SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está haciendo valer su autoridad para confiscar cargamentos de cannabis, incluyendo suministros comerciales autorizados por el estado, mientras los proveedores de cannabis autorizados presentan quejas de que se han confiscado más de 300.000 dólares en marihuana en los últimos meses en puntos de revisión en carreteras del sur de Nuevo México.
La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, señaló que los hechos provocaron una discusión esta semana con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cuyos cargos de juicio político fueron desestimados esta semana. La gobernadora dijo que manifestó su preocupación de que el escrutinio a las empresas de cannabis parece ser mayor en Nuevo México que en los estados con mercados regulados que no se encuentran a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.
Las ventas autorizadas de cannabis en Nuevo México han superado los 1.000 millones de dólares desde que comenzaron la regulación y los impuestos al mercado recreativo hace dos años. Sin embargo, los conductores de transporte de cannabis denuncian que han sido detenidos durante horas mientras que se incautan los suministros en los retenes permanentes de la Patrulla Fronteriza que filtran el tráfico entrante en busca de inmigrantes irregulares y narcóticos ilegales, generalmente ubicados a unos 100 kilómetros (60 millas) de la frontera con Estados Unidos.
“El secretario Mayorkas aseguró a la gobernadora que las políticas federales con respecto al cannabis legalizado no han cambiado”, dijo Michael Coleman, portavoz de Lujan Grisham, en un correo electrónico. “De cualquier forma, la gobernadora y su gobierno están desarrollando una estrategia para proteger la industria del cannabis de Nuevo México”.
Los gerentes de 10 empresas de cannabis, incluidos los transportistas, solicitaron la semana pasada a la delegación de Nuevo México en el Congreso que actúe como intermediaria para el libre tránsito de los embarques, señalando que hay empleos e inversiones en juego, y que varios mensajeros han sido sometidos a una “inspección secundaria” y se les han tomado las huellas dactilares en los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza.
“Solicitamos que a los operadores a quienes se les ha incautado producto en el nivel federal se les permita recuperarlo o recibir una compensación monetaria por las pérdidas que han sufrido”, afirma la carta.
El senador Martin Heinrich dijo que el Departamento de Seguridad Nacional debería centrarse en prioridades urgentes que no incluyan a los proveedores de cannabis que cumplen con la ley estatal.
“Detener el flujo de fentanilo ilícito hacia nuestro país debería ser el objetivo del Departamento de Seguridad Nacional en esos retenes, y no la incautación de cannabis que se transporta con apego a la ley estatal”, dijo el senador en un comunicado, refiriéndose al organismo del que depende la Patrulla Fronteriza. “Los habitantes de Nuevo México dependen de que las agencias policiales federales hagan todo lo posible para mantener seguras a nuestras comunidades. Nuestros recursos deben usarse para maximizar la seguridad de los residentes y no desviarse de ello”, añadió.
En un comunicado público emitido el jueves por el sector de la Patrulla Fronteriza que vigila Nuevo México se recuerda que el cannabis sigue siendo una droga de la “Clasificación I”, una designación que también se aplica a la heroína y al LSD.
“Aunque la marihuana para uso médico y recreativo puede ser legal en algunas entidades de Estados Unidos y Canadá, la venta, posesión, producción y distribución de marihuana, o la facilitación de la misma, sigue siendo ilegal de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos”, señala el comunicado del organismo. “En consecuencia, las personas que violen la Ley de Sustancias Controladas y que sean detectadas mientras cruzan la frontera, llegan a un puerto de entrada a Estados Unidos o en un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza podrían ser consideradas inadmisibles y/o sujetas a incautación, multas y/o arresto”.
Matt Kennicott, propietario de High Maintenance, un negocio de cannabis con sede en Socorro, dice que las incautaciones de la Patrulla Fronteriza comenzaron en febrero sin previo aviso y generaron incertidumbre sobre los cargamentos que incluyen muestras para pruebas de seguridad del consumidor. Dijo que los productores de cannabis de la zona más al sur de Nuevo México dependen de los laboratorios de pruebas situados más al norte, al otro lado de los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza, para cumplir con las medidas preventivas contra contaminantes, como el moho o los pesticidas.
“No es un poco confuso; es muy confuso”, dijo. “Tratamos de averiguar de dónde provino esta directriz”.
