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Toluca, Méx. — Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó este jueves la tipificación del delito de acecho o stalking, que ahora se sancionará con penas de hasta seis años y ocho meses de prisión, dependiendo de las agravantes. Sin embargo, los legisladores incluyeron una salvaguarda clave para garantizar que la nueva legislación no se utilice en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales o críticos del gobierno.
La reforma, impulsada inicialmente por la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), incorpora el acecho al Código Penal estatal y lo reconoce como una circunstancia que agrava el delito de feminicidio. Las sanciones van desde seis meses de prisión hasta más de seis años, según la gravedad y las condiciones en las que se cometa.
No obstante, durante el proceso legislativo, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) propuso modificaciones que fueron aprobadas y que excluyen expresamente de este nuevo delito aquellas conductas que se deriven del ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística, la defensa de derechos humanos, la protesta social o la crítica hacia funcionarios públicos.
«Era fundamental dejar claro que esta reforma no debe ser utilizada para limitar la crítica o la protesta legítima», señaló la diputada De la Rosa Mendoza, quien subrayó que la tipificación del acecho busca proteger a las personas, especialmente a las mujeres, de conductas reiteradas de hostigamiento que generen daño, amenaza o temor por su integridad o la de su familia.
De acuerdo con la reforma, se considerará acecho cuando una persona vigile, siga, persiga, rastree, busque cercanía física o intente establecer comunicación persistente con otra, en dos o más ocasiones, con el propósito de intimidar o amenazar. En casos de mayor gravedad —como cuando el autor sea servidor público, use dispositivos de rastreo o cause daño físico o psicológico— las penas se incrementan.
Organizaciones civiles habían manifestado preocupación por la posibilidad de que esta legislación se prestara a interpretaciones que limitaran la libertad de prensa o la protesta social, inquietud que los diputados atendieron al introducir la excepción de manera explícita en el dictamen final.
Con esta medida, el Congreso mexiquense busca equilibrar el combate al acecho y al stalking, sin afectar los derechos constitucionales a la libertad de expresión, de manifestación y de información.
