El acoso laboral en los espacios de trabajo del sector público estatal será considerada causal de rescisión del contrato en contra de quien lo ejerza, establecen las reformas aprobadas de manera unánime por la 60 Legislatura mexiquense, a propuesta del Grupo Parlamentario del PRD coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez.
El dictamen de reforma del artículo 93 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, fue presentado a la Asamblea plenaria por el propio Omar Ortega.
De acuerdo con el documento avalado, esta conducta es la que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una persona, con el fin de excluirla de la organización o satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, en contra de algún empleado o del jefe mismo, así como la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar y cualquier otra conducta similar o análoga que atente contra la dignidad del trabajador.
Detalla el dictamen que el acoso laboral se clasifica en tres niveles conforme al sujeto activo: a) Horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional. b) Vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima. c) Vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.
La modificación a la ley es congruente con las disposiciones constitucionales al respecto, abunda el dictamen, como el derecho humano al respeto de la dignidad, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Propone el PRD bonificaciones fiscales acordes a grado de vulnerabilidad
Para beneficiar a la población en condiciones de vulnerabilidad con descuentos acordes a su condición social, la diputada Claudia González Cerón presentó un punto de acuerdo con el que se busca exhortar a los 125 municipios de la entidad para que apliquen las bonificaciones establecidas en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, considerando los indicadores sociales derivados de las Áreas Geoestadísticas Básicas de rezago social, tales como su ubicación geográfica, grado de marginación o servicios.
Al leer la propuesta, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la legisladora afirmó que la aplicación de bonificaciones municipales en la prestación de servicios y cobro de contribuciones debe realizarse bajo un análisis de las Áreas Geoestadísticas Básicas’ (AGEB) urbanas y rurales, cuyo uso tiene como característica la pertinencia, imparcialidad y acceso equitativo.
La iniciativa, explicó, busca que se permitan mayores bonificaciones, pues aunque ya son previstas en la legislación actual, como en el pago de los derechos del agua donde existe una diferencia de tarifas para uso doméstico y uso no doméstico, deben sumarse y aplicarse otras clasificaciones, ya que las familias sin servicios, y que en su mayoría viven en extrema pobreza, no se benefician de las bonificaciones existentes.
Afirmó que la política tarifaria debe asegurar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los usuarios, y advirtió que en el Estado de México falta explorar nuevas fórmulas que permitan impulsar una mayor recaudación y eficiencia en su sistema tributario, dejando de lado que una clave esencial de recaudación es la eficiencia en el beneficio social del gasto público. “Debemos orientar el monto del pago de los servicios a una tarifa social”, indicó.
Para su dictamen, la iniciativa fue remitida a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.
