El derecho a las energías renovables debe darse mediante mandato constitucional, estableció la diputada federal del PRI, Claudia Pastor Badilla, al solicitar se actúe de manera urgente y eficiente contra el cambio climático, un problema ambiental, pero también, de consecuencias sociales y económicas graves, sobre todo para los grupos en vulnerabilidad y desigualdad.
La legisladora, a través de una iniciativa de ley, sugirió reformar los artículos 2º, 4º y 27 de la Constitución Política, para incluir el uso de energías limpias, con el objetivo de promover los derechos de las personas que se verán desproporcionalmente afectadas con el calentamiento global, como los pueblos indígenas, dándoles una consideración adicional a un ambiente sano y al desarrollo.
“El cambio climático es reconocido como la mayor amenaza de la humanidad, porque pone en peligro la vida, derechos y bienestar de las personas, y México asumió el compromiso de detener y reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero, por tanto, no puede basar su energía en combustibles fósiles, que es el mayor contribuyente de dichas emisiones, sino está obligado reemplazarla por energías no contaminantes”, expuso.
Reiteró que la Constitución Política, establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y la garantía de que el Estado respetará ese derecho, ahora lo que se pretende es, promover el uso de las energías renovables como parte de las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y el beneficio social, sobre todo de quienes históricamente han sufrido desigualdad y discriminación, como son los pueblos indígenas.
La legisladora del Estado de México, enumeró los beneficios de utilizar energías no contaminantes: disminuir costos de producción y distribución de electricidad en zonas rurales o aisladas, reducir la mala calidad del aire y los impactos en la salud de la población, aminorar riesgos de accidentes, muertes y víctimas en los proyectos de extracción de hidrocarburos, aumentar el acceso a energía y garantizar la seguridad en su suministro, además, neutralizar la especulación de los mercados por el agotamiento del petróleo.
Según el Estudio sobre Medición de la Pobreza 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de miseria, lo que equivale a alrededor de 8.4 millones de personas; de éstas, 3.4 millones está en pobreza extrema. El panorama es menos alentador al observar que la gran mayoría de población pobre ni siquiera alcanza la línea de ingresos de calificación de pobreza.
Por su parte, el Consejo Mundial de Energía señaló que muchos indicadores de pobreza se relacionan con la falta de energía, debido a que el uso de este servicio es una consecuencia del aumento del ingreso de las personas.
Pastor Badilla insistió en que el papel de las energías limpias dentro de las comunidades rurales o aisladas, y que generalmente pertenecen a los pueblos indígenas, trasciende la expansión de un bien y se relaciona directamente con la promoción del desarrollo sostenible basado en el alivio de la pobreza y la preservación de los recursos naturales.
