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Es sabido que gobernar es priorizar los recursos, para atender las necesidades; ahora bien, las motivaciones para determinar esas necesidades, en general, son opacas. Un claro ejemplo de estos días, con una cierta notoriedad en las redes sociales, es el edadismo sanitario, como paso a comentar.
En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, celebrada en 1992, se hizo popular la expresión ‘piensa globalmente, actúa localmente’, frase del filósofo y sociólogo francés Jacques Ellul (1912 – 1994).
Y ese pensamiento ‘glocal’, como se abrevió uniendo las palabras globalización y localización, y tomando el referente de la palabra japonesa ‘dochakuka’ (localización global) como pasa siempre, fue una simple moda pasajera, pues no se tradujo en cambios de estrategia ni en nuevos modelos de gobernanza, ya que los poderosos, únicamente, velan por maximizar sus intereses privados.
En ese sentido, las leyes pueden ser más o menos bien intencionadas, como, por ejemplo, la constitución española, que, en su artículo 1.1, destaca que:
‘España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político’. Igualmente, en su art. 1.2, se dice: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado’.
Ahora bien, la realidad es que la estrategia que siguen la mayoría de gobiernos, es la de ‘todo para el pueblo, pero sin el pueblo’, del despotismo ilustrado, pervirtiendo, así, la filosofía de los jacobinos en la Revolución francesa (1789 – 1799): ‘todo para el pueblo y por el pueblo; con el pueblo todo, sin el pueblo, nada’, y la de Abraham Lincoln (1809 – 1865) ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’.
Es sabido que, obviando cualquier resquicio ético y moral, priva el liberalismo, el libre mercado del capitalismo salvaje, que pretende (y ha conseguido) disminuir a estratos simbólicos y residuales, el poder político, sometido dócilmente. Y en ese sentido, las grandes empresas, los grandes ‘trusts’ económicos, han llegado a hacernos creer a los consumidores (ya no ciudadanos), que el mercado es libre y el sistema determina y regula los precios, de acuerdo con la oferta y la demanda.
Y así, los aspectos damnificados, tradicionalmente, son los bienes supremos, como la salud, la educación, la vivienda, etc.; pues su socialización requiere gobiernos fuertes.
Y centrándonos en el aspecto fundamental, como es la salud y, en definitiva, la vida, vemos que el gobierno español, como la mayoría de gobiernos, ‘oficialmente’ defienden velar por prestar el mejor servicio al respecto, pero la realidad, la triste y penosa realidad, es que no es así, pues su gestión se basa en el edadismo institucional, como uno de sus instrumentos de gestión / depuración.
Es conocido el edadismo en las actrices, por ejemplo, que, al llegar a ciertas edades, se vuelven invisibles (con raras excepciones); y, también, en el acceso al trabajo, pues las ofertas restringen las posibilidades en base a la edad. Y eso es pura y dura gerontofobia, además de ser ilegal.
Y ese edadismo, con sus estereotipos y prejuicios, evidencia una clara discriminación por razón de la edad y, especialmente, por el binomio edad y bajos o medios recursos económicos; ya que, los mayores con grandes recursos, acceden a la medicina privada, y todo lo tienen solucionado.
Y lo grave, es que socialmente, hemos acabado asumiendo esa discriminación por razón de edad, como vemos por el siguiente ejemplo, que es uno de los que estos días han circulado en los diferentes medios de comunicación; en concreto, el publicado por Marta Rodríguez Carrera, en el Ara de hoy:
‘Demasiado mayor para entrar en el cribado de cáncer: un jubilado catalán denuncia edadismo en la prevención de la salud.
En dos resoluciones judiciales, Joaquim Vilargunter obtuvo la respuesta a la denuncia por edadismo que había presentado contra el Servei Català de Salut (CatSalut). Este abogado barcelonés aportó a la justicia el programa de cribado de cáncer de colon porque excluye a las personas de más de 69 años.
Se sintió discriminado por la edad y pidió que la sanidad pública amplíe hasta los 74 años la prueba de detección precoz del tumor que tiene más incidencia en hombres y mujeres, según las estadísticas del departament de Salut. ‘Tengo derecho y lo justifiqué aportando guías europeas de salud en las que se recomienda ampliar el grupo objetivo de edad’. (…) Efectivamente, en Euskadi ya hace tiempo que la población diana del screening es entre los 50 y los 74 años, la misma franja que en otros países de la UE. ‘Lo hago porque a partir de 69 no desaparecen enfermedades ni probabilidades de tener cáncer, al contrario’.
Pero el juzgado no le dio la razón y desestimó la denuncia. Previamente, había recibido la misma respuesta negativa de CatSalut a su solicitud planteada por la vía administrativa. Consciente de que los términos judiciales se pueden eternizar, reclamó como medida cautelar entrar en el programa pasada la barrera de los 69 mientras esperaba una resolución.
La prueba de detección consiste en una muestra de heces para descartar la presencia de restos de sangre que pudiesen esconder una lesión o un tumor en el colon y recto del paciente. ‘Es una prueba baratísima que puede evitar una enfermedad potencialmente mortal, con un tratamiento más caro económicamente y más agresivo’, justifica, y retrae ‘el edadismo institucional’ en un ámbito tan delicado como la salud.
De hecho, el colo-rectal no es el único diagnóstico precoz en el que se limita la edad del paciente: entre los 50 y los 69 años también se hacen mamografías y la edad tiene un límite para la prueba de detección de cáncer de cérvix son los 65.
(…) en julio pasado, el juzgado contencioso administrativo número 8 de Barcelona comunicó a Vilargunter que le denegaba entrar en el programa de detección de manera cautelar.
Pero esta no fue la única derrota. El juez le condenó a pagar 300 euros por los costes procesales. Con esta resolución solo le queda ir a una instancia superior; un paso que casi descarta por el coste económico que le supondría embarcarse y, también, porque con 72 años que tiene ahora, si le llegasen a dar la razón, calcula que se plantaría en los 74 o más y volvería a estar excluido del plan público.
Vilargunter insiste que excluir automáticamente a partir de los 69 ‘no responde a criterios médicos actualizados’, sino que, por el contrario, se ajusta al seguimiento de la literatura médica desfasada y a menospreciar el valor de la prevención en personas mayores. Teniendo en cuenta que a medida que se hacen años hay más riesgos de enfermedades, apunta que el simple análisis de heces ‘podría salvar vidas’ y evitar más padecimientos de los necesarios. ‘En el fondo, te dicen que ya te puedes morir, que la administración tiene la potestad de decidir cuando las personas tienen derechos o dejan de tenerlos, porque pasados los 69 años, ya toca la aventura’, reflexiona. Opina que todo obedece más a la ‘dejadez’ de las autoridades sanitarias que no al rigor científico.
El juez entiende la demanda, pero razona que en el procedimiento no se ha acreditado qué perjuicio irreparable se derivaría de no hacer la prueba inmediatamente y descarta ‘periculum in mora’, es decir, que haya un peligro en la demora para volverlo a incluir en el programa de detección’.
(Ara, 19 octubre 2025)
Es preciso señalar que, según otras informaciones de las redes, el test del cribado cuesta 10 euros.
La existencia de esa discriminación por edad, la hemos sufrido y sufrimos todos los mayores, con total impunidad para los gobiernos.
En concreto, personalmente, en las últimas décadas en la empresa multinacional en la que trabajé toda la vida laboral; y, recientemente, tras detectarme el cáncer de próstata, me informaron que el protocolo fijaba que efectuaban la operación hasta los 69 años; pero como tenía 74, ya no me tocaba; otro ejemplo fue, cuando, al pedir una segunda opinión médica, como está previsto en la web de CatSalut, el especialista del Hospital del Valle Hebrón me recomendó la realización de una exploración PET/TC (tomografía por emisión de positrones), y al comentarlo a la doctora que tengo asignada en el Hospital Sant Pau, me dijo que esa prueba era ‘la Tesla de las pruebas, y que por protocolo, ya era suficiente con las que me habían hecho’. Como es lógico, protesté, igual como hice después en la Clínica Puigvert (que actúa como departamento de urología del anterior), y volvieron a argumentarme el protocolo de la puñeta.
Me parece comprensible que los pacientes tengamos acceso a todas las pruebas necesarias, y, descartar si hay metástasis en otras partes del organismo, es un argumento más que justificado. Pero NO, ahora se limitarán a un control semestral del PSA (el antígeno prostático específico) mediante una simple analítica de sangre; si bien, así se detecta si vuelve a reproducirse el cáncer de próstata, nada más.
Como he dicho, gobernar es priorizar, pero en ningún programa electoral se dice que primarán las inversiones en armamento, por ejemplo, en detrimento de la salud de la ciudadanía. Y hacerlo, es transgredir los principios éticos y morales más elementales.
Y que gobiernos como el de Pedro Sánchez / Salvador Illa, carezcan de esos principios fundamentales, es para condenarlos de por vida a picar piedra en el desierto de Atacama, o a vaciar el océano sacando cubos de agua, pues son merecedores de cualquier castigo similar al del mítico Sísifo (subir un roca a la cima, para que vuelva a caer, y así, volver a subirla), o al de Prometeo, encadenado en una montaña y que los buitres y águilas le devoraran el hígado, que luego volvía a crecerle, o al de Tántalo, colgado de un árbol, padeciendo sed y hambre.
Todos esos castigos ‘divinos’ eran ejemplares, para advertir a la humanidad que no cruzara determinadas líneas rojas. Y en esas nos encontramos (recordando mi escrito de ayer sobre los sermones)
Está claro que los gobiernos nunca nos hablarán de forma clara y transparente. Por eso, a los que nos han defraudado repetidamente y, ahora, en el tema que nos ocupa, deberíamos repudiarlos, deberíamos pasar todas las líneas rojas.
A esa inmoralidad, encima hay que añadir la incompentencia (por llamarlo de forma suave), pues, hace unas semanas se publicó que el gobierno autonómico andaluz, había ‘archivado’ sin analizar ni atender, más de 2000 mamografías, comportando que las pacientes vieran demorar sus tratamientos y, claro, empeorar sus curas. Si eso no es grave, ya no sé lo que es.
Por lo tanto, deberíamos ser críticos, exigentes, duros y justicieros. Deberíamos tomar las calles, de forma pacífica, pero contundente, para derrocar a estos gobiernos y, claro, exigir que, en las próximas elecciones, los correspondientes programas electorales de todos los partidos políticos puntualizaran, de forma clara y efectiva, sus prioridades de gobierno; y, de ese modo, votaríamos con pleno conocimiento de causa.
Hace unos días, un compañero de manifestación de Meridiana Resisteix, contestó a uno de mis escritos, puntualizando que ‘la independencia, ‘per se’, no es una garantía contra la manipulación política’, y efectivamente, es así, por eso, antes de votar, deberíamos exigir programas y medidas de control.
E, inmediatamente, depurar todos los poderes del estado, pues que un juez pueda sentenciar, como hemos visto, que no hay ‘periculum in mora’, ni la necesidad de medidas cautelares, es decir, que no existe un riesgo que exija que se actúe inmediatamente, ya es el summum del cinismo y de la perversión; máxime cuando, con anterioridad del referéndum del 2017, ante cualquier medida adoptada por la Generalitat y/o el Parlament de Catalunya, sí que veían ese riesgo y, por eso, actuaban inmediatamente, incluso reuniéndose en domingos y festivos.
En definitiva, que tenemos mucho trabajo, muchísimo, si queremos conseguir nuestra República y configurarla siguiendo los mejores modelos democráticos, con reconocimiento de los valores humanos, sin excusas ni paliativos posibles.
