La diputada indica que el objetivo es evitar abusos de prestadores de servicios auxiliares, entre ellos, los operadores de grúas
· Urge al Senado de la República a agilizar los trabajos para que dicho ordenamiento sea remitido al Ejecutivo Federal a la brevedad y entre en vigor una vez publicado en el DOF
· La diputada indica que el objetivo es evitar abusos de prestadores de servicios auxiliares, entre ellos, los operadores de grúas
· Urge al Senado de la República a agilizar los trabajos para que dicho ordenamiento sea remitido al Ejecutivo Federal a la brevedad y entre en vigor una vez publicado en el DOF
Palacio Legislativo, 08-01-2023 (Notilegis). – El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Macarena Chávez Flores celebró la aprobación de la iniciativa que emana de su propuesta que vuelve obligatorio el respeto a las tarifas publicadas en el tabulador de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a fin de evitar abusos de prestadores de servicios auxiliares, entre ellos, los operadores de grúas.
Asimismo, establece el castigo a permisionarios de servicios auxiliares, entre ellos operadores de grúas, que van desde la pérdida o suspensión del permiso por un periodo de seis a 12 meses.
En un comunicado, la diputada indicó que la iniciativa adiciona el artículo 52-bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el que se establece siete causas por las que los permisos pueden ser retirados a los prestadores de servicios auxiliares al autotransporte federal.
Las causales son las siguientes:
I. Suspensión por hacer caso omiso de los llamados de atención por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT);
II. Revocación por no respetar los tabuladores publicados por la SICT; y III. Suspensión por quejas recurrentes y fundamentadas acerca de abusos en el cobro de la prestación de servicios.
Además, una cuarta causa de suspensión es en caso de encontrarse el prestador de servicios auxiliares sujeto a proceso judicial por causas inherentes a quejas y/o denuncias por abusos y omisiones en la prestación de servicios;
V. Revocación por incumplimiento en las obligaciones adquiridas en el acuerdo que da origen al permiso respectivo; VI. Revocación por contubernio comprobado con autoridades federales o estatales para llevar a cabo abusos en el cumplimiento y cobro de la prestación de los servicios auxiliares, y VII. Revocación por el otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario a la secretaría.
En el caso de la suspensión del permiso se llevará a cabo por un periodo de seis a 12 meses, según el artículo 55, que dice “Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos; así mismo estarán sujetos al cobro respectivo, respetando de manera estricta los tabuladores oficiales publicados por la SICT”.
“La llamada mafia de las grúas ocasiona una seria afectación a la sociedad que se ve impactada por los efectos de este fenómeno en todos sus niveles”, expuso.
Chávez Flores señaló que los abusos de los permisionarios prestadores de servicios auxiliares han llegado a niveles tan absurdos pues “los operadores de unidades de transporte y particulares en vehículos de uso personal-familiar se han visto prácticamente asaltados por operadores de grúas”.
“Quienes hacen uso de la extorsión para desenganchar las unidades o de lo contrario son retirados de la cinta asfáltica para ser llevados a depósitos, en los que los costos rebasan, en ocasiones, el valor de unidades pequeñas”, detalló la legisladora michoacana”, agregó.
Mientras que, en el caso de autotransporte de carga, precisó las pesadas unidades son remitidas a depósitos sin causa que lo amerite, pues más de una vez por una luz apagada se le imponen sanciones económicas excesivas, evadiendo e ignorando los tabuladores que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene publicados.
Chávez Flores detalló que la iniciativa avalada por la Cámara de Diputados se encuentra actualmente como minuta en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República, por lo que urgió a agilizar los trabajos para que dicho ordenamiento sea remitido al Ejecutivo Federal a la brevedad y entre en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
