Jordi Oriola Folch
Cada 11 de septiembre Cataluña celebra su Día Nacional que rememora que en ese día de 1714 perdió una guerra y fue anexionada a Castilla que abolió todas sus instituciones, prohibió su lengua y pasó a ser tratada como una colonia. Un pueblo, que elige este tipo de efeméride como día nacional deja claro que pretende recordar que le quitaron la libertad y que querrá recuperarla en el futuro, como así lo ha intentado desde entonces. Pero la brutalidad militar de Castilla lo ha impedido reiteradamente, con bombardeos, encarcelamientos, fusilamientos y ajusticiamiento masivos.
En 2017 Catalunya pensó ingenuamente que, en el contexto de la UE, España no podría recurrir a la violencia como hasta entonces y esto abriría la puerta a una salida democrática del conflicto con un referendo de autodeterminación. Pero Madrid envió a 10.000 policías para reprimir a los votantes del referéndum auto-organizado, con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Desde entonces, España ha desperdiciado ingentes recursos para tratar de destruir el movimiento independentista catalán: con una represión policial y judicial sin precedentes en Europa, prevaricando, haciendo investigaciones prospectivas y retorciendo la ley para acusar de malversación, terrorismo y traición; con un espionaje ilegal a políticos, activistas y abogados para poderles acusar o chantajearlos; con un ataque mediático constante para desprestigiarlos e, incluso, con sobornos y juego sucio por parte de grupos parapoliciales que actuaban fuera de la ley.
Con esta forma de proceder España ha logrado asustar y dividir la acción de los partidos pro-independencia y, después de una década de gobiernos catalanes independentistas, acaban de hacer posible que un partido españolista gobierne en Catalunya (con el apoyo de uno de los partidos independentistas como la contrapartida de unos acuerdos económicos que seguro que no se van a cumplir). Y, con este cambio de gobierno, quieren hacer creer que existe otra mayoría social que ya no es el independentismo. Pero todo el mundo sabe que este cambio tiene otra explicación: España, durante una década, ha estado sometiendo a Catalunya a una violencia política que ha afectado a los partidos independentistas, que están muy desacreditados y que ahora tendrán que hacer autocrítica y cambiar las estrategias. Pero, aparte de los partidos políticos, la mayoría social independentista sigue adelante como el movimiento social más potente de Europa, dado su poder de convocatoria casi imperturbable a pesar de todas estas vicisitudes.
Y así, este 11 de septiembre, una multitud ha vuelto a salir a la calle, esta vez simultáneamente en cinco ciudades (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa) para denunciar que Catalunya podría no ser una región pobre si dispusiera de los recursos que España le expolia con un trato equiparable al colonialismo.
Al movimiento por la independencia de Catalunya le toca diseñar la manera de conseguir ejercer el derecho de autodeterminación, sabiendo que España, que se jacta de ser un estado democrático, hará uso de la violencia para impedirlo, y sabiendo que la UE, que se jacta de ser un espacio democrático, puede volver a mirar hacia otro lado para no tener que implicarse. En todo caso, si la gente está ahí, el proyecto independentista seguirá adelante y, para España y para la UE, cada vez será más incómodo intentar evitar que los catalanes puedan decidir su futuro democráticamente.
