara que eran de su propiedad a su viuda, la Señora Carmen Sánchez Cervantes, quien un año después le dona todas éstas a su hijo Rubén, convirtiéndose en el socio mayoritario. Un año después, Rubén, con el apoyo de su madre, negocia la compra de las acciones que eran de siete hermanas, quienes se las venden. A partir de ese momento, las acciones se quedan en poder de los hermanos Rubén, José Luis e Hilda Soledad (única hermana que no vendió), y así se mantiene la estructura accionaria hasta la muerte de Rubén, en el año 2015.
- Cuando Rubén González Sánchez fallace, le deja todas sus acciones a su viuda, la señora Hiroko Uyeda Goura, nacida en Mexicali, Baja California, pero hija de inmigrantes japoneses. En ese entonces, Abraham Kunio González Uyeda dirigía la empresa, después de una carrera política apadrinada por el Lic. Francisco Ramírez Acuña, quien lo hizo secretario de Promoción Económica y luego Secretario de Administración durante su gobierno en Jalisco. Durante su breve gestión, Abraham dejó de entregar cuentas, presentó pérdidas por cerca del 30% anuales y dejo de entregar dividendos a los socios, situación que se ha prolongado por cinco años. En un momento dado, ofreció a cada socio cien millones de pesos por su parte accionaria, lo que representaba, en el caso de sus hermanos, menos del 5% del valor de ésta. Fue rechazado y generó incomodidad y molestia.
- En el mes de noviembre de 2018, bajo el argumento de conseguir un préstamo para el desarrollo de la firma, los hermanos Rubén Masayi y Abraham Kunio González Uyeda buscan mantener sus cargos por diez años sin que el resto de los socios pudiera recibir dividendos. Esto, en una asamblea, y desde luego les fue rechazada la propuesta y fueron removidos de la administración de la empresa por la mayoría conformada por sus otros cuatro hermanos, Roberto Eiji, Sergio Akira, Alfredo Shigueru y Aida Araceli Tomie, todos ellos González Uyeda.
- Como consecuencia de los acuerdos tomados en la asamblea de noviembre de 2018, la empresa es ahora administrada por los cuatro hermanos, quienes la auditan y ponen en orden.
- Sin embargo, en junio de 2019, los hermanos Rubén y Abraham, promueven unas medidas cautelares ante el Juez Séptimo de lo Mercantil (Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco), alegando que la mayoría accionaria mal administraba la empresa. En un lapso de dos días, se les admite la solicitud de medidas, se desahogan las pruebas y se les concede la administración de la empresa, ordenándose la entrega de las instalaciones a ellos por medios policiacos, como ocurrió al tercer día. Desde entonces, Rubén y Masayi retienen la administración de la empresa.
- En los siguientes tres años, la plantilla de trabajadores de Sello Rojo ha pasado por despidos masivos, 1,500 en total, además de que los trabajadores han denunciado maltrato laboral e incluso violencia física cuando manifiestan su desacuerdo ante determinaciones de la administración.
- Los hermanos González Uyeda mantienen a Sello Rojo en una situación de “huelga controlada”, que de convertirse en un paro dejaría de abastecer un millón de litros de leche diario en muchas zonas del país, con el daño económico y social que ello implicaría. Las huelgas han venido siendo un recurso paralegal en Jalisco, mediante el cual, quien ostenta la posesión de una empresa, si llegara a perderla, hace intevenir al sindicato (en este caso el que preside el líder Alfredo Barba Hernández) para que estalle la huelga y le nombre depositario de la misma a los hermanos Rubén y Masayi. Por eso, esta huelga en Lechera Guadalajara no se resuelve y se mantiene en un estado de, por darle nombre, vida latente.
- Debido a estos problemas, se presentan casos de desabasto del producto en cadenas como: Oxxo, Farmacias Guadalajara, Seven Eleven, entre otras.
- Para sustentar las medidas cautelares, los hermanos Rubén y Abraham, con base en un supuesto estudio económico hecho por Joaquín Ramos Ramos, quien estuvo en prisión dos años y medio en Querétaro por intento de homicidio y es socio de Virgilio Rincón Salas, fichado por la Interpol y prófugo de la ley, se “argumentó” un supuesto riesgo de quiebra en la empresa, lo que se tomó como pretexto para dar inicio a una serie de medidas para modificar el estado legal de la compañía por parte de los hermanos Gonzalez Uyeda y hacerse así del control absoluto de Sello Rojo.
- Los socios inconformes dan paso a acciones legales para defender sus derechos.
- Abraham y Rubén González Uyeda inician una serie de encuentros individuales con los socios inconformes, incluidos algunos de sus hermanos, a quienes amenazan de que si no se desisten de sus denuncias perderán al final todos sus beneficios e incluso pondrían en riesgo la viabilidad de la empresa, lo que propicia que algunos de ellos acepten “la propuesta”. A la hermana, Tomie, le habían privado de sus recursos económicos lo cual le impidió comprar sus medicamentos para sobrevivir, ya que es una persona con tres transplantes de órganos. Al punto de riesgo de muerte, aceptó declinar en su defensa a cambio de acceder a su dinero.
- Para lograrlo, los hermanos González Uyeda incurren incluso en sobornos a abogados de accionistas inconformes, con el fin de que convenzan a sus clientes de que acepten el delito de administración fraudulenta y que el amparo no proceda. Existen versiones en el sentido de que han entregado hasta 25 millones de pesos a los abogados defensores de los socios demandantes.
- Sello Rojo reporta utilidades promedio anuales de por 2.5% como argumento para no repartir dividendos a los socios, a pesar de que la empresa que tiene ventas por alrededor de mil millones de pesos anuales.
- En el mes de junio de 2019, Abraham y Rubén González Uyeda en una semana llevan a cabo estas irregularidades con el apoyo del poder judicial de Jalisco: modifican los estatutos de la empresa, crean dos clases de socios, uno con todas las ventajas y un segundo sin derechos básicos como el del voto o solicitud de rendición de cuentas, entre otros, al tiempo que toman posesión de las instalaciones de la empresa.
- Los socios con derechos pueden vender acciones al precio que gusten, mientras que al resto les reducen sus estatus societarios, entre ellos a José Luis González, socio fundador y a su esposa Josefina Rodríguez.
- Como se dijo, con el apoyo de las autoridades judiciales, los hermanos González Uyeda obtienen medidas cautelares civiles y penales, las cuales se renueven cada 90 días, con el fin de “protegerse” ante cualquier acción legal por parte de los socios a quienes no han logrado intimidar.
- El juez séptimo mercantil, Juan Pablo González Magaña, dicta una fianza de un millón de pesos a Abraham y a Rubén, así como de 400 millones para el resto de los socios, si alguno viola éstas y otras disposiciones.
- Los despachos que han apoyado a los hermanos González Uyeda han estado involucrados en otros casos fraudulentos como el de la Fundación Jenkins en Puebla, el del World Trade Center y el de la empresa Omnlife,
- La orden de protección penal en favor de Rubén y Abraham González fue otorgada por el Ministerio Público de Jalisco, cuando el MP no tiene atribuciones para meterse en temas corporativos, constituyendo esta acción en sí misma un delito.
- Los accionistas afectados se amparan en junio de 2019, obteniendo una suspensión definitiva en noviembre de 2019 por parte del 1er Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, contra las medidas de despojo que los hermanos González Uyeda realizaron, misma que ha sido desacatada desde entonces.
- En julio de 2019, Rubén González abrió una carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal, acusando a sus tíos José Luis González y Josefina Rodríguez de fraude cibernético y robo, cuando éstos son adultos mayores de 85 y 90 años respectivamente y no forman ni han formado parte del Consejo por décadas
- En 2019, José Luis González y Josefina ganan un amparo, mismo que regresaba a la empresa al estado en el que estaba en el 2018, sin embargo, el Juez Séptimo de lo Mercantil nunca lo ha ejecutado.
- El desacato de la resolución del 1er Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo desde octubre del 2019 y se permitió con el aparente contubernio del entonces Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, quien había definido las fianzas previamente.
- En los diversos procesos judiciales que ha habido, se determinó incluso el bloqueo de cuentas de Sello Rojo y cancelar su facturación durante tres semanas, lo cual se reconsideró a petición de las propias autoridades judiciales
- Por todas estas acciones, los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda, director general y administrador general de Sello Rojo, llevan 36 meses en total desacato de una orden federal sin consecuencia legal alguna en Jalisco o a nivel federal.
- Cabe recordar que Abraham González fue subsecretario de Gobierno en SEGOB durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, además de secretario de Desarrollo Económico bajo el mandato de Francisco Ramírez Acuña en Jalisco. Asimismo presume cercanía y amistad con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
- Rubén fue dirigente en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y actualmente preside México, Innovación y Diseño (MIND).
- Las demandantes solicitan la intervención directa del Poder Judicial local, del Congreso de Jalisco, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Judicial a nivel federal y de la Presidencia de la República, e incluso de instancias legales que protejan al adulto mayor, para que conozcan este caso, la corrupción que prevalece en instancias del sistema judicial de Jalisco y que puedan apoyar la causa de un grupo de socios de esta compañía mexicana.
- La ambición de los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda pone en riesgo el empleo de los más de 8,000 trabajadores que de forma directa e indirecta trabajan en Sello Rojo tanto en Jalisco como en más de 25 estados de la república mexicana.
