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El Coneval presenta el estudio ‘Educación para la población indígena en méxico: el derecho a una educación intercultural y bilingüe’

  • Este documento aborda el diagnóstico de la educación de la población indígena en México y la oferta gubernamental disponible para contribuir al ejercicio del derecho a la educación de esta población, todo ello en el marco de las afectaciones que la pandemia por la COVID-19 significó.
  • El objetivo es proporcionar información que permita visibilizar los factores estructurales que afectan el aprendizaje y la educación de la población indígena, así como los retos que enfrenta la política educativa para su atención, considerando las condiciones de discriminación, precariedad y pocas oportunidades en el ejercicio de los derechos de esta población. 
  • Las principales problemáticas para el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena durante la pandemia fueron la falta de conectividad y el acceso a equipos de cómputo. Estas carencias no solo afectan a las familias, sino también a las y los docentes.
  • La percepción, tanto de las y los docentes como de los padres de familia, fue que durante la pandemia no se lograron cubrir los contenidos mínimos en cada materia, lo que pone en riesgo el futuro académico de esta población, agravando la brecha histórica que los ha caracterizado y colocándolos en una condición de riesgo de abandono escolar y de incorporación temprana al mercado laboral.
  • Las y los estudiantes hablantes de lengua indígena se ven obligados a matricularse en escuelas generales; solamente la cuarta parte accede a clases en su lengua o al menos les proporcionan parcialmente esta facilidad.
  • En cuanto a la oferta gubernamental dirigida al ejercicio del derecho a la educación para esta población, los programas existentes buscan garantizar y cubrir el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes indígenas en diversas líneas de acción. Sin embargo, han presentado recortes presupuestales y dificultades logísticas en su implementación.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el documento Educación para la población indígena en México: el derecho a una educación intercultural y bilingüe con el objetivo de proporcionar información que permita visibilizar la problemática de la política educativa indígena y los factores asociados para contribuir a la toma de decisiones de las autoridades educativas, considerando que la población indígena ha enfrentado, históricamente, condiciones de discriminación, precariedad y pocas oportunidades en el ejercicio de sus derechos.

Contexto

En 2020, en el país había 11.8 millones de personas que habitaban en hogares indígenas  (5.8 millones hombres y 6.0 millones mujeres). En ese mismo año, con base en los resultados de la medición de la pobreza en México del CONEVAL, alrededor de 8 de cada 10 personas que declararon hablar alguna lengua indígena se encontraba en situación de pobreza (76.8%), cifra significativamente superior a la que presenta la población no hablante de alguna lengua indígena (41.5%); en cuanto a las carencias sociales, el 47.0 % presenta rezago educativo, el 80.9% no cuenta con seguridad social y el 67.4% no cuenta con los servicios básicos de la vivienda.

Este documento presenta un diagnóstico del estado de la educación de la población indígena en México y, en particular, sobre su pertinencia respeto a la lengua y cultura de los pueblos, así como de la oferta gubernamental disponible para contribuir al ejercicio del derecho a la educación de esta población, todo ello en el marco de las afectaciones que la pandemia por la COVID-19 significó para la educación en nuestro país.

En el inicio del ciclo escolar 2019-2020 existían 22,766 escuelas indígenas  en el país, de las cuales 2,338 eran iniciales, 10,035 preescolares y 10,393 primarias, de acuerdo con datos de la SEP. A nivel educación básica, Oaxaca y Chiapas son los estados con más escuelas indígenas en el país debido a que el 31.2% y 28.2% de su población de 3 años o más es hablante de lengua indígena, respectivamente. Acceder a escuelas donde se puede aprender en la misma lengua materna es un derecho y un incentivo para que los alumnos y alumnas se matriculen. Existen estudios que sugieren que las escuelas indígenas ayudan a mejorar los índices de acceso y permanencia de la población indígena. 

En 2020, el 19.8% del total de la población hablante de lengua indígena era analfabeta (es decir 1.3 millones de habitantes); lo que representa que 2 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena no sabían leer ni escribir. Estas proporciones varían según grupos de edad. Para la población hablante de lengua indígena de 12 a 17 años la tasa de analfabetismo es de 3.2%; para el grupo de 18 a 29 años, este porcentaje aumenta a 5.1%; para el grupo de 30 a 64 años se incrementa hasta el 20.6%; y para los adultos mayores de 65 o más años llega al 53.6%. 

Si bien en los últimos 20 años hubo avances importantes en materia de alfabetización de la población hablante de lengua indígena, aún queda mucho por hacer. Existen brechas generacionales y de sexo considerables entre esta población.

Metodología

El análisis exploratorio incluyó la recolección de información mediante tres fuentes principales: 1) Una encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena en 15 municipios, con el objetivo de conocer su contexto socioeconómico, e identificar las facilidades y obstáculos que enfrentaron para ejercer su derecho a la educación durante la pandemia; 2) Tres estudios de caso, en los siguientes municipios: San Cristóbal de las Casas, Chiapas (hablantes de tzeltal y tzotzil); Jalapa de Díaz, Oaxaca (hablantes de mazateco); y Guachochi, Chihuahua (hablantes de tarahumara) que permitieron contar con un análisis de los diferentes entornos en los que se provee el servicio de educación indígena; 3) Entrevistas a profundidad a autoridades educativas, entre las cuales se encuentran directivos y docentes de escuelas indígenas, así como a funcionarios públicos responsables de la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena en el orden federal.

Principales hallazgos

A medida que se avanza en el nivel educativo, menos estudiantes hablantes de lengua indígena permanecen en las aulas, mientras que cerca del 30 % de los jóvenes en edad de cursar estudios universitarios en México están inscritos en algún plantel de educación superior, menos del 3% de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena lo hacen.

Las principales problemáticas que se presentan para el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena durante la pandemia fueron, en general, la falta de conectividad a internet y el acceso a equipos de cómputo. La encuesta también identificó que, de quienes tomaron clases a distancia, el 17.8% no contó con un escritorio o mesa para estudiar; el 20.7% no tuvo un lugar tranquilo para estudiar sin distracciones; un 34.6% no dispuso de libros de consulta para realizar sus actividades escolares, y el 87.7% no contó con computadora. 

En los municipios analizados, los recursos educativos y pedagógicos más usados por las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena durante la pandemia fueron los cuadernillos elaborados por los propios docentes –o por el Conafe en sus planteles– y la mensajería electrónica instantánea vía celular.

Aunque la mayoría de los hogares contaba con un teléfono celular y algún otro medio para estudiar en línea durante la pandemia, en promedio, los hogares tenían al menos dos hijas o hijos que estudiaban, lo cual presenta una limitación en la posesión de medios básicos para dar continuidad a sus estudios en casa en la modalidad educación a distancia. 

El uso de herramientas tecnológicas para el acceso a la educación generó gastos adicionales para las familias y para las y los docentes, impactando de manera negativa su economía que, de por sí, estaba siendo afectada por la contingencia sanitaria. Por su parte, los docentes y directivos reportaron que el acompañamiento pedagógico durante la pandemia implicó que asumieran los costos de la impresión de cuadernillos de trabajo, de traslado y de datos de celular.

Se observó que el principal apoyo que tuvieron las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena para su educación durante la pandemia fue de la familia, lo que contribuye al rezago en la formación de los estudiantes, en virtud de que la carga principal del aprendizaje se fundamentó en personas que frecuentemente no contaban con los elementos suficientes para dar el apoyo educativo adecuado.

En cuanto a la enseñanza de la lengua indígena, como resultado de la encuesta, se observó que las y los estudiantes hablantes de lengua indígena se ven obligados a matricularse en escuelas generales, solamente una cuarta parte accede a clases en su propia lengua o al menos les proporcionan parcialmente esta facilidad. 

La opinión que tienen las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena de sus maestros es favorable, ya que perciben buen trato y respeto de los docentes respecto a sus costumbres. Sin embargo, se muestra que los profesores no dominan alguna de las lenguas indígenas de la región y, en consecuencia, no enseñan en la lengua materna de los alumnos. 

En los estudios de caso se observó que, aunque los docentes hablaban la lengua de sus estudiantes, durante el cierre temporal de las escuelas, la comunicación con ellos se dio primordialmente en español y los materiales que se elaboraron para el seguimiento pedagógico tampoco consideraron el derecho de los estudiantes a aprender en su lengua materna. 

La percepción, tanto de las y los docentes como de los padres de familia, fue que no lograron cubrir los contenidos mínimos en cada materia, lo que pone en riesgo el futuro académico de la población hablante de lengua indígena, agravando la brecha histórica que los ha caracterizado y colocándolos en una condición de riesgo de abandono escolar y de incorporación temprana al mercado laboral precario. Fue común una fuerte preocupación por el potencial abandono escolar para la incorporación de niñas, niños y adolescentes en actividades productivas, especialmente en aquellos estudiantes que se ubican al final de algún ciclo como la primaria o la secundaria.

La experiencia general reportada por todas las personas entrevistadas reflejó los retos, deficiencia de instalaciones y equipamiento y las complicaciones que revelaron algunas de las carencias de larga data que aquejan a las comunidades indígenas y educativas. De igual manera, coinciden en la urgente necesidad de atender las demandas tecnológicas que, si bien ya no serán utilizadas para clases en línea —ya que las y los docentes prefieren el trabajo presencial— sí podrían servir como complemento al proceso educativo para flexibilizar las actividades y así asegurar la permanencia escolar. Las personas docentes y directivas reconocen el trabajo que los padres de familia dedicaron a las clases a distancia, sin embargo, también coincidieron que tienen limitantes que inevitablemente dificultaron el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

En cuanto a la oferta gubernamental dirigida al ejercicio del derecho a la educación para la población indígena, se identificó que 14 programas presupuestarios planteados por el gobierno federal buscan garantizar el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena en diversas líneas de acción.

En las entrevistas realizadas se refieren recortes presupuestales en los programas y dificultades logísticas derivado de adecuaciones que tuvieron que realizar. Dicha reducción presupuestal disminuyó la capacidad de los programas que apoyan a niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena para cumplir con sus objetivos y metas; repercutió en el acceso a materiales educativos de las y los docentes de educación indígena en los estados; así como en la capacitación que recibieron para atender a los alumnos durante la contingencia sanitaria. 

El contraste entre el mapeo de programas y la percepción de los responsables de implementarlos en todos los niveles de gestión muestra que las brechas se ampliaron al poner en evidencia las carencias de las comunidades educativas que atienden a este sector de la población.

El análisis de los programas federales que buscan alentar el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena muestra que sus esfuerzos se enfocan principalmente en municipios y localidades de alta y muy alta marginación.  

Los responsables de la operación de los programas mencionaron que, para dar acompañamiento a los estudiantes a partir del cierre de las escuelas, tuvieron que enfrentar obstáculos no solo logísticos por la falta de acceso a los planteles, sino también de orden presupuestario. 

De acuerdo con las entrevistas, existe también una falta de coordinación entre diversos programas durante la contingencia, lo cual afectó el registro de estudiantes en las plataformas de programas de becas que alientan la permanencia en las aulas de las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena.