· Estamos por la dignificación del trabajo y el salario. Manifestamos nuestro compromiso indeclinable por la defensa de los derechos laborales, aclara
· Acusa al Ejecutivo de haber violentado el principio de “división de poderes” al incidir con negociaciones directas con empresarios desde Palacio Nacional y no respetar al Legislativo que es donde los cambios deben efectuarse; máxime si se convocó a un “Parlamento Abierto”, destaca
· Tiene la misma visión de terrorismo fiscal con la que se ha diseñado la política tributaria de la presente administración. No hay incentivos. Su propósito es amedrentar a empresarios con sanciones y chantaje de equiparar la “defraudación fiscal” con “delincuencia organizada”, dice
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados aprobó con reservas –por lo que calificó como una “grosera intromisión del Ejecutivo”, además de que la iniciativa no tiene como propósito la justicia laboral, sino aumentar la recaudación para rescatar las finanzas públicas”- el Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para regular la subcontratación o “outsourcing” en México.
Con la representación del GPPRD, Antonio Ortega Martínez enfatizó que si bien este instituto político está por la dignificación del empleo y el salario, además de su compromiso por la defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo; las decisiones que hoy se toman desde el Ejecutivo en un contexto económico y social como el que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, hace advertir que muchas empresas no soportarán el aumento de los costos, ni las rigideces de estas nuevas relaciones, ni tampoco las barreras que limitan la competencia, por lo que si bien la iniciativa tenía buenas intenciones, desafortunadamente los resultados serán devastadores”.
Auguró en este sentido “un aumento de la informalidad, así como la pérdida de confianza y de las inversiones. Las finanzas públicas resentirán el efecto de la pérdida de empleos y cierre de empresas”.
Ortega Martínez explicó que “el outsourcing está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y opera en nuestro país desde hace muchos años. Es una práctica en el mercado laboral de las naciones con las cuales mantenemos relaciones comerciales donde México se ha venido distinguiendo también por el libre mercado, la competencia y la globalidad”, explicó.
La subcontratación “inició su regulación legal con la implementación de la Reforma Laboral de fines del 2012, reconociendo los cambios experimentados por la estructura productiva nacional que ha venido evolucionado aceleradamente a una economía de servicios y modernas manufacturas; sin embargo, hoy el Ejecutivo Federal, como de costumbre, muestra su profunda aversión a lo privado, a las empresas, a los emprendedores; por ello sataniza y estigmatiza a las compañías mexicanas y extranjeras cuando generaliza que usaron los beneficios de este esquema para cometer defraudación fiscal y despedir a miles de trabajadores durante el confinamiento por la pandemia”.
“También –añadió- sataniza cuando culpa al outsourcing por los despidos masivos que ocurren cada fin de año, para no pagar aguinaldo y reparto de utilidades. Es un mal diagnóstico: no todos, ni siquiera la mayoría de los empresarios que recurren a él, son violadores de los derechos de los trabajadores ni evasores de impuestos”.
“Si bien es cierto que existe este fenómeno, ocurre por falta de vigilancia y aplicación de las normas vigentes que ya sancionan ambas prácticas: el incumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social, así como la elusión y la evasión fiscal; tal como demuestran las recientes acciones legales emprendidas contra uno de los mayores contratistas en nuestro país”, precisó.
“El PRD –agregó- ha insistido en eliminar los abusos que se presentan en el outsourcing; pero nos queda claro que este dictamen que se presenta, también abusa en su orientación punitiva, recaudadora y sobre-reguladora; que significará un golpe demoledor y más lesivo, porque no nos sobreponemos aún a los empleos perdidos y empresas cerradas durante la pandemia”, recalcó.
Estas modificaciones, citó el perredista, tiene la misma visión de terrorismo fiscal con la que se ha diseñado la política tributaria de la presente administración. No hay incentivos, solo secuelas sancionatorias en los ámbitos laboral, fiscal y penal. Su propósito es aterrorizar a los empresarios, con sanciones y chantaje de equiparar la “defraudación fiscal” con “delincuencia organizada”, denunció.
Finalmente, el legislador federal reprochó que, al realizarse la mesa de negociaciones en Palacio Nacional, el Poder Legislativo sufrió una afrenta en el ejercicio de sus atribuciones por el Ejecutivo Federal, violentando el principio de la división de poderes.
“Es una grosera intromisión, pues una vez que se presenta una iniciativa, el debate y las decisiones sobre los cambios a la misma deben transcurrir en el ámbito legislativo, y ahí es donde debieron acudir tanto empresarios, como los representantes del Poder Ejecutivo, si contaban con una propuesta superviniente; máxime que para discutir la iniciativa, se convocó a un ‘Parlamento Abierto’, donde además, se ventilaron clara y abiertamente objeciones y coincidencias en torno a la iniciativa presidencial”.
Es evidente que el acuerdo corporativo no surgió de un “consenso”, sino de la imposición de la voluntad del Presidente López Obrador, basta observar los términos del acuerdo. También es extraño que fuese presentada en la Cámara de Diputados, cuando era en el Senado donde -desde hace meses- se construían los acuerdos, recordó.
El Ejecutivo Federal, finalizó el diputado Ortega, ha repetido la consigna anarquista francesa de 1968: “prohibido prohibir”; pero su iniciativa sobre la subcontratación contradice abiertamente el supuesto principio que dice honrar; lo mismo sucede con el pacto cupular”.
Es importante señalar que desde noviembre de 2020, López Obrador envió a la Cámara de diputados; una iniciativa para desaparecer la subcontratación con el argumento de que es una forma de “defraudación fiscal” que va en detrimento de los trabajadores y sus derechos; sin embargo, tras la realización de reuniones de “Parlamento Abierto” en esta Cámara, las y los empresarios, expertos académicos; abogados laborales y diversas organizaciones participantes advirtieron que eliminarlo provocaría pérdida de empleos y menor reparto de utilidades.
En consecuencia, el pasado 5 de abril las cúpulas empresariales y el gobierno acordaron hacer las modificaciones hoy ya aprobadas en comisiones unidas de Trabajo y Hacienda.
