Desde la nefasta e injusta sentencia del 14 de octubre del 2019, condenando a nuestros líderes políticos y sociales, a lo largo y ancho de Catalunya se realizan manifestaciones mostrando la disconformidad con el fallo, entendido en toda su amplitud, es decir, de acuerdo con la acepción de fallo como sentencia de un juez, tribunal, etc. y con la acepción de fallar, como error, equivocarse.
Esas manifestaciones son muy diversas, unas son diarias, otras semanales, otras puntuales, en función de las posibilidades de los diferentes colectivos implicados.
En Barcelona se realizan dos manifestaciones diarias, la del colectivo Enriqueta Gallinat (nombre en memoria de esa política catalana, 1909-2006, exiliada, encarcelada durante el franquismo, y gran activista durante toda su vida), y el de la avenida Meridiana; así como otras semanales en diferentes lugares, como la Plaça de la Vila de Gràcia, la Plaça del Rei, etc.
En nuestro caso, en el corte de la avenida Meridiana, que es en el que participo, se funciona de forma asamblearia, y dado que mayoritariamente somos personas mayores, ganamos las votaciones para que siempre se efectúe el preceptivo comunicado, así estamos más tranquilos, si bien somos conscientes que así somos menos reivindicativos, pero, es lo que hay, los mayores no estamos para carreras, al menos yo no, pues quiero dejar claro que hablo única y exclusivamente a nivel particular, de acuerdo con mis percepciones.
La sorpresa fue que, anteayer, los responsables del dispositivo de los Mossos (policía autonómica) nos informaron que no estaba autorizado el corte, pero ya estaba cortado por la propia policía, supongo que para evitar accidentes; máxime teniendo en cuenta que nos visitó la presidenta de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), Elisenda Paluzie.
Y ayer fue notablemente diferente, al llegar vi un dispositivo policial extraordinario, que ni el presidente de los EUA llevaría si visitase Irak o Afganistán, exagerando, claro, pero el dispositivo me pareció excesivo para evitar que unos 200 vecinos, repito, mayoritariamente mayores, pero también con muchos jóvenes, nos manifestásemos.
Al llegar, pronto, en el punto de encuentro éramos media docena de personas y, de inmediato nos vino un par de mossos, de paisano, que se identificaron como miembros de mediación, y nos informaron que estaba prohibido el corte. Les propusimos la alternativa de quedarnos en las aceras, y nos comentaron que, si no formábamos grupos de más de 20 personas, podría ser aceptable; pero pidieron un momento para comentarlo al jefe del dispositivo, que estaba a pocos metros (profesional que conocemos y nos conoce, y que siempre ha mostrado un carácter profesional, valga la redundancia). A los pocos minutos vino el jefe del dispositivo y nos comentó que no era negociable, que aunque fuéramos grupos de cuatro personas, estaría obligado a identificarnos y notificarlo a la junta electoral.
Preguntaron si teníamos posibilidad de informar al grupito que había en la acera, y comentamos que sí, y fuimos, junto con los policías de paisano. Y éstos repitieron las explicaciones, que amplió el jefe del dispositivo, que vino tras nuestro.
Ante esta situación, decidí marchar a casa, estaba claro que no podríamos manifestarnos, y no estoy dispuesto a ser identificado y multado.
Así que el previsto corte 343 (pues debimos parar las manifestaciones en la primera ola de la pandemia), no pudo efectuarse.
Hasta aquí los hechos objetivos. Seguidamente expongo mis dudas, dada mi incomprensión legal de esa prohibición, máxime al enterarme, posteriormente, por las redes sociales, que en otros puntos de Catalunya no hubo esa prohibición, ni en otros puntos de Barcelona, que están bajo la misma jurisdicción de la junta electoral provincial.
La constitución, en el título I, sección 1ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en su artículo 21, dice: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
Es decir, el derecho a manifestarse debe ser protegido, como todos los derechos fundamentales.
Buscando información, es preciso señalar que:
‘Reuniones y manifestaciones con motivo de campaña electoral
Durante el período de campaña electoral las reuniones y manifestaciones que se celebren con fines de propaganda se regirán por la ley Orgánica 9/1983, sobre el derecho de reunión, pero con la siguiente particularidad:
‘Las atribuciones que tiene la autoridad gubernativa, salvo las que se refieran a la seguridad ciudadana, corresponden a las juntas Electorales Provinciales’
(negrita mía)
Pero es evidente que estas manifestaciones tienen un único objetivo, que es el de mostrar el desacuerdo con la sentencia; y los manifestantes somos transversales, es decir, de diferentes partidos, ya que el denominador común es el deseo de obtener la amnistía de los presos y exiliados políticos. NO TENEMOS NINGÚN INTERÉS PROPAGANDÍSTICO de ningún partido en concreto; por eso, sigo sin entender, máxime considerando que la:
Sentencia Tribunal Constitucional 96/2010, del 15 de noviembre de 2010. BOE núm. 306, de 17 de diciembre de 2010
II. Fundamentos jurídicos.
Punto 3.
‘Sobre el contenido del derecho de reunión (art. 21 CE) y los límites a su ejercicio que forzosamente impone la protección de otros bienes o derechos constitucionales y, de modo particular, en lo que ahora más nos interesa, la limpieza o la pureza de los procesos electorales de participación política, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en fechas recientes (últimamente, por todas, STC 170/2008, de 15 de diciembre, a la que se siguen luego las SSTC 37/2009 y 38/2009, ambas de 9 de febrero).
Conforme entonces declaramos y conviene reiterar ahora, no hay duda de que el derecho de reunión y manifestación del art. 21 CE ‘no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene límites, entre los que se encuentra tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE – alteración del orden público con peligro para personas y bienes-, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de este derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales’. Ahora bien, como también precisábamos entonces, ‘para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público prescrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución’. Pero para ello ‘no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad’ (STC 170/2008, FJ 3)
Concretamente, en relación con las manifestaciones con posible repercusión negativa en la limpieza de los procesos electorales, que aquí particularmente nos interesa, en esa misma doctrina constitucional hemos declarado también que ‘no cabe duda que las opiniones derivadas de ese intercambio, exposición, defensa o reivindicación pueden llegar a influir en el ciudadano, pero dicha situación sólo puede ser contemplada como una mera sospecha o una simple posibilidad. De ahí que sólo cuando se aporten razones fundadas, en expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter electoral de la manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios (art. 50.2 LOREG) … podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo’.
En otro caso, esto es, en defecto de esa necesaria demostración, ‘debe favorecerse el ejercicio de reunión aun en detrimento de otros derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de los mencionados derechos.
Por este motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente acreditado por la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la captación de sufragios’ (SSTC 170/2008, FJ 4; 37/2009, FJ 3 y 38/2009, FJ 3).
(…)
Fallo
Otorgar el amparo solicitado por la Plataforma 8 de marzo de Sevilla y, en su virtud:
1 – Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental de reunión y manifestación (art. 21 CE)
2 – Restablecer a la recurrente en su derecho y, a tal fin, anular el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, de 15 de febrero de 2008, y la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 25 de febrero de 2008, en el recurso núm. 902008-R
(negrita mía)
Como he comentado anteriormente, no hacemos campaña ni propaganda alguna, y tampoco promovemos sufragio alguno. Somos un colectivo aleatorio, transversal, diferente cada día, ya que los asistentes acudimos según nuestras posibilidades y conveniencias. Pero sí, sabemos que tenemos un punto de encuentro para reivindicar la libertad de los presos y exiliados. Nada más. Y nada menos.
También me parece injusto e improcedente, que los ‘tiempos’ judiciales sean tan lentos, ya que, como se ve en este caso citado, el tribunal constitucional tardó dos años en fallar en contra de la junta electoral provincial de Sevilla.
Y querría estar convencido que en nuestro caso pase lo mismo, pero, claro, al tratarse de un ‘tema catalán’ igual la resolución sería la contraria, fallando (sentenciando y equivocándose) en contra nuestra.
“Ahora bien, esa misma doctrina constitucional dice, claramente, en el fundamento jurídico octavo de la citada STC 83/2016, del 28 de abril (BOE núm. 131), que “a diferencia de los estados de excepción y sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (…) aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”
(web Buscador de jurisprudencia constitucional).
Aquí el tribunal constitucional se refiere al estado de alarma por la pandemia; tema ya superado legalmente, siempre que se mantengan las distancias prescritas, obviamente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio), versión actualizada el 25/6/2019.
Sección 5ª: Propaganda y actos de campaña electoral.
Art. 50
5. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.
Art. 54
1. La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Electoral Central de unificación de criterios interpretativos.
2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada.
Como se ve, todo se refiere a actos de campaña electoral, y nuestras manifestaciones, gusten o no, incomoden o no, no son de ninguna campaña electoral, son de una campaña de reivindicación, de manifestación de nuestra disconformidad con la sentencia contra nuestros líderes encarcelados y en el exilio.
Y en el art. 50.5 de la Loreg, se dice, como hemos visto, sin prejuicio del art. 20 de la constitución, que es el siguiente:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Capítulo segundo: Derechos y libertades
Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Art. 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. (hace referencia a los medios de comunicación)
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Como hemos visto, el tribunal constitucional considera que solo pueden prohibirse manifestaciones en campaña si su fin es captar votos; incluso llegó a aceptar manifestaciones en la jornada de reflexión o en el mismo día de las elecciones, si eran ajenas a las propias votaciones.
Respecto a la protección de la intimidad (20.4), ese mandato se lo ha saltado un grupo contrario al corte de la Meridiana, en un mensaje del pasado día 7, en telegram, pues me señaló, con nombre y dos apellidos, junto a otros dos compañeros del corte; y saber mi nombre y dos apellidos es debido, con toda seguridad, a estos escritos que diariamente hago (los otros no están tan bien identificados). Es una pena, que se nos amenace de pedir que se nos responsabilice judicialmente por los cortes ilegales de esta semana, cuando todo el mundo sabe que se trata de un movimiento que no es ni líquido, es vaporoso y asambleario; y yo soy uno más, un anónimo ciudadano con conciencia política, nada más y nada menos.
No tengo suficientes conocimientos legales, pero sé que la ley ha de ser justa, proporcionada, equitativa y razonable, y que debe ser igual, general, no dependiendo de las interpretaciones provinciales, ni, menos aún, haciendo diferencias dentro de ellas.
Solo se que nunca debe aplicarse la ley por la fuerza, debe aplicarse de forma argumentada. Y esto es lo que está fallando en este caso, y no tiene visos de solucionarse, me temo.
Repito que no hacemos ningún tipo de propaganda electoral ni pedimos votos, ni nada por el estilo; cualquiera que quiera venir, lo verá, pues los que han venido, aunque sea de forma puntual, ya lo saben, y también lo saben los mossos que siempre vigilan los cortes, y nos conocen a todos, pues llevamos muchos días asistiendo de forma pacífica, moderada y ciudadana; sabiendo que causamos molestias, pero sabemos que no hay manifestaciones sin molestias.
