- Su objetivo es reducir trámites y tiempos que representan cargas económicas y obstaculizan el desarrollo: Mejía Berdeja
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó, con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cuya iniciativa fue presentada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
Mejía Berdeja resaltó que la eliminación de trámites burocráticos es una demanda muy sentida por las y los mexicanos y en la ley se advierten tres grandes ejes: simplificación administrativa y digitalización de los servicios públicos, eliminación de trámites innecesarios y de duplicidades y transparencia total en la interacción gubernamental.
El objetivo, dijo, es reducir los trámites y los tiempos que hoy representan cargas económicas, obstaculizan el desarrollo y frustran a ciudadanos que interactúan con los distintos niveles de la administración pública.
Detalló que se propone la implementación de la plataforma Llave MX como sistema único de autentificación vinculada a la CURP, permitiendo así que cada ciudadano pueda acreditar su identidad sin presentar documentos adicionales. También, se creará un expediente digital único que evitará la repetición de requisitos y una ventanilla única digital donde todo trámite podrá realizarse de forma remota, transparente y segura.
Consideró que otro de los grandes logros será la homologación de procesos en los diferentes niveles de gobierno. Gracias al catálogo único nacional de trámites y a la coordinación de autoridades locales con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se busca acabar con la fragmentación de múltiples trámites que generan confusión y costos innecesarios; esta medida será eficaz contra la corrupción administrativa.
Agregó que al reducir el contacto presencial se evitará la discrecionalidad, el abuso y, por este contacto y esta tramitología, evitar los sobornos, el cohecho y las “mordidas”. Se busca, en síntesis, “modernizar el Estado, transformar digitalmente la administración pública y un acceso más sencillo a los ciudadanos a todas las gestiones gubernamentales”.
Informó que se recibió un voto particular del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) el cual se integrará, como si hubiera algún otro de las y los diputados, a los documentos que serán remitidos a la Mesa Directiva. También se recibieron reservas de la diputada Margarita García García (PT) y las que se acumulen se turnarán al Pleno.
Diputadas y diputados
Al fijar su posicionamiento en representación de Morena, la diputada Claudia Selene Ávila Flores mencionó que votar en contra de esta reforma es votar a favor del “tortuguismo” que impide que haya mayor productividad y competitividad. Añadió que estas adecuaciones combaten el “coyotaje”, la corrupción en los procesos administrativos y da transparencia y agilidad a los servicios de la administración pública.
Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, apuntó que sí apoyan la transformación digital, pero con principios claros, protección de datos personales, respeto al federalismo, participación ciudadana, real no simulada, con auditorías independientes y con controles efectivo. “No podemos avalar una ley que convierte la simplificación en un cheque en blanco para el abuso. Por respeto a la ciudadana y la democracia votaremos en contra de este proyecto”.
Del PVEM, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia aseguró que la ley es un paso fundamental hacia la transformación profunda del servicio público del país. Nuestro objetivo es muy claro: cambiar la manera en que el Estado se relaciona con las personas para construir un gobierno más cercano, ágil y moderno, pero, sobre todo, más humano.La aprobación de la nueva ley permitirá dar un salto cualitativo hacia un modelo de simplificación y digitalización de los trámites.
En opinión de la diputada Margarita García García (PT) la expedición de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos es la estrategia ideal para terminar con los vicios y el coyotaje al realizar trámites, y esta norma es Reglamentaria al artículo 25 constitucional. Estimó que erradicar los trámites es también garantizar al pueblo de México su derecho de petición con una respuesta clara y eficiencia en tiempos resolutivos.
Por el PRI, el diputado Arturo Yañez Cuellar comentó que está de acuerdo con la modernización de trámites; no obstante, la reforma busca concentrar el poder y vulnera los derechos laborales. El gobierno tendrá la concentración de los datos personales; es decir, se abre la puerta para que se pueda hacer mal uso de esta situación o que existan hackeos de datos y se tendrá que actualizar la CURP y la credencial del INE.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) aclaró que no está en contra de la modernización, la simplificación administrativa y la digitalización de todos los trámites y servicios. Sin embargo, consideró que la ley representa una violación directa a la autonomía de estados y municipios, toda vez que las recomendaciones de la Agencia que se crea serán vinculantes para los sujetos obligados. Además, el impacto regulatorio establece excepciones que no se tenían en la ley vigente y se desaparecen organismos ciudadanos.
Al iniciar la discusión a favor y en contra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que su grupo parlamentario no puede votar a favor este dictamen porque está ley lejos de promover la eliminación de trámites burocráticos lo que hace es obstaculizarlos y censurar la participación ciudadana.
Para la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) los trámites burocráticos generan costos y muchas pérdidas. El dictamen deriva de una propuesta ambiciosa que pone en el centro a las personas que realizan un trámite, principalmente a las históricamente excluidas, las que habitan en comunidades rurales, indígenas, afromexicanas o de pobreza urbana, y hace uso de las herramientas digitales.
Por el PRI, el diputado Israel Betanzos Cortes dijo estar a favor de modernizar, digitalizar y ahorrarle al ciudadano trámites, pero estimó que se está legislando sin la oportunidad de realizar un parlamenta abierto, sin conocer las voces expertas, de funcionarios involucrados y sin explicar a los ciudadanos lo que conlleva la reforma, ya que transgrede el federalismo al invalidar facultades a las entidades y municipios. Hay peligro sobre el uso de los datos personales y concentra facultades en la Agencia.
El diputado de PVEM, José Roberto Ramírez Cruz, apuntó que la reforma va en beneficio de una ciudadanía que se ha enfrentado a procesos burocráticos lentos, ineficaces, pues ahora se homologan y estandarizan los procedimientos en los tres órdenes de gobierno, lo que permitirá que las y los mexicanos tengan acceso a trámites claros, transparentes y uniformes.
El diputado Javier Vázquez Calixto (PT) externó que esta reforma simplifica procesos como corrección de actas de nacimiento, licencias, pago de predial, lo que beneficiará a la ciudadanía de los lugares más lejanos del país; terminará con los actos de corrupción en esa materia.
Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que en el papel la reforma busca simplificar la vida de la ciudadanía, reducir la carga regulatoria y combatir la corrupción, a través de la digitalización y homologación de trámites en todos los niveles de gobierno, Sin embargo, hizo notar que en realidad no se abrió a la discusión pública y, por ello, anunció que presentará un punto particular.
La diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno (Morena) subrayó que se está construyendo un nuevo régimen que garantice que las personas encuentren bienestar, pues la alta burocracia para realizar trámites ha generado un peregrinar en las personas más vulnerables. Esta ley busca terminar con esa burocracia y colocar a la persona en el centro y como prioridad, e ir por la simplificación administrativa.
A su vez, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz (Morena) expuso que el dictamen tiene como propósito quitar prácticas burocráticas, al diseñar ventanillas únicas, simplificación de trámites, digitalización y el catálogo único de trámites. Aclaró que la reforma no atenta contra la autonomía de estados y municipios y la división de poderes; lo que se hace es hacerlos partícipes de estas normas, a fin de eficientar los servicios gubernamentales.
Nora Yessica Merino Escamilla, diputada del PT, se manifestó a favor de transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía, al eliminar trámites burocráticos largos, complejos y costosos, y con la armonización de la digitalización se prioriza y se pone en el centro a los ciudadanos, ya que hoy existen en México alrededor de 350 mil trámites. Negó que los municipios pierdan autonomía, pero sí les pide ser ágiles, modernos y transparentes. No se violan los datos personales ni habrá despidos ni reducción de personal.
Dictamen
El dictamen destaca que la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos es Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas en los tres órdenes de gobierno; sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
La Ley –aclara– no será aplicable a las materias de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de las personas servidoras públicas, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones
constitucionales.
Sus objetivos serán habilitar los modelos nacionales para Eliminar Trámites Burocráticos, para la Digitalización y de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas. Asimismo, el Modelo Nacional de Atención Ciudadana y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
También establecer la Llave MX como el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales, habilitar el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, instituir las herramientas, instrumentos y acciones para promover las buenas prácticas regulatorias, y las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Precisa que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es la autoridad nacional de simplificación y digitalización, y es la responsable a nivel nacional y en el ámbito federal de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la Ley.
