CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México adoptó el lunes una postura poco común contra una de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por la ampliación de delitos para considerar la prisión preventiva.
La CNDH dijo que el recurso busca bloquear la medida aprobada en febrero, porque viola las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.
La comisión señaló que las reformas eliminan la discreción de los jueces para aplicar medidas como arresto domiciliario, monitoreo electrónico o fianza, y requiere enviar personas a prisión antes de que se examinen las pruebas en su contra.
López Obrador ha sido hostil con reguladores externos como la comisión, y nombró a una persona ampliamente percibida como una figura débil para que la encabezara. Rara vez la CNDH ha desafiado a la administración.
López Obrador patrocinó un proyecto de ley que amplió la prisión preventiva obligatoria a más de una docena de delitos, entre los que se incluyen robo, delitos electorales, hurto de carga y posesión de armas.
El problema es que, bajo el sistema legal anticuado de México, los juicios pueden llevar años. Algunos sospechosos pueden esperar más tiempo en prisión para que concluya su juicio de lo que habrían cumplido si fueran sentenciados, y no hay compensación si alguien es absuelto después de pasar años en la cárcel.
Los grupos civiles de derechos en México también han criticado la ampliación de la prisión preventiva obligatoria.
