Huehuetoca, Edomex, ocho de marzo de 2026.- Más de mil ejidatarios propietarios de terrenos que forman parte del Ejido Huehuetoca, denunciaron que peritos de la Procuraduría Agraria realizan increíblemente su trabajo “sobre el escritorio” y no con el procedimiento técnico debido, que es hacer un profundo estudio de campo, con base en documentos reales y no apócrifos, en el marco del litigio que tienen con la familia Pérez Lizaur, la cual pretende despojarlos de 65.7 hectáreas que legalmente les corresponden.
Al término de una reunión en dichos terrenos, después de una supuesta ejecución en la que elementos de seguridad del Municipio de Huehuetoca ocuparían las tierras como resultado de la denuncia hecha por la familia Pérez Lizaur, misma que no se llevó a cabo, afirmaron que ellos tienen toda la documentación necesaria que comprueba que son los legítimos propietarios de esas tierras, como lo fueron sus padres, sus abuelos y bisabuelos desde hace más de cien años.
Esta segunda orden de Ejecución, determinada por la magistrada Ana Lili Olvera, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla, no se realizó el 26 de febrero porque el actuario de los demandantes no se presentó al acto, por lo que es probable que la misma sea únicamente pospuesta para las próximas semanas.
En lugar estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Ejidal que son: Juan Garfias, Andrés Colín, José Luis Orozco, Benjamín Feregrino, Juan Hernández y Juan Velázquez, así como decenas de ejidatarios de Huehuetoca.
Explicaron que como resultado de la audiencia efectuada el tres de julio del 2025 en el Tribunal Agrario de Tlalnepantla, la magistrada Olvera decidió suspender la ejecución de una orden para intervenir programada para los días subsecuentes, después de la explicación de hechos realizada en dicha audiencia por parte del abogado Felipe Cruz y de los miembros de la Comisión de Ejidatarios encargada del llamado caso Grupo Productivo Santander.
En dicha audiencia la magistrada manifestó: “Esos mapas no podrán cambiar la decisión del Tribunal en contra de los ejidatarios, sin embargo, sí pueden detener en este momento la Ejecución de la acción para intervenir los terrenos, y permitirán analizar detalladamente las colindancias de forma adecuada”.
En los meses siguientes los ejidatarios entregaron al Archivo Nacional Agrario información que solicitó como: la carpeta básica, plano definitivo, carteras de campo, diario oficial y actas de deslindes y firmas de colindantes, así como información diversa que comprueba la dotación y ampliaciones de su ejido.
Asimismo, la magistrada solicitó un perito externo y neutral a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional para que realizan la ejecución de deslinde, mismos que no pudieron proporcionarse por la carga de trabajo de los peritos de una y otra institución académica, por lo que solicitó uno a la Procuraduría Agraria, el cual fue designado y mismo que “hasta el día de hoy” no ha asistido ningún día a hacer trabajo de campo en los terrenos disputados.
Esta segunda Orden de Ejecución “en nuestras tierras” es por lo tanto el resultado evidente de “un trabajo de escritorio basado en el peritaje entregado por la familia Pérez Lizaur”, externaron.
Cabe recordar que en su momento, los ejidatarios constantemente han denunciado que la familia Pérez Lizaur ha entregado a las autoridades documentación “en muchas ocasiones apócrifa, poco legible e incluso cuyas coordenadas no corresponden al perímetro del Ejido Huehuetoca”, a pesar de lo cual este Tribunal de Tlalnepantla la ha aceptado.
“Las autoridades nos comentaron que harían el peritaje con base en carpetas, actas de deslinde, lo que no se ha hecho así, ya que lo hacen con tecnología y sobre el escritorio sin haber trabajos previos de campo, eso nos da mucho que desear ya que lo que está en juego es el patrimonio de muchas familias y nos sentimos muy dolidos que se actúe de esta manera cuando nuestra Comisión lo hace de manera muy correcta”.
Los ejidatarios de Huehuetoca aseguraron que toda la información la tienen en libros “hasta cosidos” para que en su momento “nos manifestemos para que ellos se conduzcan conforme a la vía legal, con transparencia y en beneficio de la justicia”.
Adicionalmente, los ejidatarios explicaron que recientemente se ha presentado una situación especial con el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal de Huehuetoca, Jesús López, Alejandro Márquez y Armando Soto respectivamente, quienes en dos ocasiones previas, los días 13 y 27 de febrero, no se presentaron a la cita para tramitar sus firmas electrónicas del Poder Judicial del Estado de México, mismas que han sido convocadas por el abogado Felipe Rodríguez.
Ante una tercera cita para llevar a cabo dicho trámite el próximo 11 de marzo, los ejidatarios consideran que los representantes del comisariado ejidal podrían deliberadamente hacer este tipo de omisiones, con el fin de beneficiar la causa de la familia Pérez Lizaur, a pesar de tener un compromiso con los ejidatarios en su proceso legal por defender sus tierras del despojo que se les pretende hacer.
Incluso el presidente del Comisariado, Jesús López Hernández, comentó de viva voz a los miembros de la Comisión cuando le llevaron el acuse para dicha cita, que él no va a firmar la firma electrónica que le solicitaron como requisito para la defensa del ejido, ya que él ya se había asesorado externamente.
Dijeron finalmente que analizan ya una estrategia legal en caso de que a toda costa la Magistrada Ana Lili Olvera y el Tribunal Agrario tengan la intención a toda costa de llevar a cabo una Ejecución y despojarles de sus hectáreas.
