· Los negocios estarían siendo financiados de manera ilegal por una organización afín a Morena, que pone en riesgo la permanencia de tortillerías familiares a cambio de votos
· El sector tortillero pidió al Gobierno de México deslindarse de este negocio y que la UIF, Cofece, Profeco, Cofepris y Coprisem realicen una revisión acerca de quién, cómo y porqué se están financiando, y supervisen la calidad del producto vendido.
Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto 27, 2021.- El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana denunció que organizaciones políticas, afines al partido Morena, han comenzado a instalar una red de tortillerías “pirata” en la Zona Oriente del Estado de México, las cuales ofrecen el kilogramo de tortilla a precios cuestionables, lo cual constituye una competencia desleal para las familias que han vivido por años del oficio, además de que los responsables han tratado de acreditarlas como parte de un programa federal inexistente, al usar de manera ilegal los logotipos de la Secretaría del Bienestar y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en sus fachadas, lo cual constituye un delito.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Rector, Sergio Jarquín Muñoz, informó que este jueves 26 de agosto, los responsables de esta red de tortillerías “pirata” abrieron la primera sucursal en el municipio de Valle de Chalco, aunque los propios representantes de ésta reconocieron ante el sector, que forma parte de una red de negocios de este tipo que se abrirán en el territorio mexiquense en los próximos meses y que son financiadas por la organización Movimiento Nacional por un Mejor País, que encabezan Juan Hugo de la Rosa García e Higinio Martínez Miranda, alcalde de Nezahualcóyotl y senador de la República, respectivamente.
El líder del sector señaló que el modelo de negocio que emplean dichas tortillerías es ilegal desde su concepción, pues ofrecen el kilogramo a nueve pesos, mientras que, en el mercado alcanza los 16 pesos, derivado de los incrementos de hasta 30 por ciento que han tenido los insumos durante la pandemia y cuyos ajustes injustificados ha venido denunciando el sector desde hace un año, por lo que resulta irracional que se oferte en este precio.
“Tan solo el maíz seco en costal que se requiere para un kilogramo de tortilla cuesta 7.60 pesos, a eso hay que agregarle el resto de los insumos, como las harinas y el gas que han tenido variaciones importantes, la energía eléctrica y la gasolina, entre otros. Es imposible ofertar este alimento a esos costos tan bajos, por lo que es necesario que las autoridades investiguen de dónde están saliendo los recursos para financiarlas, quién las está financiando y por qué, porque pueden ser la gran caja de pandora de un negocio sucio”, destacó, al tiempo de solicitar una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre la operación de éstas.
Jarquín Muñoz explicó que los responsables de estos establecimientos también tendrían que explicar por qué emplearon logotipos oficiales de dependencias del Gobierno de México, para hacer creer a las personas que son parte o están respaldadas por el gobierno federal, cuando éste no ha anunciado, hasta la fecha, la puesta en marcha de algún programa que contemple otorgar este beneficio.
“Necesitamos que el gobierno federal se deslinde públicamente de dichos negocios, pues tanto la Secretaría del Bienestar como Segalmex, ya descartaron que formen parte de algún programa público que ellos manejen en las mesas de negociación que tenemos con ellos desde hace varios meses, pero es algo que la gente no sabe
“Queremos también que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga, porque insistimos en que esto constituye un claro delito, o si la administración federal está promoviendo este programa, a través de sus organizaciones políticas y no lo ha hecho público, pedimos que sea honesto y no quieran engañar, y lo digo porque entonces los subsidios que se les están brindando a estos negocios, deberían ser para todos los que nos dedicamos a esto desde hace varios años”, demandó el líder tortillero.
El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana urgió también a que intervengan la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como las comisiones Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), con la intención de analizar la competencia desleal que estos negocios impulsan, pero principalmente, la calidad de los productos que están ofreciendo para que no pongan en riesgo la salud de los consumidores.
Agregó que la crisis económica que ha detonado la pandemia de la covid-19 ha afectado considerablemente al sector de la masa y la tortilla, al incrementarse los precios de sus insumos, además de una disminución en el consumo del alimento por la situación financiera de las familias, donde los tortilleros han tratado de resistir para no incrementar los costos del producto; sin embargo, la permanencia de estos negocios “pirata” e ilegales, sería la causante del cierre de decenas negocios que han tratado de subsistir día con día.
Se estima que, en el país, existen alrededor de 111 mil tortillerías, las cuales generan poco más de 300 mil empleos directos; de éstas, 44 mil se encuentran en el Valle de México, de las cuales dependen cuatro familias por cada una, en promedio.
