– La continuidad de la política energética podría costar 1.0% del PIB anual.
– Las acciones se centrarían en: fortalecer a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, y mantener los subsidios a las tarifas eléctricas
La política energética de la actual administración ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex. Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que, continuar apoyando financieramente a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de 2 billones 195 mil mdp durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de 1.0% del PIB anual.
Este monto se dividiría en: 1 billón 371 mil mdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; 245 mil 680 mdp para que CFE mantenga su participación del 54% en la generación de electricidad; 57 mil 665 mdp para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución; y 517 mdp por subsidios a las tarifas eléctricas.
En el documento ‘Política Energética. Retos fiscales 2024-2030’, el CIEP refiere que, dado que para el próximo año se estima una reducción del gasto público del 3.0% del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.
Es importante recordar que el gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética. En 2021, el 27.4% de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9% en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35% que tiene previsto este año.
La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras.
