A un costado de Santa Fe, en uno de los pocos pulmones verdes de la CDMX, rodeado de barrancas y con uso de suelo mixto habitacional y de conservación, más de 1,100 perros y 39 gatos quedaron secuestrados tras un desalojo forzoso de sus cuidadores ejecutado en la oscuridad y con uso de la fuerza pública, bajo el amparo de una resolución judicial aún cuestionada.
El predio, identificado con el folio 9442596, fue donado en 1985 por Antonio Haghenbeck a una asociación humanitaria. Sin embargo, en 2020 pasó a manos de su fundación y fue vendido por 650 mil pesos al banco Ve Por Más mediante un fideicomiso formalizado ante el notario 244, Celso Jesús Pola Castillo. Este notario, investigado por la UIF y la Fiscalía por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el llamado “cártel inmobiliario” de la era Mancera, privilegió departamentos sobre vidas animales.
La voracidad inmobiliaria avanza sin escrúpulos. La Fundación incumplió el convenio firmado en 2022, en el que se comprometía a construir un nuevo refugio antes de cualquier desalojo. No edificó nada y, aun así, alegó supuestos incumplimientos del Refugio. Han pasado más de cinco días de caos desde la resolución del 9 de diciembre y, el pasado 16, durante una mediación con el gobierno de la CDMX, la fundación, representada por Carmela Rivero, se negó a retomar sus compromisos, dejando en total incertidumbre el destino de estos seres sintientes.
Este escándalo animalista exhibe con crudeza la lógica del negocio inmobiliario: notarios bajo sospecha facilitan operaciones que borran áreas verdes y desprecian la vida animal. La pregunta es inevitable: ¿cuántas vidas más estamos dispuestos a sacrificar en nombre del concreto? Estos animales, ya abandonados una vez, merecen al menos una revisión judicial exhaustiva y un censo verdaderamente imparcial
