• El propósito fue conocer qué se realiza en materia de desplazamiento forzado interno
• Expresan su preocupación por la falta de una legislación
Diputados de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), se reunieron con funcionarias de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de conocer las acciones que realiza sobre desplazamiento forzado interno.
El legislador explicó que la Comisión busca una ruta para atender la problemática de desplazamientos forzados internos que ocurre en el territorio nacional, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Expresó su preocupación por la falta de una legislación en la materia y “la omisión por parte del Senado de la República”, porque la Cámara de Diputados en 2020 le envió la minuta para la Ley de Desplazamiento Forzado Interno, la cual “sigue congelada” y “no se ha podido atender puntualmente esta situación”.
Recordó que a la Comisión Bicamaral se le dio vida para atender a los desplazados del conflicto armado en Chiapas que ocurrió durante el levantamiento armado de 1994, y a quienes fueron despojados de sus tierras, expulsados de sus comunidades y propiedades privadas y “hasta el momento no ha habido una atención”.
El diputado Javier Huerta Jurado (Morena) dijo que el desplazamiento forzado no solamente lo padecen grupos indígenas, sino distintos sectores de la sociedad por diferentes razones, como presencia de grupos paramilitares o la delincuencia organizada, por lo que se requiere, agregó, hacer un diagnóstico real de cuántos desplazados se tienen en el país y cuáles son las causas.
Este tema, continuó, también tiene que ver con dar garantías legales de un retorno a sus territorios, viviendas, propiedades y bienes y, por otro lado, cómo atender el problema de manera inmediata, por lo que estimó pertinente conocer cuál es la estrategia.
Funcionarias de la UPMRIP
La jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Rocío González Higuera, afirmó que el reto es aprobar la ley en el Senado, pues se hizo con consultas públicas y la participación de organismos internacionales y nacionales. “Fue muy bueno que se aprobara unánimemente en la Cámara de Diputados y pasara al Senado, creímos que era un trámite, pero nos encontramos con que a veces los intereses van más allá de las necesidades de quienes dicen representar”.
Agregó que es necesario tener marcos legales e instrumentos que permitan avanzar. Destacó la importancia de generar datos oficiales de desplazamiento, así como coordinar y sensibilizar a múltiples actores gubernamentales, pues en la mayoría de los casos el tema de desplazamiento forzado interno era totalmente desconocido.
La coordinadora de Política Migratoria de UPMRIP, Teresa Heessel Pimentel Vázquez, explicó que se crearon diversas coordinaciones y direcciones al interior de esta Unidad, a fin de proponer políticas públicas en la materia a partir de modificaciones a disposiciones jurídicas y documentos programáticos; además de un Centro de Estudios Migratorios que genera estadística e investigación.
A su vez, Gabriela Elizabeth Galicia Salas, directora de Evaluación de Políticas para el Control de la Movilidad Humana de dicha Unidad, señaló que se requiere un plan, “porque no podíamos esperar con los brazos cruzados a que se aprobara la ley”, y se reformó el Consejo Consultivo de Política Migratoria para discutir permanentemente el tema y buscar rutas que impulsen su atención, la sensibilización y generar nuevas herramientas.
Representantes de desplazados
Teodomira Rosales Sierra, representante de los desplazados de Leonardo Bravo y del municipio de Zitlala, Guerrero, enfatizó que quienes “defendemos las causas del desplazamiento forzado también somos criminalizados”. Recordó que “quisimos retornar y nos encontramos con descargas de R-15 y para salvar nuestras vidas otra vez tuvimos que dejar nuestro lugar de origen”.
Por ello, preguntó qué se necesita para que “la ley salga y ya se administre”. Planteó buscar otro mecanismo de atención urgente, “porque no vamos a dejar a las personas que mueran”, y propuso realizar una reunión interinstitucional para generar ayuda humanitaria oportuna.
Feliciano Ramírez, en representación de los desplazados de Tierra Blanca, Oaxaca, dijo que aparte de aprobar la ley, falta también reglamentarla y “eso es otro paso gigantesco que tenemos que dar y se ve complicado el panorama”. Se pronunció por diseñar una ruta conjunta, tanto víctimas y funcionarios, para destrabar la ley que está congelada.
Expresó su preocupación por que “hasta el día hoy no existe un plan” con relación al desplazamiento forzado. Sostuvo que se quiere proteger el futuro de las nuevas generaciones, porque se carecen de servicios básicos como la educación, alimentación y vivienda”.
