• Los documentos se enviaron a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno
• También se validaron acuerdos que dan por concluidos tres procesos legislativos a minutas del Senado
La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), avaló diversos dictámenes en materia de justicia digital y protección a los apoyos económicos de programas sociales.
En reunión ordinaria aprobó el proyecto de dictamen a la minuta que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 17 de la Constitución Política.
Establece que el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las entidades federativas y los órganos jurisdiccionales implementarán sistemas de justicia digital mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, para substanciar y resolver por esa vía los procesos y procedimientos jurisdiccionales, en los términos y plazos que establezca la ley.
El diputado Robledo Ruiz explicó que se trata de una reforma pertinente, oportuna y necesaria, para que un punto constitucional permita y autorice una forma de tramitar asuntos a fin de conseguir justicia diferente a la tradicional y oral. “Involucra muchos procedimientos que resuelven conflictos y que terminan con mandamientos para las partes en conflicto. Es mucho más que el edificio de los tribunales formales lo que involucra esta disposición constitucional”.
El diputado Pedro Vázquez González (PT) afirmó que votaría a favor del dictamen porque garantiza el acceso pleno a la justicia. “La impartición de justicia no se debe detener, sin importar las condiciones, y el apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede ofrecer soluciones para no detener los procesos jurídicos y acercar la justicia y la cultura de la legalidad a diferentes sectores de la población, aunque sea de manera parcial”.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) indicó que no hay certeza jurídica en otros temas que modifican la Constitución, y “mientras no se respete a cabalidad, en todos los sentidos y en todas las comisiones, el marco normativo y la Constitución, no iremos, en ninguno de los dictámenes, a favor. Habremos de valorar en cuáles nos vamos a abstener y en cuáles iremos en contra”.
Del grupo parlamentario de Morena, la diputada Flor Ivone Morales Miranda dijo estar a favor del proyecto porque promueve el que se tenga justicia, contribuye a eliminar las restricciones de los derechos de acceso a un recurso efectivo, reduce tiempos, permite la continuación sin necesidad de contacto humano y fortalece el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos y no discriminación.
De la misma bancada, el diputado Hamlet García Almaguer subrayó que el uso de las tecnologías es cada vez más relevante en todos los ámbitos y “estamos listos para esta transición hacia una justicia con la implementación de este tipo de tecnologías, cuidando formalidades del proceso, como emplazamiento, embargos, y otros aspectos que no podrían realizarse de manera virtual”. Destacó la importancia de que el acceso a Internet sea una realidad en todo el país y tener un mejor acceso a la justicia.
También de Morena, el diputado Óscar Cantón Zetina refirió que es un paso fundamental hacia una justicia más pronta y expedita. Expresó que con la posibilidad de que las TIC sean instrumentos validados por la Constitución se busca una absoluta y definitiva certeza jurídica. “Debemos actuar con generosidad y nobleza, con comprensión de que el mundo ha cambiado y evoluciona hacia la implementación de esas herramientas”.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo que comparte en lo general el dictamen, pero que votaría en abstención como protesta por el proceso legislativo de la reforma energética de comisiones unidas.
La diputada Lidia García Anaya (Morena) expresó que la reforma en materia digital es un avance “a pasos agigantados” para que los procesos judiciales caminen hacia un éxito total.
Del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García señaló que mientras no haya un debate serio en temas importantes votaría en abstención y en contra.
Asimismo, se avaló el dictamen, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4°de la Constitución, para establecer que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás respaldos que tengan por objeto el combate a la pobreza y desigualdad social, que entreguen los gobiernos Federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) se pronunció a favor, ya que las entidades financieras establecen cláusulas abusivas que les permiten descontar, retener y embargar recursos a quienes reciben dichos apoyos, lo que afecta a los grupos más vulnerables y desprotegidos. Pidió el voto a favor para lograr la igualdad social y la desaparición de la pobreza.
De MC, la diputada Julieta Mejía Ibáñez dijo que votaría a favor del proyecto y propuso retirar la frase “sino mediante juicio ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicados”. Dicha propuesta fue aceptada por la Comisión.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) indicó que se deben blindar esos recursos y hacer valer el derecho al mínimo vital con apoyos a personas con discapacidad permanente y adultas mayores que no tienen medios económicos suficientes. Denunció que hay instituciones financieras que cuando ven el recurso en la cuenta del beneficiario, y hay algún adeudo, lo cobran. Reconoció que eso no es ilegal, porque viene en los contratos, “pero sí es injusto”, por lo que se pronunció a favor de la propuesta.
La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, expresó que si no se hacen inembargables esos recursos se colocaría a las y los beneficiaros en un estado de indefensión ante instituciones leoninas. “Debemos rescatar a los pobres y vulnerables para que estas aportaciones y ayudas de los tres niveles de gobiernos no sean embargadas por terceros”.
Del PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro destacó la importancia de proteger a las personas para que los apoyos gubernamentales que reciben no les sean embargados. Propuso que los beneficiaros puedan autorizar a los bancos a tomar el dinero del programa social para pagar un préstamo o domiciliar el cobro de un servicio. “Es dejar la ventana para que no les toquen ese dinero, pero que tampoco les prohibamos la oportunidad de acceder a un crédito”. Dicha propuesta fue rechazada por la Comisión.
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) expresó que se deben blindar los recursos de esos apoyos, cuyo objetivo es la subsistencia de una familia o una persona que requiere recursos.
El diputado Irán Santiago Manuel (Morena) se pronunció a favor de proteger los recursos “que vienen a alivianar un poco la pobreza del país, una pobreza heredada por décadas”.
Del grupo parlamentario del PVEM, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt estableció que se trata de cuidar el mínimo vital, el apoyo gubernamental que ya es constitucional. El blindaje tiene que ser absoluto; no puede haber medias tintas para las y los beneficiarios porque la esencia es tener un mínimo vital para cumplir con sus necesidades básicas.
En la reunión, también se aprobaron tres acuerdos por los que se dan por concluidos los procesos legislativos a minutas que contienen Proyectos de Decreto por los que se reforman las fracciones V y VI del artículo 3º de la Constitución; se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución en materia de centros penitenciarios, y que reforma los incisos a) y c), y adiciona un inciso d) a la fracción XXI del mismo precepto, en materia de extinción de dominio.
