· La realidad es que el Presidente necesita más dinero para garantizar proyectos que le garanticen la victoria electoral. El presupuesto y las acciones a realizar para 2021 son electoreros, no se piensa en el país, la economía, ni en los mexicanos, asegura
· Aunque Hacienda niega que la medida busque limitar la privacidad e intimidad de los ciudadanos, lo cierto es que AMLO sabe que su gobierno tendrá menos ingresos y proseguirá con su política de buscar dinero hasta “debajo de las piedras”, precisa
· Hay preocupación e inconformidad porque se corre el riesgo de violar garantías a la privacidad y al patrimonio, generando una política de acoso y espionaje, afirma
· Analistas advierten que primero, se requiere de una normatividad que proteja las evidencias y no se ponga en peligro la integridad física o patrimonial del contribuyente, cita
De nueva cuenta, como se pretendió hacer con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); el Presidente Andrés Manuel López Obrador intenta perseguir, atemorizar, obligar a los contribuyentes y debilitar sus derechos, con medidas que respalden al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la Secretaría de Hacienda mediante la modificación del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, y hacerse de recursos “hasta por debajo de las piedras” para cumplir con sus propósitos electorales, acusó Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Subrayó que en realidad, el Presidente necesita más dinero y por ello, ha presentado un presupuesto electorero que no toma en cuenta al país y a los mexicanos, sino su permanencia en el poder.
En referencia a la Iniciativa planteada en el Paquete Económico 2021 recién entregada por el Ejecutivo, mediante la cual se busca reformar el citado artículo a fin de permitir la utilización de cámaras fotográficas, video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, durante las visitas domiciliarias de personal del SAT para recabar información de lo observado en la dirección del contribuyente, responsable solidario o terceros relacionados; el legislador federal señaló que tal propuesta no será aceptada porque presenta vacíos que pueden derivar en violaciones a los derechos de los ciudadanos.
Explicó que si bien la propuesta pudiera facilitar el trabajo del SAT para detectar anomalías; analistas advierten que, antes de ser aprobada, requiere de una normatividad sobre la manera en que se protejan las evidencias y no se ponga en peligro la integridad física o patrimonial del contribuyente puesto que no hay limitantes sobre el alcance de las fotografías y se abre la posibilidad de que se viole la intimidad de las personas, lo cual es ilegal.
Enfatizó que también se ha alertado sobre la obligación de establecer mecanismos que certifiquen que las imágenes captadas, correspondan a las visitas realizadas y que habrían sido tomadas en tiempo y forma.
Esta propuesta para modificar el contenido del artículo 45 del Código Fiscal Federal en el Paquete Económico recién entregado a la Cámara de Diputados, ha generado una gran preocupación, afirmó el perredista, pues –de ser avalada por Morena y sus aliados- las autoridades fiscales podrían utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal.
Ortega Martínez recordó en este sentido que ya hubo un primer intento cuando el dirigente de Morena y ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar planteó en mayo pasado que: debido a que en México “hay miles de millones de dólares de riqueza totalmente inobservada”, el INEGI debía de tener la facultad constitucional de medir la concentración de ese tesoro y, por ende, entrar “sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas; y dar cuenta cada dos años de los resultados sobre los activos con los que cuenta cada mexicano», así como también, “tener acceso a las cuentas del SAT y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.
“Desde luego que el INEGI -esta institución que alimenta la toma de decisiones- observó con extrañeza e incredulidad la propuesta tan ilógica que, por sí misma, se derrumbó, no tuvo ningún respaldo”, resaltó el diputado federal.
Antonio Ortega, quien también forma parte de la Comisión de Presupuesto en el recinto de San Lázaro precisó que, con la iniciativa de modificación al artículo 45 del Código Fiscal, se ha desatado una gran preocupación e inconformidad porque se violan derechos a la privacidad, al patrimonio y, prácticamente, se genera una política de persecución y espionaje.
Citó que si bien el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera niega que la medida de usar cámaras y video en los domicilios visitados por el SAT pretenda limitar la privacidad e intimidad de los contribuyentes y que “se busca documentar direcciones fiscales que no corresponden a descripciones de las operaciones reportadas porque frecuentemente se dan domicilios inexistentes en esquemas de defraudación fiscal”, la causa real es que el gobierno sabe que tendrá menos ingresos por la economía deprimida, y ha decidido proseguir con su política de buscar dinero hasta “debajo de las piedras” ahora que estará en año electoral.
“Como ya no hay fideicomisos, ni “guardaditos”, ni tampoco fondos de estabilización, porque este gobierno se acabó o está a punto de desaparecer en el último trimestre del 2020, los ahorros generados por la sociedad durante 15 a 20 años, se ha decidido sacar dinero de los contribuyentes cautivos”.
Explicó que, para gobernar en el 2021, la administración de López Obrador “presentó prácticamente el mismo presupuesto que el del año pasado (0.3 la diferencia con respecto al de este 2020); pero tiene claro que vienen elecciones y, en ellas, se ponen en juego la mayoría de la Cámara y la viabilidad de su proyecto político. “Se pone en juego la revocación de mandato en 2022; y en el 2024 la continuidad de este modelo desastroso para el país, como ha sido la “Cuarta Transformación” y, por lo tanto, el Presidente necesita dinero”.
El Presupuesto que cada año se aprueba -aclaró- ya está programado y no se puede mover: Son más de 4 billones y medio de pesos que se destinan a pensiones; costo de la administración, y magisterio, entre otros rubros que ya, prácticamente, está gastado; y solo resta una parte pequeña de un billón 300 y tantos mil millones de pesos, que son insuficientes para los programas que interesan a López Obrador: El Tren Maya; Dos Bocas, Pemex; Comisión Federal de Electricidad; Tren Transístmico; las universidades Benito Juárez y los programas clientelares de repartir dinero a más de 20 millones de mexicanos que significan su base social de mayor respaldo político.
Por eso, ahora este dicho de “buscar dinero debajo de las piedras” se ha transformado en “buscar dinero de los contribuyentes cautivos por la vía que sea”, resaltó.
Aseguró sin embargo que en las sesiones de Parlamento Abierto, donde se discutirá el tema, habrá un gran rechazo social y recalcó que, en su caso, el PRD convocará a foros y encuentros con empresarios, contadores y administradores; así como también acopiará reclamos y demandas para transformarlos en iniciativas legales. “Y si insisten en mantener la iniciativa tal como está planteada, el PRD votará en contra”, finalizó.
