•Atiende
Procuraduría del Colono del Estado de México problemáticas condominales de
Cuautitlán Izcalli.
•Destaca Jorge Adolfo Hughes Pérez, titular del organismo,
trabajo coordinado para impulsar una cultura de paz y desarrollo de los
asentamientos humanos y conjuntos habitacionales.
Naucalpan, Estado de México, 1 de marzo de 2020. El titular de la Procuraduría del Colono del Estado de
México (Procoem), Jorge Adolfo Hughes Pérez, se reunió con la Procuradora
Condominal de Cuautitlán Izcalli, Delia Mariana Rodríguez Orozco, con el
propósito de crear estrategias y líneas de acción que permitan resolver los
problemas de los habitantes que viven bajo la Ley de Régimen de Propiedad en
Condominio.
Derivado de la mesa de trabajo y las gestiones que se
realizaron con el Presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez
Ayala, se logró que en el fraccionamiento “Lago de Guadalupe” se constatara, de
manera presencial, la situación por la cual atraviesan, en relación a la
colocación de plumas y rejas mecánicas que impiden indebidamente el paso hacia
este fraccionamiento.
Respecto al tema de la vida condominal, Hugues Pérez destacó
que es primordial mantener el orden y la paz cuando se habita en un condominio,
por lo que es necesario estar conscientes de las obligaciones que se adquieren
al comprar un inmueble bajo este régimen.
Destacó que es necesario respetar las decisiones que se tomen
bajo los acuerdos de la asamblea, siendo la voz de la mayoría de los condóminos.
En ese mismo contexto, dijo, también se cuenta con derechos,
uno de ellos es solicitar rendición de cuentas periódicas por parte del
administrador, quien puntualmente debe justificar cada gasto realizado en pro
del condominio.
Al señalar que se seguirá trabajando de manera coordinada con
las autoridades municipales, a fin de que los colonos mexiquenses sean
beneficiados, el funcionario mexiquense reconoció la suma de esfuerzos entre
las autoridades para la difusión de la cultura de paz por parte de este organismo.
“Es necesario comunicar los derechos, obligaciones, alcances
y formas de convivencia, que son fundamentales para implementar políticas
públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades”,
concluyó.