Toluca, Estado de México, 9 de abril de 2025 — El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM), Gerardo Becker Ania, ha tomado acciones de represalia en contra del titular del Órgano Interno de Control, el maestro Everardo Camacho Rosales, luego de que este presentara una denuncia por posibles actos de corrupción en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con información obtenida, Camacho Rosales habría denunciado un presunto «hackeo» que derivó en la desaparición de aproximadamente 32 millones de pesos del TRIJAEM, situación que vincularía directamente a la administración del magistrado presidente. La denuncia también señala omisiones graves de Gerardo Becker
Tras hacerse pública la denuncia, el maestro Camacho ha sido blanco de presiones institucionales que podrían configurarse como represalias. Aunado a esto, se ha informado que Becker Ania ha amenazado a personal y mandos del Tribunal que estarían al tanto de las irregularidades, con la intención de silenciar cualquier testimonio o evidencia que pudiera confirmar el presunto desfalco.
Fuentes internas del TRIJAEM aseguran que el presidente busca el respaldo de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, al parecer con el objetivo de desestimar las acusaciones y protegerse de las investigaciones en curso.
Diversos sectores de la sociedad civil, así como actores políticos, han levantado la voz para exigir que se investigue a fondo este caso, se garantice la integridad del denunciante y del personal involucrado, y se actúe conforme a derecho para evitar que actos de corrupción de este nivel queden impunes.
Hasta el momento, ni el magistrado presidente ni la Junta de Coordinación Política han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, se espera que en los próximos días se presenten más elementos que permitan esclarecer el destino de los recursos y las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado indignación entre la ciudadanía, que exige justicia y transparencia en una de las instituciones encargadas de vigilar precisamente la legalidad y la ética en la administración pública del Estado de México.
