- Pos-covid, la sociedad civil quiere un gobierno fortalecido, capaz de reducir la pobreza, defender los derechos humanos y asegurar salud y trabajo digno.
- Mayor recaudación con enfoque progresivo para poder garantizar el bienestar de todas las personas
- Urge fortalecer los mecanismos de justicia en casos del recrudecimiento de la violencia contra las mujeres.
- La sociedad civil organizada que no busca confrontar al gobierno, sino proponer acciones para reducir desigualdades.
La sociedad civil quiere que el Gobierno de México salga fortalecido de la crisis sanitaria y económica para incrementar su capacidad de defensa por los derechos humanos, el empleo digno y el bienestar de los mexicanos que viven en situación de pobreza, sin acceso a la salud y sin trabajo.
Una vez que termine la crisis, el gobierno debe implementar una reforma progresiva que grave las ganancias de los más ricos para disponer de los recursos suficientes para una política social que garantice el bienestar de los mexicanos, dispongan de un sistema universal de protección social, un piso mínimo de ingresos y la eliminación de carencias estructurales de manera que se garantice el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Es hora de que desde el gobierno se ponga límite a la excesiva concentración de la riqueza, dijo uno de los 9 participantes.
El foro “Covid 19 y desigualdades” celebrado vía remota convocó a representantes de la sociedad civil que colaboran en Para Quedarnos en Casa, una plataforma con más 50 aliados que piden al gobierno poner en marcha acciones para mitigar los efectos negativos de la crisis. Ver: https://www.paraquedarnosencasa.org/
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Frente a la Pobreza aseguró que “la sociedad civil no está en la lógica de confrontación frente al gobierno, sino de propuesta. Al igual que el Estado mexicano, busca reducir las desigualdades, promover los derechos humanos y ver a un México fortalecido después de la pandemia”.
El foro analizó la situación dramática de las mujeres que sufren, en la cuarentena, un escalamiento de la violencia en el hogar. Reclamaron al presidente López Obrador su falta de compresión y exigieron la pronta entrega de los recursos para las 35 Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y otros apoyos que han sido retenidos.
Los participantes reafirmaron la necesidad de generar medidas para atender la violencia contra las mujeres durante y después de la pandemia, en particular en el acceso a justicia y los mecanismos de protección. Se vuelve urgente que el gobierno innove en la forma en que las mujeres pueden denunciar y procurar justicia sin ponerlas en mayor riesgo.
Asimismo, se debe proteger los derechos laborales de las personas que trabajan en el sistema de cuidados, en su mayoría mujeres, ya que, por un lado, son una población en riesgo al estar en contacto constante con otros y por el otro, muchas de ellas fueron descansadas sin goce de sueldo o han perdido su empleo.
En México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar, pero solo 22 mil tendrán acceso a los créditos que ofrece el gobierno para paliar los efectos económicos de la contención de la pandemia.
Se reiteró la necesidad de garantizar información transparente, comprensiva y accesible sobre la pandemia y sus impactos, con el fin fortalecer las medidas por parte del gobierno. Se reconoció la contribución del trabajo, los datos e investigaciones realizadas por las mismas organizaciones de la sociedad civil para comprender y responder mejor a la crisis.
En el foro, participaron Roberto Vélez, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Maïssa Hubert, de Equis Justicia para las Mujeres; Luis Fernández, de Nosotrxs; Diego A. Vázquez, de Oxfam México; Emilia García-Arteaga Molinar, de TECHO México; Sylvia Hernández, de The Hunger Project México; André Cortés, de UNICEF; Nicole Huete, de Intersecta; e Iván Benumea, de Fundar.
El foro íntegro puede ser consultado en las redes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza: Facebook
y YouTube
