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Según explicó Josep Nualart i Casulleras (Vilaweb del pasado martes 16), con el nombramiento de Víctor Pío Torre de Silva y López de Letona, como nuevo magistrado del tribunal constitucional andorrano, se produjo un terremoto en Andorra; mostrando, una vez más, que el todopoderoso poder judicial español no pierde ocasión para demostrar e imponer su impronta, como explico a continuación.
En primer lugar, me parece que es interesante recordar la irregular estructura orgánica de Andorra, un país independiente, pero con tutela de Francia y España.
El Principado de Andorra es uno de los cinco microestados europeos (sin contar Luxemburgo, que no es considerado un microestado): Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Malta, además de Andorra); que no deben confundirse con las micronaciones, que no están reconocidas como estados soberanos, por ejemplo, las Islas Anglonormandas que, si bien tienen soberanía propia, no se consideran microestados.
También hay otros microestados, como las islas del Caribe, el Pacífico Sur; Nauru, Tuvalu y las Islas Marshall, en Australia; las Maldivas; Barbados; Seychelles; Singapur; etc.
Y todo ello no es más que el reflejo del poder colonial, todavía en vigor, por diferentes vías; es decir, todo este entramado es fruto de la burocracia de las Naciones Unidas, dominada por los 5 estados que forman el consejo de seguridad y que tienen veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EUA).
Volviendo a Andorra, con una población de 87.486 habitantes, y 468 km2 de extensión, tiene su origen en 1278.
Hasta el 1993 (durante 715 años) estuvo gobernada por dos señores feudales: el obispo de Urgell y los herederos del condado de Foix (que acabó en manos de Francia). Actualmente, es un coprincipado democrático, un coprincipado parlamentario, siendo los copríncipes el obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. El catalán es la lengua oficial.
La constitución de 1991, refrendada el 14 de marzo de 1993, estableció la estructura política actual, y en su título III, fija el papel de los dos copríncipes mencionados, con un papel simbólico y como garantía de la permanencia, y la continuidad de Andorra, así como su independencia, mediante el poder paritario de ambos copríncipes (art. 43.2), que arbitran y moderan el funcionamiento de los poderes públicos y sus instituciones, si bien, no están sujetos a responsabilidad, que la asumen los personajes que las firman: el jefe de gobierno, el síndico general o los ministros competentes.
El tribunal constitucional andorrano, de acuerdo con el título VIII de su constitución, fue creado en 1993, y está integrado por cuatro magistrados por un mandado de ocho años, no renovables de forma consecutiva (alterna si). Estos magistrados son designados, entre personajes de reconocida experiencia jurídica o institucional, por los copríncipes (1 magistrado cada uno) y por el Consell General (2 magistrados); las decisiones se adoptan por mayoría, y, en caso de empate, el voto de calidad lo tiene el ponente, designado por sorteo en cada causa.
Pues bien, como apuntó el mencionado Josep Nualart:
‘El nombramiento de Víctor Torre de Silva y López de Letona como nuevo magistrado del tribunal constitucional ha causado un fuerte terremoto en Andorra. Ha sorprendido a todos, porque nadie se esperaba que el nuevo copríncipe episcopal, Josep Lluís Serrano, designase como sucesor de Josep-Delfí Guardia Canela en el tribunal de garantías un personaje sin ningún vínculo con Andorra, con unos orígenes profundamente conservadores y con lazos muy fuertes con el Partido Popular español y, más concretamente, con uno de los dirigentes del ala más derecha y oscura del partido, el exministro Federico Trillo (destacado miembro supernumerario del Opus Dei); sin olvidar que el segundo apellido, López de Letona, tiene profundas resonancias franquistas (*).
(…)
La interpretación que han hecho la mayoría del Consell General, que han puesto el grito al cielo, es la voluntad del copríncipe episcopal de imprimir un giro conservador al tribunal constitucional, cuando es previsible que en estos próximos años le acaben llegando cuestiones tan sensibles como la despenalización del aborto, o como el caso BPA y la trama andorrana de la operación Catalunya, que han cuestionado la ingerencia española en la soberanía del país.
(…)
Y todo ello hace sospechar que, de una manera u otra, tanto el Vaticano como el reino de España han tenido la capacidad de presionar o de influir en el copríncipe Serrano en el momento de designar a este nuevo magistrado del tribunal constitucional.
(…)
Tradicionalmente y por deferencia, el copríncipe episcopal informaba previamente al gobierno. Esta vez no, y eso también ha molestado.
(…)
España ha vuelto a encontrar la manera de inmiscuirse en los negocios andorranos, y esta vez desde dentro del corazón del estado’.
(Vilaweb, 16 de diciembre 2025)
(*) Su padre, José María López de Letona y Núñez del Pino (1922 – 2018), fue ministro de industria durante el franquismo (desde 1969 a 1974), con los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro, y procurador en las cortes en tres legislaturas, dos como miembro del gobierno y otra por designación de Franco.
Su hijo, el mencionado Víctor Pio, es letrado del consejo de estado, desde 1991, y ha desempeñado diferentes cargos como el de subsecretario de defensa, director del gabinete de presidencia del congreso de diputados, consejero de Renfe, Casa y Puertos del estado, entre otras. Pero ninguna experiencia que le acredite para ser designado, entre personajes de reconocida experiencia jurídica o institucional, como establece la constitución andorrana.
Efectivamente, he comenzado este escrito señalando la irregular estructura orgánica de Andorra, un país independiente, pero con tutela de Francia y España. Una tutela que es ejercida en toda su extensión: custodiar, dirigir, proteger, defender, amparar. Así que por más que los catalanes nos miremos en su espejo, en realidad, su reflejo es difuso, ya que es un microestado, es decir, un estado considerado menor de edad.
Y esa irregularidad es mayúscula, al ser el obispo de Urgell, el copríncipe español; y que el Vaticano siga manteniendo poder terrenal (más allá del propio microestado del Vaticano), es propio de siglos pasados; pero, van sucediéndose los Papas, y ninguno ha querido perder ese minúsculo poder. Y, el actual copríncipe episcopal, Josep-Lluís serrano i Pentinat, ascendido a ese cargo el pasado 31 de mayo del corriente 2025, fue ratificado por el Papa León XIV.
Ese obispo catalán, ha mostrado su clara dependencia del estado español, al nombrar al mencionado nuevo magistrado del tribunal constitucional, y, haciendo la guerrilla del PP, sin cumplir con la deferencia de comentarlo, previamente, al gobierno de Pedro Sánchez, que, una vez más, ha sido ninguneado por el poder judicial. Es decir, dicho obispo nos ha mostrado, nuevamente, el poder del brazo corrupto de la ley. Vaya trabajo más indigno. Pero, claro, temas tan fundamentales, como la ley del aborto, o la investigación del Banco Popular de Andorra (BPA), por los trapicheos efectuados por el estado español en la operación Catalunya, deben justificarles sus acciones, a pesar de que:
‘(…) la constitución andorrana garantice la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 11.1), la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias es sometida únicamente a las limitaciones establecidas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades fundamentales de las otras personas (art. 11.2). Pero la constitución garantiza a la Iglesia Católica el ejercicio libre y público de sus actividades y el mantenimiento de las relaciones de colaboración especial con el estado de acuerdo con la tradición andorrana (art 11.3)
En definitiva, que el principado andorrano tiene una configuración impropia de un estado, o, mejor dicho, corresponde a un estado inmaduro; y eso en diferentes aspectos, como sabemos por su dependencia de los ejércitos franco-español. Y el mencionado nombramiento del nuevo magistrado de su tribunal constitucional, nos confirma esa dependencia.
Y nos muestra, asimismo, nuestro error, pues institucionalmente nos conformamos teniendo como copríncipe a un obispo catalán. Es decir, que nos contentamos con el intercambio de cromos, si habla catalán, prescindiendo de su ideología.
Es evidente, asimismo, que el estado profundo español ‘nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad’ para seguir extendiendo sus tentáculos y expandir su tinta de calamar, mientras que nosotros seguimos con el cirio en la mano.
Por todo ello, debemos de dejar de mirarnos al ombligo, ni fijarnos en Andorra. Un eslogan muy popular del movimiento independentista catalán, durante muchas décadas, fue ‘la independència que ens cal és la de Portugal’ (la independencia que nos hace falta es la de Portugal); y eso nos viene ya desde 1640.
Incluso Gregorio Peces-Barba Martínez (1938 – 2012), uno de los padres de la constitución española, en 2011, manifestó:
‘Yo siempre digo en broma qué hubiera pasado si en lugar de quedarnos con Catalunya nos hubiéramos quedado con Portugal, porque igual nos hubiera ido mejor. Aunque no, hubiera habido un problema gordísimo, porque nos perderíamos los encuentros entre Real Madrid y el Barcelona y esto es muy importante’.
Esta consideración, impropia de un expresidente del congreso de los diputados, con una larga experiencia en cargos oficiales y una sólida formación jurídica; mostró su total desconocimiento de la historia, es evidente, así como un sentido imperial sobre los dominios portugués y catalán.
Por todo ello, si los catalanes ni siquiera sabemos lo que queremos ser, si nos ofuscamos con modelos trasnochados, como el andorrano, que deberíamos tener suficientemente estudiado y abandonado, nunca llegaremos a ser más que la actual mera autonomía nominal, que no de hecho, pues no somos autónomas para nada relevante
