López Obrador prometió austeridad y eliminar la corrupción, pero no cumplió. Al analizar su administración con base en evidencia, encontramos que en lugar de reducir gastos y corrupción, aumentó la opacidad, se gastó prácticamente lo mismo y, además, desmanteló las capacidades del Estado. Su enfoque en la lealtad sobre la competencia resultó en una administración ineficiente y un poder discrecional excesivo, donde la austeridad republicana y el combate a la corrupción han sido solo un discurso. La calidad de los servicios públicos empeoró y los ciudadanos hoy cuentan con un gobierno menos capaz y profesional.
Al llegar a la Presidencia, el presidente López Obrador estableció dos ejes rectores para la administración pública de su gobierno: la austeridad republicana y eliminar la corrupción. ¿Cumplió? Poco o nada. No gastó menos ni hubo menos corrupción, sólo más opacidad. No se hizo más con menos, sino menos con lo mismo. Más allá de la narrativa oficial, en la que todo marcha bien, la ciudadanía padece cada día los efectos de un pausado desmantelamiento del Estado, cuya ineficiencia acumulada será difícil de corregir.
Ese desmantelamiento es el tema de una amplia investigación que coordinamos durante más de un año junto con un grupo de especialistas. A lo largo de esta página podrán encontrar textos cortos realizados por los investigadores y, al final, podrán descargar nuestro reporte completo El legado administrativo de AMLO. Una burocracia menos capaz y más discrecional.
Mucha política, poca administración
El sexenio empezó con una promesa de cambio: la Cuarta Transformación le modificaría el rostro al poder. Para ello, el aparato administrativo responsable de desplegar las políticas públicas también tenía que cambiar. No sólo había que purificar la política, sino también la administración.
Desde siempre, el presidente López Obrador tuvo en poca estima a la administración pública, que le generaba una enorme desconfianza. Era una burocracia dorada que acumulaba altos salarios e innumerables privilegios; un “elefante reumático”, difícil de mover; opuesta al cambio y saturada de corrupción. Además, era un impedimento para hacer las cosas “bien y rápido”. Un contrapeso ilegítimo a las decisiones que le correspondía tomar a un presidente a quien la mayoría de la población le había otorgado su confianza. Una mayoría que, en su concepción, le otorgó un cheque en blanco.
Para el presidente López Obrador “gobernar no tiene mucha ciencia”. Por ello, las recetas para resolver todos estos males eran de una simplicidad extraordinaria. Para acabar con la burocracia dorada había que eliminar los altos sueldos y los privilegios acumulados. Para el resto de los servidores públicos, era hacer más con menos. Para erradicar la corrupción, dar ejemplo de honestidad, en palabras del propio presidente: “Barrer las escaleras de arriba para abajo”.
Estas tres recetas tenían un sustento moral: la idea juarista de la “justa medianía”, el mantra de servir al pueblo y la internalización del valor de la honestidad.
Detrás de esta concepción moral, se fue revelando la verdadera visión política. Una visión fundada en la convicción de que para alcanzar la transformación del país hacía falta un gobierno de funcionarios leales más que competentes; un gobierno fuerte, disciplinado, sin fisuras en el interior y con amplias atribuciones discrecionales. Un gobierno capaz de responder sin chistar a las decisiones del presidente que ejercía legítimamente su poder.
La llamada Cuarta Transformación planteó un diagnóstico del estado que guardaba la administación pública federal que heredaban. Una visión con fuerte contenido ideológico, ferozmente crítica de las reformas del “periodo neoliberal”, llena de prejuicios sin soporte empírico, pero útil para justificar las acciones de transformación.[i]
El diagnóstico partía de la idea de que el modelo neoliberal habría traído una forma de organizar la administración, donde los organismos se desagregaron en unidades de tipo empresarial “dedicadas a la gestión de asuntos particulares del sector público, con misión, planes de negocios y autonomía gerencial propias”[ii] en detrimento de las secretarías de Estado bajo el mando presidencial.
El neoliberalismo habría reducido el aparato administrativo para fomentar inversiones y crecimiento. Una vez conseguido este objetivo, principalmente por la venta de empresas paraestatales, comenzó un proceso de creación de nuevos organismos imaginados como agencias especializadas enfocadas en resolver problemas específicos. Además, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales para descentralizar la administración, se crearon órganos desconcentrados, organismos descentralizados y órganos constitucionales con autonomía técnica y fuera de las cadenas de mando secretarial. El resultado neto fue la creación de “instituciones redundantes, con duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados”.[iii]
Según el diagnóstico, aunque los organismos descentralizados, los órganos desconcentrados y las instituciones autónomas fueron establecidos como entidades técnicas e imparciales, en realidad su creación atendió a un objetivo clientelar. Fue la entrega de instituciones públicas al sector privado mediante un sistema de cuotas a intereses académicos, políticos y económicos. En suma: un escenario de clientelismo y corrupción.
En la narrativa del presidente López Obrador, el diagnóstico anterior obligaría a racionalizar la estructura orgánica de la administración pública y a desmantelar a los organismos “innecesarios, superfuos y que duplican funciones”. Esto permitiría usar eficientemente los recursos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. La idea era lograr una “regeneración ética de las instituciones”, necesaria para tener un “gobierno austero, transparente, incluyente, apegado a derecho, capaz de responder al interés superior de la sociedad y generar la confianza de las personas” (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024).
Todo esto se haría mediante dos estrategias.
La primera consistía en la fusión, integración o extinción de órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones a las secretarías de Estado. El objetivo de compactar la administración pública federal permitiría “políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana”.[iv] Junto con lo anterior, se pusieron en marcha diversas acciones para reducir el número de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades, así como de los salarios y, sobre todo, de las prestaciones adicionales. Esta estrategia encontró sustento jurídico en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas normas de carácter administrativo emitidas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/el-legado-administrativo-de-amlo/
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