QUITO (AP) — Aunque tiene luz verde para decretar un estado de excepción con restricciones de movilidad y toques de quedas por el fuerte repunte de contagios de coronavirus, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno no ha dispuesto de momento endurecer las medidas de movilidad a pesar de los pedidos del sector médico y de enfermería que advierten de otro posible colapso del sistema hospitalario.
La Corte Constitucional ecuatoriana dijo el miércoles en un documento que el gobierno tiene la ruta despejada para anunciar medidas drásticas con el fin de contener el alza de las infecciones.
Moreno dijo el martes en cadena nacional que se va a atender la situación “como si estuviéramos en el pico más alto” con el fin de evitar una crisis similar a la ocurrida en marzo y abril del 2020, en que colapsaron los hospitales en algunas ciudades, pero agregó que un nuevo confinamiento “sería letal para la economía”.
A las puertas del feriado de Semana Santa y con miras al balotaje del 11 de abril, el director del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, descartó a la red de televisión Ecuavisa un endurecimiento de medidas en las próximas horas, al señalar que aún “no tenemos un estado de excepción” que lo permita.
El país andino está pasando por un repunte de casos con altas cifras de hospitalizados por coronavirus. El miércoles, el Ministerio de Salud registró 1.687 positivos a nivel nacional, mientras se mantienen las listas de espera por camas de hospitalización y en unidades de cuidados intensivos.
El jefe de emergencias de uno de los hospitales públicos del centro sur de Quito, Rubén Guamangallo —en el que no sólo se atiende a pacientes con coronavirus— dijo a la prensa que el hospital ha recibido desde diferentes centros de salud de la capital y de otras partes del país en los últimos cinco días “alrededor de 100 pedidos diarios para terapia intensiva de pacientes con sintomatología respiratoria”.
Zapata no dio cifras de la cantidad de ciudades en emergencia ya que al no haber aún una norma que lo exija, como el estado de excepción, no existe la obligatoriedad de que se reporte todo lo que sucede al Comité de Operaciones de Emergencia, y precisó que lo que se decida en los próximos días dependerá del comportamiento de la gente.
A provincias como Pichincha, Guayas y Manabí —las más grandes del país que están con los hospitales a tope— le siguen otras pequeñas como Chimborazo y El Carchi, entre otras, que están en una situación sanitaria de emergencia.
“Las medidas tibias no resuelven la crisis. Las cosas a media tinta no funcionan bien, quienes toman las decisiones deberían darse una vuelta por los hospitales para que vean cómo está nuestra gente en el suelo, rogando por una cama, rogando por un ventilador”, manifestó David Gonzales, representante de la Red Nacional de Unión de Enfermeras y Enfermeros de Ecuador, a Radio Sonorama. Advirtió que es imperativo tomar medidas estrictas de manera urgente.
Mientras tanto, según el cronograma del gobierno ecuatoriano, hasta finales de marzo deberían haber llegado 1.380.000 vacunas, sin embargo, hasta el miércoles —contando con la llegada del octavo lote de inoculantes— el país sólo había recibido alrededor de 400.000 dosis. Hasta el momento apenas se ha logrado inocular a 176.642 personas con la primera dosis, de las cuales 60.358 cuentan con la segunda, lo que no cubre ni el 2% de la población.
El gobierno de Moreno ha insistido en que tiene contratadas 20 millones de dosis con varios laboratorios para que hasta fines de este año se vacune al 60% de la población.
Ecuador registra hasta ahora 328.755 contagios y 16.847 fallecidos por COVID-19, según las autoridades de salud.
