Ayer, 22 de junio, el diario Ara (independentista catalán, por definirlo de una manera rápida), dedicó varias páginas a un estudio realizado por unos profesores sobre el sesgo madrileño de la administración del estado. Me parece un tema del máximo interés, por lo que reproduzco varios fragmentos para que el lector pueda tener una fotografía de la situación.
Los titulares de la portada son:
“Seis de cada diez altos funcionarios ministeriales son de Madrid.
Los 1200 administradores civiles del cuerpo superior tienen capacidad de dirección, gestión y asesoramiento.
Un solo catalán ha entrado en los últimos 4 años, en una élite centralista con mucho peso en la confección de leyes”.
En la editorial, se explica:
“Gracias a los estudios de profesores como Juan Rodríguez Teruel, de la Universidad de Valencia, o trabajos periodísticos como el de Dani Sánchez Ugart, en los últimos tiempos, es más posible acercarnos a la realidad de la administración central del Estado y aquello que se conoce también como el Deep state. Los datos detectan que los altos funcionarios del Estado provienen, mayoritariamente, de la ciudad de Madrid o su entorno más inmediato.
A este sesgo territorial se suma un sesgo social, ya que en muchos casos los cargos pasan de padres a hijos porque la especialización es tan alta que se produce una cierta endogamia familiar.
Así se explica que, según los datos recogidos por Rodríguez Teruel, entre el 2015 y el 2018 sólo un catalán accediera a una plaza del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, una élite de altos funcionarios que controlan el día a día de los ministerios. En ese mismo período ingresaron 119 madrileños.
Las cifras ponen luz a un problema que viene de lejos, posiblemente desde el inicio de la creación del estado moderno en España, con Madrid como sede administrativa y de la Corona. El resultado es que, dos siglos después, el cuerpo funcionarial que gobierna para todos está lejos de ser representativo de la pluralidad del Estado y responde a unos intereses que tampoco son los de la mayoría. De hecho, su interés inmediato es mantener su posición privilegiada, y por eso son, a menudo, el obstáculo más duro a la hora de transferir poder a las autonomías.
Son una especie de estado dentro del estado, que actúa en defensa de sus intereses corporativos y a favor de una determinada idea de España, conservadora y centralizada.
Como ya pasó con el desgraciado Estatut del 2006, cualquier intento de tomar cuotas de poder real chocará con un muro tan grueso que ni los ministros lo podrán agujerear. Recordemos, por ejemplo, la revuelta que protagonizaron cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fue trasladada a Barcelona. Un tímido intento de repartir el poder del Estado a la periferia, que acabó anulado por el Tribunal Supremo.
La conclusión es que una reforma del Estado no será nunca posible si no se pone fin a este sesgo madrileño de la administración del Estado. Si no se pone fin de verdad a esta superestructura funcionarial endogámica, si no se consiguen abrir estos cuerpos de élite a nuevas sensibilidades y puntos de vista, cualquier intento de regeneración del Estado está abocado al fracaso. (…)”
En un artículo sobre este mismo tema, OT Serra, comenta:
“’Negocias cualquier cosa con el ministro. Partes de 100 y él de 0, y llegas a un acuerdo: 40, por ejemplo. Después de unos días te llama y te dice que eso no puede ser. Es una experiencia habitual’. Así es cómo explica al Ara la realidad de la política autonómica el ex conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells. ¿Es que el ministro ha cambiado de opinión? No, es que se ha encontrado con la resistencia de una capa inferior, la de los altos funcionarios que gestionan el día a día de la administración. El término Deep state mira de englobar las estructuras que hacen funcionar el Estado: desde la judicatura, el ejército y los cuerpos de seguridad, hasta los abogados del Estado, los letrados de las Cortes, diplomáticos e inspectores de Hacienda. Entre sus integrantes también están los miembros del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, con cerca de 1200 altos funcionarios repartidos por ministerios que tienen capacidad de dirección, gestión y asesoramiento en la confección de las políticas públicas.
(…)
Un estudio elaborado por Julián Álvarez el año 1980, ya reveló que entre los años 1960 y 1977, sólo había 22 catalanes en el cuerpo de técnicos de la administración civil. Por lo tanto, esta fotografía ha pervivido durante décadas (…)”.
Agradezco al paciente lector su paciencia por la lectura de esta larga reproducción, pero me ha parecido muy interesante para clarificar la situación del estado español, un reino de matriz jacobina, borbónica.
Buscando un símil, el reino de España es la mitológica Hidra de Lerna que, según las leyendas griegas “era un antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de serpiente policéfala y aliento venenoso, que fue vencida por Hércules” (fuente Wikipedia), que ya cité en un anterior escrito.
Pero me parece que es más apropiada la comparación con el mito de Kraken, “una enorme criatura marina de la mitología escandinava, descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades, atacaba barcos y devoraba a los marineros.
Krake es una palabra escandinava que designa un animal enfermizo, o algo retorcido.
Julio Verne también imaginó al famoso calamar gigante Kraken, en ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’, en 1870” (fuente Wikipedia).
Otro ejemplo de ese macro-centralismo madrileño, continuado en pleno siglo XXI, es seguir configurando una España radial, con todas las infraestructuras y comunicaciones dirigidas al centro, retrasando e impidiendo el corredor del Mediterráneo. Es un gran error, ya que el único objetivo es político, obviando los objetivos económicos y sociales; pues, de ese modo, lo que se está consiguiendo es agravar la denominada ‘España vaciada’, que sufren muchas provincias. Y esa es la mayor prueba de insolidaridad e inmoralidad que puede cometer un estado, pero, como vemos seguidamente, esa insolidaridad es secular.
“En la discusión de la Ley General de Ferrocarriles aprobada en 1855, el general O’Donnell manifestó: ‘En cuanto a las líneas que pueden establecerse en España… no comprendo… que se pueda adoptar otro medio que el de unir por medio de radios la circunferencia con el centro…’.
En abril del 2000 manifestó el presidente Aznar en relación con la extensión de la red del AVE que el objetivo era ‘una red ferroviaria de alta velocidad que en 10 años situará a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro peninsular’.
Desde la llegada de los Borbones a España se adopta el modelo del Estado centralista desarrollado con éxito en Francia desde Enrique IV. La política de infraestructuras, inicialmente ‘caminos de postas’, definidos y desarrollados por Felipe V en 1720 fueron convertidos en ‘caminos reales’ financiados por fondos públicos según decreto de Fernando VI, debido en algunos casos a la dificultad de encontrar financiación para vías de transporte con escasa utilización y deficitarias en su explotación. Esta política se mantiene hasta 1855, cuando se hace una clasificación general de carreteras en la que se prioriza la inversión para las que unen Madrid con el resto de España y tiene rigurosa continuidad con la Ley de Firmes Especiales de 1926 que moderniza y consolida la red.
La estructura radial de las carreteras nacionales se mantiene por razones políticas, ‘unen a la nación con la capital de la monarquía’, y militares más que económicas, política esta seguida en Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, donde las infraestructuras comunican las áreas de producción y consumo y promueven el comercio. No tiene Madrid en este período la importancia económica relativa que tienen París o Londres en Francia y Reino Unido, lo cual pone de manifiesto la razón política de la planificación de infraestructuras, que se traslada intacta al desarrollo del ferrocarril a partir de 1850 y del telégrafo a partir de 1851.
Es solamente en 1962 cuando bajo la recomendación del Banco Mundial se desarrollan las autopistas de peaje en las áreas con mayor concentración de actividad económica, es decir, el arco mediterráneo que concentra el 40% del PIB y el 45 % de la población, el valle del Ebro y la cornisa cantábrica. Es curioso constatar que coinciden estas primeras autopistas peninsulares con las vías de comunicación romanas que priorizaban la comunicación en las áreas de mayor concentración de población y actividad económica.
Pero con el ulterior desarrollo del Plan de Modernización de Carreteras de 1951, el Plan REDIA de 1967 y el Plan de Autovías desarrollado a partir de 1982 con la llegada del partido socialista al poder, se recupera la política seguida durante siglos: el desarrollo radial de las nuevas autopistas y la financiación mayoritaria a cargo de los Presupuestos Generales cuya justificación no es económica (…)” (Joaquín Coello Brufau, El País, 17/5/2011).
Efectivamente, en Catalunya, desde 1714, tras la derrota a manos del ejército borbónico, de Felipe V, se ha sufrido y seguimos sufriendo el abuso depredador de la Hidra / Kraken.
La descripción efectuada sobre el estado profundo español, su composición y endogamia, se ajustan a la perfección a la descripción del término krake, ya que dicho estado profundo está enfermizo y es retorcido, como expliqué en anteriores escritos, y la existencia de una policía patriótica, paralela y criminal, es la mejor prueba de ello.
Por lo tanto, sólo nos queda una alternativa, y es huir de ese estado krake, independizarnos y configurar nuestro propio estado evitando toda copia de ese amoral estado.
Y también es preciso no dejarnos despistar por la continua tinta del calamar que emite el poder, utilizando todos los medios de comunicación o con sus falsas promesas de diálogo, pues con dicha tinta, lo que intenta es tener un mar muy confuso que nos despiste, que nos haga olvidar de lo esencial, es decir, DE NUESTROS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS Y DE NUESTRA DETERMINACIÓN INDEPENDENTISTA.
FINALMENTE, ES MUY IMPORTANTE DESTACAR QUE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA HA DEJADO POR ESCRITO EN SU SENTENCIA, QUE “EL DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2017, TUVO LUGAR EN CATALUNYA UN REFERENDUM DE AUTODETERMINACIÓN, CUYAS DISPOSICIONES HABÍAN SIDO ENTRETANTO SUSPENDIDAS EN VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”. Y, COMO SEÑALA JOSEP COSTA, VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT, EN UN TUIT: “QUEDA PARA LA HISTORIA”.
“Parece un detalle insignificante, pero tiene una gran importancia, especialmente para todos los que dicen que el 1 de octubre no fue importante. Ahora resulta que todo un tribunal de prestigio lo confirma, celebramos un referéndum con una participación y un resultado que sería validado en cualquier país europeo de democracia avanzada” (LaRepública).
Amadeo Palliser Cifuentes
