Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT participaron en la aprobación de 10 dictámenes de la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Permanente
El primero exhorta al Poder Ejecutivo de Nuevo León, y a la presidencia municipal de Monterrey, para que evalúen la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, así como implementar los mecanismos a que haya lugar, a fin de asegurar la edificación del mismo.
Mediante otro dictamen, pidió al Congreso de Nuevo León realizar, a la brevedad, las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local para incorporar el uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política.
El tercer dictamen contiene un llamado al Congreso de Yucatán, para que promueva la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 228 del Código Penal del estado, en materia de persecución del delito de violencia familiar.
Uno más, solicita al Poder Legislativo de Baja California que, atendiendo a lo establecido por el artículo 27 fracción XL y VI de la Constitución Política, se realicen las acciones y mecanismos para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en dicha entidad.
Por el PT, el diputado Juan Isaías Bertín Sandoval consideró que este punto de acuerdo da un paso importante al garantizar que los servidores públicos se apeguen a los principios de no robar, no mentir y no traicionar a quien le ha dado su confianza.
Otro dictamen más conmina al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, a garantizar la protección y atención adecuada al hijo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se pronunció a favor del paquete de dictámenes y manifestó su extrañeza por eliminar el punto de acuerdo, ya que argumentaron no querer revictimizar al niño cuando no se le brindó ayuda a la madre; “es el colmo de la desvergüenza y la doble moral”.
En representación del PVEM, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos expresó que el de Luz Raquel Padilla no sólo es un feminicidio, sino un caso de odio y discriminación, por lo que pidió no cometer la misma vulneración con su hijo. Ante ello, exhortó a brindar la atención y protección al niño desamparado y con una necesidad de seguir con su vida.
Asimismo, mediante otro dictamen, la Comisión Permanente condenó enérgicamente el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos y el de las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo y Johana García, y expresó su solidaridad a sus familias.
Solicitó a las fiscalías generales de Justicia de Sinaloa y de Veracruz, en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República, que continúen con las investigaciones, fortalezcan las acciones para esclarecer los hechos y detener a quienes resulten responsables de los asesinatos de los tres periodistas.
Al respecto, Mario Rafael Llergo Latournerie, diputado de Morena, indicó que ejercer el oficio del periodismo implica comprometerse con la libertad de expresión concebida en la Constitución Política como un derecho humano; sin embargo, las agresiones y asesinatos contra periodistas en el país no han cesado; por ello, “es necesario y urgente que las fiscalías de justicia estatales con ayuda de la Fiscalía General de la República continúen las investigaciones y fortalezcan sus acciones para esclarecer los hechos”.
El séptimo, es un exhorto al gobernador del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, para que fortalezcan y ejecuten las medidas, planes, programas, acciones y políticas necesarias para garantizar la seguridad pública ante el incremento en las conductas delictivas en la entidad, en particular en los delitos contra el patrimonio en su modalidad de extorsión.
También se solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que revise y haga las adecuaciones necesarias a sus portales de consulta MARCia, y de búsqueda fonética MARCANET, con el fin de que cumplan con las obligaciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en cualquier otro ordenamiento en materia de protección de datos personales
Además, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales garantice que el IMPI, en particular sus portales de consulta de referencia, cumpla con las obligaciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en cualquier otro ordenamiento en materia de protección de datos personales.
Al referirse a este dictamen, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) indicó que los usuarios de telefonía celular siguen siendo víctimas constantes de engaño telefónico, amenaza y extorsión, ya que se han identificado errores graves en el funcionamiento de dos sistemas del IMPI que almacenan bases de datos personales y que resultan públicos y de fácil acceso para extorsionadores, suplantadores de identidad o profesionales de la amenaza telefónica como son MARCANET y MARCia. “Se debe limitar la cantidad de datos personales mostrados a los usuarios de esas plataformas”.
En otro dictamen, la Comisión Permanente pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas en las 32 entidades federativas que implementen procedimientos de vigilancia para la prevención y combate de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes a través de plataformas de videojuegos.
También solicitó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que realicen una campaña de concientización dirigida a las madres, padres y tutores de familia, así como a las niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos de intercambiar información personal en plataformas de videojuegos, y acciones que pueden adoptarse para prevenir que los menores de edad sean víctimas de delitos mediante dichas plataformas.
Sonia Rocha Acosta, diputada del PAN, reconoció que se busque prevenir que los infantes y adolescentes sean enganchados por el crimen organizado, pues diversas organizaciones civiles han alertado del reclutamiento de menores de edad por medio de videojuegos. Es importante, dijo, que las autoridades implementen procedimientos de vigilancia, prevención y combate a dichas prácticas, así como diseñar campañas de concientización dirigidas a la sociedad sobre los riesgos de intercambiar información personal en esas plataformas.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) se pronunció a favor del dictamen y coincidió en la urgencia de exhortar a las autoridades públicas del país a implementar procedimientos de prevención y combate de delitos dirigidos a niñas, niños y adolescentes a través de las plataformas de videojuegos. Insistió en la importancia de impulsar una campaña de información respecto a la clasificación y controles parentales de los videojuegos.
Finalmente, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que conforme a sus atribuciones dé a conocer el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024.
Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, mencionó que su voto sería a favor del bloque de puntos de acuerdo, ya que buscan que las autoridades a las que se dirigen atiendan diversas demandas y problemáticas de la ciudadanía. Refirió que en el punto de acuerdo que exhorta a la Segob, en su calidad de coordinadora para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, se debe atender el recorte presupuestal a esta instancia.
La diputada del PAN, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, comentó que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esto Delitos debe cumplir con su obligación normativa y publicar a la brevedad el Programa Nacional correspondiente, ya que éste contribuirá al avance contundente de la eliminación de este delito. Añadió que se requiere de recursos y medios suficientes para ganar la batalla a las redes criminales.
