Amaury Sánchez
El Congreso de Jalisco había convocado para el 19 de marzo una comparecencia crucial. El Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad y otros altos funcionarios deberían explicar lo sucedido en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se encontraron cientos de prendas, zapatos y objetos personales que sugieren que ese lugar fue utilizado como un centro de exterminio por parte del crimen organizado. Las preguntas sobre el hallazgo eran inevitables, y los ciudadanos demandaban respuestas.
Sin embargo, el 18 de marzo, un día antes de la comparecencia programada, el Congreso votó a favor de posponerla indefinidamente. La justificación oficial fue que las autoridades de seguridad necesitaban más tiempo para continuar con las investigaciones. No obstante, muchos interpretaron esta decisión como una manera de evitar que las autoridades se enfrentaran a preguntas incómodas sobre su desempeño frente a los hechos ocurridos en Teuchitlán.
El voto decisivo fue el del diputado Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena, quien apoyó la posposición. Su postura fue particularmente llamativa, ya que la mayoría de sus compañeros de partido, así como los diputados de Hagamos y del PT, votaron en contra de la medida y exigieron que el fiscal se presentara a rendir cuentas. De la Rosa, alineado con la postura del gobernador Pablo Lemus, dejó claro que la lealtad política, por encima de la transparencia, prevaleció en esta ocasión.
La votación evidenció las diferencias dentro de las bancadas. Mientras los diputados de Hagamos y el PT exigían claridad, figuras como Candelaria, Itzul y Alberto Alfaro de Morena también votaron en contra de la posposición, subrayando que la comparecencia era crucial para aclarar los hechos en Teuchitlán.
El resultado final de la votación fue el siguiente:
La decisión de posponer la comparecencia sin una nueva fecha concreta deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el fiscal, el Secretario de Seguridad y otros funcionarios clave no pueden comparecer ante el Congreso en un momento tan crítico? Y más importante aún, ¿por qué un grupo de diputados, algunos de los cuales deberían ser la oposición al gobierno de Movimiento Ciudadano, decidieron alinearse con la postura del gobernador Pablo Lemus?
El Congreso de Jalisco dejó claro que la política local sigue funcionando bajo un esquema de acuerdos y lealtades que van más allá de las diferencias partidarias. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen esperando respuestas que, al parecer, nunca llegarán.
