Como sabemos, el estado español, desde siempre ataca, por tierra, mar y aire, todo lo que huela a catalán; el nacionalismo carpetovetónico español, tradicionalmente, ha aplicado y sigue aplicando la estrategia del conquistador, de tabula rasa con la tierra sometida.
En este escrito me centro en la lengua, por una sentencia muy reciente (STS 282/2020):
En la constitución de 1978, en su titulo preliminar, art. 3, se fija:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
2. las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
La lectura de este artículo ya expresa, de forma explícita, la ideología que sustenta la constitución en cuestión, ya que:
· El reconocimiento del castellano, como tal, es una manifestación de la imposición de una lengua histórica y geográficamente de un territorio, sobre la totalidad del estado.
· El deber de conocerla y el derecho de usarla, por parte de todos los españoles, es la manifestación formal de esa imposición.
· El tratamiento del catalán, el euskera, el gallego, el bable (asturiano), el aranés (Vall d’Aran), que son denominadas, despectivamente como ‘otras’.
· No de fija el deber de conocer esas ‘otras’ y el derecho de usarlas, para ello se remite a los respectivos estatutos de autonomía, que son leyes de rango inferior.
· La expresión de ‘riqueza’, ‘patrimonio’ que serán ‘objeto de especial respeto y protección’, no deja de ser más que una voluntad, un deseo, del superior y poderoso respecto al inferior y débil.
El problema viene de muy lejos, desde nuestra derrota en 1714, a manos del Borbón Felipe V, y se constató, nuevamente, al formalizar esta constitución, como señaló de forma clara Joan Fuster.
Joan Fuster i Ortells (1922-1992), escritor, catedrático y activista de los derechos lingüísticos valenciano, en un artículo titulado “Països Catalans, 1978” (13/0/2017) retomó sus ideas desarrolladas en su obra “Nosaltres els valencians” (1962), reflexionando sobre el pasado, presente y futuro del País Valencià, proponiendo la reconstrucción nacional dentro del marco de los territorios de habla catalana, los Països Catalans, término que él mismo popularizó.
(…)
Desengañado por el aire que tomaba la transición y el proceso autonómico (…) manifestó su disconformidad con la elaboración de la constitución española de 1978 y la estructuración de las futuras comunidades autónomas (…) reivindicó unos Països Catalans, como impugnación al consenso de la transición y de sus renuncias.
(…)
¿Unos cuantos ‘almogávares’ – pocos – muchos? No tantos como sería preciso – se han enfadado porque los diputados españoles, en pleno ‘consensualismo’, han decidido que en ningún caso se admite la federación de comunidades autónomas. La cosa se ha interpretado, y así ha de ser interpretada, como un obstáculo constitucional a la idea política de los Països Catalans.
Naturalmente, si un día, el País Valencià, las Illes Balears y el Principat de Catalunya llegan a federarse (…) la clase política de Madrid sufriría un infarto ‘nacional’ (…) La propuesta del veto provenía del sector ultra: la llamada Alianza Popular. Y todos, o casi todos, la votaron. Y unos pocos, se abstuvieron. Era un exceso de consenso (…) (ElNacional.cat).
En la Comunidad Valenciana, desde el principio del actual período ‘democrático’, se produjo un notable movimiento anticatalán, reivindicando incluso la ‘independencia’ del valenciano respecto a la matriz catalana; prescindiendo de la historia y de la ciencia filológica. Pero ese es un debate político de los partidos de derechas, liderados por el PP, y nada académico, por lo que carece de todo interés, salvo el populista.
Más enjundia tiene la actuación del tribunal supremo español que, la semana pasada, (STS 282/2020) rechazó parcialmente el decreto de la Generalitat Valenciana que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, y que establecía que las comunicaciones con Catalunya se habían de hacer sólo en catalán. Fijaba que, si se trata de comunicaciones con comunidades ‘pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, en este caso sólo se redactarán en esta lengua’. La traducción al castellano se haría si se pidiese.
(…)
El alto tribunal argumenta que esto es competencia del estado y que también es preciso hacer la traducción al castellano.
En dos sentencias, el supremo constata que es el estado, según la constitución, quién tiene la competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo común, en particular de la lengua en el caso de documentos elaborados en una lengua cooficial en el ámbito de una comunidad autónoma que hayan de provocar efectos fuera de su ámbito territorial.
Quim Torra, aseguró ayer, que la Generalitat seguirá comunicándose en catalán, ‘lengua común’, con los gobiernos valenciano y balear (…) acatar esta sentencia sería aceptar una burla monstruosa e ignominiosa a la lengua”. (Ara 15/6).
“‘Habiendo jueces, para qué necesitamos filólogos’, ironizaba en un tuit el dibujante Julio César Pérez (o Amarillo Indio). Condensaba a la perfección la absurdidad que supone la sentencia del supremo que no permite que sean sólo en valenciano (o catalán) las comunicaciones entre la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Catalunya y de las Illes Balears. (…) En efecto, que los jueces (aún que sean del supremo) quieran sentenciar sobre asuntos que son propios de la filología es un absurdo equiparable al que supondría la situación inversa, que los filólogos quisieran modificar el código penal, desde la gramática o el diccionario.
Si los jueces se dan a ellos mismos el poder de hacer que unas lenguas sean o dejen de ser válidas para determinados usos (en este caso administrativos e institucionales, y sólo entre administraciones que tienen el valenciano, o catalán, como lengua común), lo único que hacen es invadir un ámbito que no les corresponde e incurren en un abuso de poder. Y contribuir, en este caso, a una crispación social ya existente, en lugar de mitigarla.
En los países digamos normales, ni los tribunales, ni aún menos las altas instancias judiciales se dedican a emitir sentencias sobre cuestiones filológicas. (…) en el siglo XXI, España es el único estado de la Unión Europea que, en lugar de celebrar y promover la diversidad lingüística, se dedica activamente a sofocarla y reprimirla, incluso a través de todo un tribunal supremo (…) bien al contrario: el hecho que la lengua catalana (llamada también valenciana, mallorquina, menorquina, eivissenca, etc.), no solo sea una lengua viva, sino tan potente y fértil como cualquier lengua europea, es percibido por el nacionalismo español como un fracaso insoportable. Ellos quieren eliminarla, hacerla desaparecer. Hace trescientos años que lo intentan y no lo han conseguido; tampoco lo conseguirán ahora con esta ridícula sentencia del supremo, que añadimos a la colección” (Sebastià Alzamora, Ara, 16/6/20).
“La Academia Valenciana de la Lengua dice que la sentencia del tribunal supremo es contraria a la normalización del valenciano y muestra su apoyo al Consell en las acciones que emprenda para defender el uso del valenciano en la Administración Pública. La sentencia del tribunal supremo, con todos los respetos, constituye un grave ataque a nuestra lengua. Que la relación institucional entre territorios que disfrutan de una lengua compartida haya de ser obligatoriamente en castellano es un despropósito inadmisible” (La Vanguardia).
En cuanto a las respuestas de los líderes políticos valencianos, tampoco representan ninguna sorpresa:
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig: “las sentencias se cumplen.
Toni Cantó (Ciudadanos): “no es ninguna novedad que los golpistas no quieran cumplir las leyes ni las sentencias.”
Compromís califica la sentencia de “ataque frontal al autogobierno y un atropello en toda regla de los derechos de los valenciano-hablantes”, según Nathalie Torres. El “poder judicial borbónico está cada día más lejos de la realidad valenciana”, añadió Josep Nadal.
Òmnium: “es una regresión centralista del estado.”
Como se puede ver con esta larga compilación de referencias históricas, creo que puede haber quedado claro el interés del estado español que, como he dicho, se inició hace 300 años, y ha perdurado, sólo hace falta recordar que, en el año 1924, Antoni Gaudí, a la edad de 72 años, fue detenido y apaleado, por negarse a hablar en castellano a la policía.
Durante el franquismo (1939-1975), el castellano fue la única lengua oficial, y el catalán sufrió una agresión brutal, quedando reducido al ámbito familiar.
El tribunal constitucional con su sentencia 83/1986, dictaminó contra la ley de normalización lingüística de Catalunya. Con la sentencia 123/1988, contra la Balear.
El 23 de abril (Sant Jordi) del 2007, entró en vigor el nuevo estatuto de autonomía de Aragón, que no reconocía la oficialidad del catalán en la Franja de Ponent.
El 9 de julio del 2010, se publicó la sentencia del tribunal constitucional, respecto al estatuto de autonomía de Catalunya de 2006, que entre otros aspectos establece que la lengua catalana no es la lengua preferente de la administración en Catalunya ni tampoco la lengua vehicular del sistema educativo.
Etc.
Durante el franquismo se hizo popular el ‘habla cristiano’, que los golpistas, sus secuaces y seguidores, decían a los que hablaban catalán.
Y como se puede ver, el estado del catalán sigue igual, legalmente menospreciado; esa es otra de las manifestaciones, del poder, del estado profundo español. Eso sí, en su discurso navideño, en castellano, obviamente, el rey finaliza felicitando las fiestas en catalán, euskera y gallego.
COMO HE DICHO, QUE LA DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA LENGUA DEL REINO SIGA SIENDO ‘EL CASTELLANO’, YA ESTÁ TODO DICHO, ES LA LENGUA QUE AGLUTINA TODOS LOS DERECHOS.
Y ese es uno de los muchos problemas que tenemos en Catalunya, y los que nos motivan a independizarnos.
