CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala anunció el viernes que recibió notificación oficial del gobierno de Estados Unidos dando por finalizado el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, con el que deportó al país centroamericano a migrantes de otras naciones para que solicitaran asilo allí.
“El gobierno de Guatemala recibe con beneplácito lo expresado por el presidente Joe Biden respecto al compromiso de su gobierno para con nuestro país y la región, orientado a mantener una estrecha colaboración y coordinación para afrontar juntos los desafíos relacionados con las causas de la migración irregular”, señaló el gobierno guatemalteco en un boletín de prensa.
El Acuerdo Bilateral de Cooperación en Materia de Asilos —conocido como Acuerdo de Tercer País Seguro— fue firmado en junio de 2019 entre el gobierno de Donald Trump y el del expresidente guatemalteco Jimmy Morales bajo total hermetismo y con fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Según el Instituto de Migración, de noviembre de 2019 a marzo de 2020 fueron deportados a Guatemala 579 hondureños y 360 salvadoreños, entre ellos 357 niños y niñas, de los cuales la inmensa mayoría llegó y abandonó el país de forma inmediata con destino a sus países de origen. A su llegada a Guatemala 57 personas solicitaron asilo, pero sólo 20 presentaron la solicitud formal, y hasta ahora a ninguna se le ha concedido.
En marzo de 2020, Guatemala frenó unilateralmente el acuerdo debido a la pandemia y dejó de recibir a migrantes de otros países.
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, dice que los acuerdos siempre fueron criticados porque se hicieron de forma ilegal, tanto por la forma de negociarlos, como la de aprobarlos.
“Lo que hace el presidente Biden es restituir el sistema de asilo y refugio; es como volver a tener políticas que tengan una claridad y transparencia en estos temas, así como claridad en la negociación política con los países sobre migración y refugio”, dijo Roldán.
Consideró que firmar los acuerdos fue una forma de chantaje a los países centroamericanos por parte del gobierno de Trump, con el fin de asegurarse de cumplir una de sus promesas de campaña, que fue el control de la migración.
“En términos de Honduras y Guatemala, (la negociación) se aprovechó para mantener la impunidad”, señaló Roldan, y agregó que esto “fue como cerrar los ojos ante la corrupción e impunidad de estos países”.
