El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) muestra desaseo en el manejo de los recursos públicos, pues en 2018 no entregó impuestos en tiempo ni información específica requerida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para la Cuenta Pública, además de que tiene una deuda de 8 mil millones de pesos y resultados de desempeño negativos, puntualizó el diputado Tanech Sánchez Ángeles (morena), presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior.
En el análisis del Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios 2018 elaborado por el OSFEM, la Comisión de Vigilancia se reunió con Fred Rescala Jiménez y Rafael León Barrios, coordinador de Administración y Finanzas y titular del Órgano Interno de Control del ISEM, respectivamente, a quienes diputados de morena y del PT cuestionaron sobre la situación financiera del instituto, la calidad de los servicios, los proyectos de obra y el que no se fincaran responsabilidades.
La legisladora Azucena Cisneros Coss, de morena, calificó como penoso el quebranto financiero del ISEM, pues indicó que “es un hoyo negro de opacidad, falta de transparencia, corrupción y gastos superfluos en los que no existe la más mínima moral”, y criticó que de la entrega-recepción entre las administraciones de los gobernadores Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza se hayan realizado observaciones a través de auditorías parciales que después fueron borradas en versiones finales.
Al respecto, la diputada señaló que el pago a proveedores pasó de 594 millones a 388 millones; el adeudo con los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, de 100 millones a 31 millones; hubo una adición de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Seguro Popular por 35 millones; aumentó la deuda al proveedor Radiomóvil Dipsa en 391 mil pesos, así como la deuda con el despacho Gossler (que realizó la auditoría) por un millón de pesos, y los subejercicios pasaron de 291 millones de pesos a 32 millones.
Expresó que en las auditorías se comprobó que en 2017 no se pagó el seguro de daños por 15 millones de pesos para el Hospital General de Valle Ceylán, en Tlalnepantla, que resultó afectado por los sismos de ese año; además, criticó que el funcionario señalado en las observaciones como posible responsable del quebranto sigue laborando para el instituto y que éste clasificara como reservados los resultados de las auditorías por cinco años, tiempo en el que ya no se podrán fincar responsabilidades, por lo que dijo tener la hipótesis de que intentan borrar lo señalado a la administración de Eruviel Ávila.
No obstante, continuó la legisladora, en 2018 el ISEM adjudicó por licitación pública un contrato por 155 millones de pesos para el arrendamiento de 264 vehículos último modelo de diferentes marcas (incluidas totalmente equipadas de última generación).
Agregó que, según el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, el ISEM tiene 10 observaciones resarcitorias por 5 millones de pesos sin solventar hasta la fecha; 10 observaciones por 2 mil millones, que han llevado a la promoción ante las autoridades competentes del fincamiento e imposición de responsabilidades; observaciones resarcitorias por 2 millones de pesos por no reportar entradas ni salidas de medicamentos; que hubo sobrecostos en los precios de medicamentos de hasta 60%, y que los programas de adulto mayor y protección civil fueron desarrollados de manera deficiente.
Antes de finalizar su participación, Azucena Cisneros preguntó a los servidores públicos del ISEM cuánto se ha pagado al hijo de un exfuncionario federal por las demandas que interpuso como proveedor por el incumplimiento para completar el proyecto del Hospital de Oncología en Ecatepec.
Sobre el Hospital General de Valle Ceylán, los legisladores de morena Tanech Sánchez y Jorge García Sánchez manifestaron su preocupación por la divergencia entre las declaraciones del secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, y las de Fred Rescala Jiménez respecto al derribo de la infraestructura o no y la construcción de otro hospital, ya que no se están atendiendo las demandas de los ciudadanos.
Aunque aceptó que hay necesidades por resolver en el sector salud, el diputado Tanech Sánchez señaló que la 60 Legislatura debe ser muy cuidadosa en la asignación del próximo presupuesto, ya que debe hacerlo con base en resultados y transparencia, conceptos con los que no cumple el ISEM, de acuerdo, dijo, con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 y el encuentro de los integrantes de la Comisión con los funcionarios, por lo que criticó que cuestionamientos de los legisladores se quedaran sin respuesta.
En su participación, el diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, también de morena, criticó que solo en 2018 el ISEM pagó por concepto de multas y recargos por el pago extemporáneo de contribuciones hasta 224 millones de pesos, por lo que preguntó sobre las responsabilidades fincadas a los funcionarios que provocaron esos adeudos que se terminaron pagando con los recursos de los mexiquenses; además reprochó el actuar del OSFEM por la información que no entregó el ISEM, particularmente sobre la dispersión de nómina, la cual representa en su totalidad 15 mil millones de pesos.
El diputado Valentín González Bautista, de la misma bancada, propuso que el ISEM entregue por escrito detalles de las respuestas a los cuestionamientos que no se resolvieron en la reunión; calificó como grave el estado del instituto, lamentó que el OSFEM no hubiera actuado al respecto y señaló que la situación no puede continuar así.
También de morena, la diputada Beatriz García Villegas deploró la falta de información de los funcionarios pues no permitiría a la Comisión calificar la cuenta pública de manera adecuada; asimismo, reprochó la calidad de los servicios de salud, pues no hay médicos suficientes ni comprobación del manejo de los recursos financieros ni humanos, e indicó que pareciera una táctica del gobierno estatal cambiar a los responsables de las áreas financieras del ISEM y del Issemym para que cuando se evalúen desconozcan el tema.
Su compañera diputada María Elizabeth Millán García agregó que debe impulsarse un programa de austeridad inminente y de transparencia fiscal, en el cual se involucre al Órgano Superior para que se resuelvan de manera más clara las dudas sobre la calificación de las cuentas públicas y se dé respuesta a las necesidades de la población.
Del PT, el legislador Francisco Rodolfo Solorza Luna se manifestó por que el OSFEM realice auditorías de desempeño de manera integral a los hospitales del ISEM para mejorar su planificación; criticó la duplicidad de funciones de la Secretaría de Salud y el instituto, y se manifestó por una reestructuración fuerte del sector salud, ya que se tiene que seguir destinando recursos, pero deben transformarse los servicios.
En la reunión también estuvo presente Rogelio Padrón de León, encargado temporal del OSFEM, así como auditores especiales, quienes aseguraron que el Órgano Superior sí realizó oficios de promoción notificados al ISEM sobre el incumplimiento en la entrega de información respecto a su nómina.
Los funcionarios del ISEM detallaron que como resultado de los informes de las cuentas públicas del 2018 y 2017 se iniciaron 812 expedientes en materia de responsabilidades, las cuales involucraron a mil 396 funcionarios y se aplicaron 584 sanciones (299 amonestaciones, 22 destituciones, 136 suspensiones, 27 inhabilitaciones y 11 resarcitorias, entre otras).
Agregaron que hasta septiembre de 2019 hubo un abasto de medicamentos de 71%; que el arrendamiento de vehículos fue para las necesidades utilitarias del instituto; que se necesita un control más eficiente del manejo de recursos, y que el Hospital General de Valle Ceylán es imposible de reconstruir en la misma zona, por lo que se está construyendo otro nosocomio igualmente en el municipio de Tlalnepantla.
Urge una solución a la deuda de la UAEMÉX con eL ISSEMYM
En una reunión posterior con funcionarios universitarios, el diputado Tanech Sánchez subrayó que urge que se tomen medidas para solucionar los adeudos por 3 mil 300 millones de pesos (con multas y recargos) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), y llevar el tema a la discusión del próximo presupuesto y que el problema no siga creciendo como en los últimos años.
Tanech Sánchez detalló que la Comisión de Vigilancia, a nombre de la Legislatura, podría intervenir en la resolución de un convenio entre la UAEMéx y el Issemym para acordar el pago por los adeudos, ya que será un tema que tendrá que ver con el presupuesto, aunque indicó que las respectivas propuestas de convenio entre el instituto y la institución hay una diferencia en los pagos mensuales de 45 millones de pesos y en el número de las parcialidades.
Además de Tanech Sánchez, los legisladores María Elizabeth Millán, Valentín González, Adrián Manuel Galicia, Francisco Solorza y Carlos Loman Delgado cuestionaron a Javier González Martínez, secretario de Finanzas de la UAEMéx, sobre los detalles de la situación financiera de la institución, particularmente las razones de los adeudos con el Issemym y si no enterar las cuotas retenidas a los trabajadores no constituye un desvío de recursos; las deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, la austeridad en la universidad, los saldos en sus cuentas bancarias y el fincamiento de responsabilidades.
Tanech Sánchez indicó que esperarán los resultados de las investigaciones que hace el OSFEM sobre los ejercicios fiscales de 2014 a 2018 a la UAEMéx, de donde se espera que se finquen responsabilidades, ya que, si no se sanciona un acto de corrupción en cualquier dependencia, en cualquier grado, no se podrá entender que no se puede hacer uso del recurso que no esté destinado para un propósito.
El secretario de Finanzas de la UAEMéx negó que haya desvío de recursos, pues las cuotas de los trabajadores para el Issemym están depositadas en una cuenta bancaria y de pagar parcialmente al Instituto solo cubriría la parte de multas y recargos, además argumentó la reducción de participaciones federales, incremento de la matrícula estudiantil y cumplimiento de pagos de sueldos y aguinaldos a trabajadores universitarios.
