Buscar

El control de los ciudadanos en manos de Ferrovial.

La culpa humana es uno de los pilares de la cultura occidental cristiana, y el sacramento de la confesión es una de las estrategias de control, que tradicionalmente ha tenido la estructura jerárquica, para dominar a la población.

Ahora, la pandemia nos ha hecho ver a todos como posibles contaminantes, y a los ‘otros’, como potenciales enemigos biológicos, como comenté en un anterior escrito.

Y la estrategia de los estados se basa en implantar aplis que permitan el rastreo de los ciudadanos, para conocer, en todo momento, nuestra geolocalización, nuestros movimientos, nuestros contactos.

“Si tenéis un teléfono con sistema operativo Android y entráis en su configuración, y seguidamente al apartado Google, encontraréis una lista de servicios encabezada por las ‘Notificaciones de exposición al covid-19’. Si vuestro dispositivo es de Apple, lo mismo. Esto ya está instalado en nuestras vidas, según Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Y no creo que estas compañías hayan desarrollado este servicio sin una decisión gubernamental que las avale” (Toni Pou, Ara, 7/6).

Realmente, es así, lo comprobé ya hace unos días, cuando me lo comentó un amigo.

El citado Pou, continúa “efectivamente, gobiernos de todo el mundo trabajan en aplicaciones de rastreo de contactos con el objetivo de controlar nuevos brotes de covid-19. El problema, tal como apunta Lecuona, es que hay muy poca transparencia y no sabemos qué modelo de aplicación se nos ‘invitará’ a descargar. Como criterios generales, cualquier medida ha de ser proporcional, respetuosa con los derechos y, sobre todo, temporal. (…) La aplicación Stop Covid-19 Cat que se lanzó en Catalunya requería que el usuario introdujese el número de la tarjeta sanitaria y que se geolocalizase, dos parámetros que debilitan las garantías de privacidad. La aplicación que se desarrolló en Madrid, CoronaMadrid, también leía la localización del dispositivo y, además, informaba que empresas como Banco de Santander o Ferrovial tenían acceso a los datos.

(…) La poca información que hay sobre la futura aplicación, que el gobierno español quiere ensayar este mismo mes de junio en una de las Islas Canarias, indica que funcionará con un sistema de balizas por Bluetooth, que habría de garantizar el anonimato y respetar la privacidad del usuario.

Todo y que estas balizas, en principio anónimas, no deberían almacenarse más de 14 días, Àngel Puyol, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en bioética, dice que ‘estos sistemas pueden generar un cierto miedo, porque todos sabemos que los datos se pueden desencriptar (descifrar). Otra cuestión importante es dónde irán a parar estos datos. Para hacer funcionar estas aplicaciones, los gobiernos necesitan las compañías como Google o Apple, además de los operadores de telefonía.

(…) Otra limitación de estas aplicaciones es que el sistema de Bluetooth en el que se basarán no está concebido para proteger la privacidad, de hecho, la tecnología está pensada para hacer lo contrario.

Y desde el punto de vista de la eficacia, se ha de tener en cuenta que tampoco mide las distancias con precisión. Esto puede hacer que tampoco mida las distancias con precisión. Esto puede hacer que se obtengan numerosos falsos positivos, por lo que se pondría en cuarentena personas que no están infectadas”.

Como podrá recordar el paciente lector, este tema ya lo traté en un anterior escrito, en esta misma línea, pero me ha parecido sumamente clarificadora la presente exposición de Pou, para justificar está larga transcripción, que ruego que el lector perdone.

En mi escrito anterior comenté que el sistema estará diseñado para que nosotros, voluntariamente, introduzcamos la información sobre nuestro estado de salud, mediante la aplicación mencionada, y la misma informará, anónimamente, a todos nuestros contactos.

Este es otro punto de debilidad del sistema, ya que requerirá que, por nuestra parte, indiquemos los síntomas. Si fuéramos a un hospital o a un centro de atención primaria, serían ellos que los que introducirían esa información. Y la aplicación ya generaría el resto del “servicio / control”, con la consiguiente alarma a todas las personas con las que nos hayamos cruzado por la calle, en el autobús, etc., sin discriminar si el ‘encuentro’ ha sido casual, puntual, de segundos o de horas. Todos recibirían el aviso de que han estado en contacto con un contaminado anónimo, para ellos, no para el sistema, como he comentado.

La solicitud de que nosotros mismos seamos los que nos auto-inculpemos, me ha hecho recordar el sacramento de la confesión, con la que he iniciado este escrito. Y efectivamente, la finalidad y mecánica es la misma, y en base a ella, su estrategia, como he comentado, es mantener el control de la ciudadanía.

Si fuera un control realmente anónimo y de corta duración, los 14 días de prevalencia del virus, con toda seguridad muchos ciudadanos estarían de acuerdo en ceder su privacidad; pero todos sabemos que ese control será utilizado por muchas empresas privadas, con fines lucrativos; y por el estado, con fines que sólo las capas más profundas conocerán, y que sus policías patrióticas podrán utilizar, sabiendo si hemos asistido a tal o cual manifestación.

Otro aspecto oscuro, que precisaría mucha luz y taquígrafos, es el contrato efectuado con la empresa Ferroser, filial de Ferrovial, por 18 millones de €, según desveló El Confidencial, haciendo público el contrato.

El colegio de médicos y el sindicato de enfermerías de Barcelona ha pedido que se anulase dicho contrato, pues consideran que por coherencia y seguridad clínica, dicho servicio ha de efectuarlo el servicio de atención primaria.

La consellera de sanidad, Laura Vergés, justificó ese contrato, sin efectuar el habitual concurso público, por la premura y la urgencia.

La verdad es que, como he dicho, todo es muy opaco y da lugar a todo tipo dudas y rumores que han corrido por todas las redes, como, por ejemplo, que Roger Junqueras, ingeniero técnico agrícola, hermano de Oriol (presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, actualmente en prisión), es directivo de Ferrovial.

Asimismo, esa empresa tiene una historia que no está nada clara, y no solo por sus vinculaciones con el caso de sus ‘donaciones’ al Palau de la Música; cabe recordar que “los ex directivos de Ferrovial fueron absueltos, por haber prescrito los delitos de administración desleal y tráfico de influencias” (El Periódico).

La historia de esa empresa, fundada en 1952 por Rafael del Pino (hijo de Fernando del Pino y del Pino y de Ana Mª Calvo-Sotelo, hermana del que fue presidente del gobierno), y actualmente presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo, también requeriría un estudio en profundidad, para averiguar cómo llegó, esa familia, a amasar su gran fortuna.

Como se desprende de todo lo expuesto, sería aconsejable una transparencia total, retroceder el contrato y efectuar un concurso de acuerdo con los requisitos legales.

No es ético que la pandemia sea la coartada, la carta blanca, para que los responsables políticos vayan a la suya, como, por ejemplo, también hace la alcaldesa Ada Colau, contraria acérrima a la concepción de las grandes ciudades y al uso de los vehículos particulares y, ahora, con la excusa de la actual crisis, aplique todas las regulaciones para potenciar, drástica y ridículamente, el uso de las bicicletas, sin incrementar, previamente, la frecuencia y las líneas de los autobuses.

Pero, obviamente, todas estas malas hierbas no nos deben hacer olvidar que el tema central es la imposición de un control de los ciudadanos, geolocalizándonos en todo momento, mediante la utilización de empresas privadas y, lo que es más grave, sin informar previamente a los ciudadanos (incluso, inicialmente, negando la introducción de la aplicación que todos podemos ver en nuestros teléfonos móviles; y después diciendo que si no la activamos, no funcionará…).

En definitiva, como he comentado en repetidas ocasiones, la ‘nueva normalidad vigilada’ de Pedro Sánchez, realmente comportará no sólo una pérdida de derechos y funciones por parte del gobierno de la Generalitat, sino que, individualmente, perderemos también grados de libertad.

Y por desgracia, esa pérdida será irreversible, todo lo malo viene para quedarse, por eso soy muy pesimista y veo que nuestro presente y futuro será muy negro, deprimente.

Amadeo Palliser Cifuentes