EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Francisco Palacios esperó durante horas con su esposa y su hija de 3 años en un cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego el miércoles temprano para después irse a un hotel cercano para dormir una siesta de tres horas. Regresaron, con las maletas hechas, sólo para volver a decepcionarse.
Sin embargo, la familia oriunda de la ciudad mexicana de Morelia está dispuesta a esperar a que la Corte Suprema de Estados Unidos emita una decisión sobre si retirará las restricciones implementadas a causa de la pandemia de COVID-19 que han evitado que muchos migrantes soliciten asilo, y anuncie la fecha en la que lo haría, señaló Palacios.
Su familia llegó a Tijuana hace dos semanas para huir de la violencia y de las pandillas que los extorsionaron durante años por una parte de sus ingresos obtenidos por la venta de fruta en la calle.
Se encuentran entre los miles de migrantes reunidos a lo largo del lado mexicano de la frontera, acampando al aire libre o refugiándose en albergues mientras el clima se hace más frío.
Las restricciones a los cruces fronterizos iban a expirar el miércoles, pero una coalición de estados de tendencia conservadora pretende que el máximo tribunal estadounidense las mantenga en vigor. El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que ponga fin a las restricciones, pero no antes de Navidad. No está claro cuándo tomará una decisión la corte.
La Guardia Nacional de Texas tomó posiciones en El Paso, mientras que voluntarios y agentes de policía temían que algunos migrantes sucumbieran al frío. La temperatura en la noche ha rondado los 0 grados Celsius (30 grados Fahrenheit) y en los próximos días descenderá aún más. La diócesis católica de El Paso, donde se pronostica que la temperatura en la noche alcance los 5 °C bajo cero (20 °F) esta semana, tiene previsto abrir otros dos refugios para hasta 1.000 personas en iglesias de la zona.
En el centro de El Paso, las aceras cercanas a una estación de autobuses sirvieron de alojamiento a decenas de familias y grupos de hombres recién llegados de países latinoamericanos como Venezuela y Colombia.
Junior Carmona, músico y peluquero venezolano de 22 años, esperaba el miércoles para subir a un autobús con destino a Dallas y reunirse con sus familiares, incluida su madre. Su viaje a Estados Unidos duró seis meses, durante los cuales las autoridades de inmigración mexicanas lo detuvieron tres veces y le robaron. Carmona dijo que no podía soportar otro contratiempo y entró en Estados Unidos sin solicitar asilo primero, mientras veía a muchos venezolanos esperar en México a ver si se levantaban las restricciones del Título 42
En el lado sur del río Grande (Bravo), Jhorman Morey, un venezolano de 38 años que trabajaba como mecánico, se calentaba las manos en una fogata junto con media docena de migrantes. Señaló que estaba esperando una decisión en torno a las restricciones para ver si intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Algunos migrantes duermen en las riberas del río Bravo.
El venezolano llegó hace seis semanas a Ciudad Juárez, México, que es limítrofe con El Paso. Ahora apenas come tras acabarse sus ahorros.
En Tijuana, se estimaba que 5.000 migrantes se alojan en más de 30 refugios y muchos más alquilan cuartos y apartamentos. Varios muros de casi 9 metros (30 pies) de altura colocados a lo largo de la frontera con San Diego convertían la zona en un desafío para los cruces ilegales.
Amparándose en las restricciones, las autoridades de Estados Unidos han expulsado a solicitantes de asilo en 2,5 millones de ocasiones y rechazaron casi a todos los que pidieron asilo en la frontera con el argumento de impedir los contagios de COVID-19.
Defensores de derechos de los migrantes han dicho que las restricciones van en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución, y que el pretexto de que se implementaron para evitar contagios de coronavirus ya ha quedado obsoleto debido a los tratamientos existentes contra la enfermedad. Entablaron una demanda para poner fin al uso del Título 42, un juez falló en su favor en noviembre e impuso el plazo del 21 de diciembre.
Sin embargo, estados de tendencia conservadora apelaron la decisión ante la Corte Suprema, advirtiendo que un aumento en la migración causaría estragos en los servicios públicos y provocaría una “calamidad sin precedentes” contra la cual el gobierno federal no tenía un plan.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una orden temporal para mantener las restricciones en vigor.
Posteriormente, el gobierno federal pidió al máximo tribunal estadounidense que rechazara los intentos de los estados conservadores al tiempo que reconoció que poner fin a las restricciones probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales”.
Los estados presentaron una respuesta el miércoles temprano, alegando que permitir que las restricciones expiren mientras la corte revisa la decisión del tribunal de primera instancia causaría “daños inmediatos, graves e irreversibles” a los estados
A pesar de que el plazo del 21 de diciembre había sido fijado hace semanas, el gobierno estadounidense pidió más tiempo para prepararse, aunque dijo que ya ha enviado más recursos a la frontera y reiteró que la solución no es prorrogar la norma indefinidamente.
Alrededor de 23.000 agentes están desplegados en la frontera sur, de acuerdo con la Casa Blanca. El gobierno de Biden informó que ha enviado más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza y que ha aumentado la seguridad en los puertos de entrada.
Si la Corte Suprema toma una decisión antes del viernes, el gobierno quiere que las restricciones sigan en vigor hasta el final del 27 de diciembre. En caso de que la corte tome una determinación el viernes o después de esa fecha, el gobierno quiere que las restricciones sigan vigentes dos días hábiles después de la orden.
Las restricciones de Título 42 permiten al gobierno expulsar de manera expedita a los solicitantes de asilo de todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.
Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, D.C., Juan Lozano en Houston, Alicia Fernández en Ciudad Juárez y Tammy Webber en Fenton, Michigan, contribuyeron a este despacho.
