El Leviatán español (II)

Me parece interesante señalar que, mientras que a los ciudadanos nos tienen entretenidos con los fuegos de artificio de sus aparentes conflictos y corrupciones partidistas, e incumplimientos de los acuerdos, la verdadera gestión política represora sigue a toda máquina, como explico a continuación.

Todos los órdenes sociales están compartimentados, jerarquizados. A modo de ejemplo:

• Sigmund Freud (1856 – 1939) diferenció la estructura psíquica en tres instancias: ello (instintos inconscientes), yo (consciente), superyó (ideología, moralidad, etc.), y

• Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) diferenció entre la infraestructura (producción material: instrumentos, clase obrera, relaciones de producción) y la superestructura (producción ideológica: leyes, instituciones como la familia, la escuela, partidos, el estado)

Thomas Hobbes (1588 – 1679), adoptó el término del Leviatán, recordando al mítico mostruo que representaba el caos, el poder indomable de las fuerzas de la naturaleza, en definitiva, el mal, para aplicarlo metafóricamente al estado.

Etimológicamente, el término Leviatán tiene su origen en el hebreo ‘liwyatan’, que significa enrollar, retorcer. Y en la lengua ugarítica, se refiere a ‘Lotan’, un dragón de siete cabezas.

Hobbes, en su obra ‘Leviatán’ (1651), muestra el estado como una entidad centralizada y soberana que establece el contrato social para garantizar la estabilidad, mediante el ejercicio del poder coercitivo; y, por lo tanto, contrapuesto a la ciudadanía, considerada como enemiga, siguiendo con la premisa generalizada del ‘homo himini lupus est’ (el hombre es el lobo para el hombre). En definitiva, Hobbes consideró que la condición natural de la humanidad es un estado de guerra perpetua y carente de moral.

Y claro, de acuerdo con lo expuesto, me parece evidente que el leviatán español, en su afán de ‘enrollar y retorcer’ para ir ampliando el control y la represión, siguen tratando a la ciudadanía como el mal necesario que precisa ser mantenido coercitivamente; y si la ciudadanía es catalana, ya dejamos de ser lobos, para pasar a ser el propio Satanás, por lo que cualquier medida inquisidora está justificada.

Por eso, y como he comentado en el primer párrafo: mientras que a los ciudadanos nos tienen entretenidos con los fuegos de artificio de los aparentes conflictos y corrupciones partidistas, e incumplimientos de los acuerdos, la verdadera gestión política represora sigue a toda máquina, aplicando su cuaderno de bitácora más ultraconservador.

Y mientras esa siniestra máquina sigue su rumbo marcado, a la ciudadanía nos tienen anestesiados y entretenidos con su circo de enanos y saltimbanquis, difundido por los medios de comunicación de su pesebre.

Y, tristemente, aún así, algunos ciudadanos, se creen libres, ya que han limitado tanto su capacidad crítica, que por ‘libertad’ entienden lo que popularizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), durante la pandemia, es decir, la libertad para salir a tomar unas cañas; o a la capacidad de cambiar de plataforma televisiva, y poco más.

Esos ciudadanos me recuerdan la película ‘E la nave va’ dirigida en 1983 por Federico Fellini (1920 – 1993), película que he citado en un par de ocasiones, pues me parece una buena metáfora, ya que el crucero funeral, organizado en julio de 1914, para trasladar las cenizas de una célebre cantante, con un personal heteróclito, incluso un rinoceronte, muestra y reproduce la degeneración del sistema, y me parece que refleja muy bien el extravío de la ciudadanía actual.

En el presente escrito quiero centrarme en la nueva tuerca del control del estado, que ya expuse en mi escrito de primeros de octubre pasado, que titulé ‘El Leviatán español’, y del que reproduzco los siguientes párrafos (pidiendo perdón por su longitud y repetición, pero me parecen imprescindibles):

‘Un ejemplo de estos días, ajeno al independentismo, pues afecta a todos los españoles, aunque, en el fondo, nadie puede negar que el objetivo real sea controlar, más si cabe, a los independentistas, es el siguiente, que traslado reproduciendo, íntegramente, el artículo de Elisa Beni, titulado ‘Marlaskazo al derecho a la intimidad’, publicado ayer, pues es muy clarificador y no tiene desperdicio:

‘Está a punto de entrar en vigor un golpe al derecho a la intimidad de los ciudadanos y a la protección de sus datos personales propia de un estado policial. Lo ha hecho el gobierno más progresista de la historia, a instancia de su paladín de los derechos fundamentales Grande-Marlaska, como quien no quiere la cosa, sin debate público y de escondidas.

Según mi opinión, este decreto no solo vulnera derechos fundamentales, si no que, afirmando que su interés es mejorar la seguridad, en realidad pone en nuevos riesgos a los ciudadanos. No es, entonces, que no hayan derogado la ley mordaza, el departamento de Grande-Marlaska se cierra en banda, si no que añaden nuevos agravios a la manera de entender el binomio libertad / seguridad. Los más progresistas de la historia. Dios mío.

Todos vosotros sabéis que en los hoteles se hace una ficha con los datos de los viajeros, que se entrega a la policía. Bien, entonces, en escondidas, en un golpe de decreto sin debate, Interior ha incrementado este número de datos en cantidad i cualidad, para introducirlas en los diversos bancos de datos de las policías y custodiarlas en dos ficheros dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¡Ya veis qué tranquilidad!

¿He soñado que he visto sentado al banco de los acusados un secretario de Estado de Seguridad por sus tropelías a favor del gobierno de turno utilizando su cargo? Hay unos cuantos catalanes que saben, de estas cosas.

El caso es que el golpe de decreto obliga a los hoteleros y arrendadores de apartamentos y de vehículos a aportar más datos sobre los mismos, todo y que yo voy directa a las consecuencias para los ciudadanos.

Además de los datos requeridos hasta ahora de nombre completo y número de DNI, los básicos, a los hoteles quedará registrado a partir de ahora con finalidades policiales: el número de soporte del DNI, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual completo, el teléfono fijo, el correo electrónico, el número de viajeros que se registran, la relación de parentesco si es un menor de edad, el tipo de pago, número de la tarjeta de crédito, cuenta IBAN del pago, fecha de caducidad de la tarjeta, etc.

Por si no lo sabéis, os diré que el número de soporte del carnet es una especie de CVC del documento que se pide en muchos trámites para redoblar la identificación.

¿Sabéis lo que podrían hacer los malos, con todo esto? Os recuerdo también, que ya fotocopiar el DNI es una práctica hotelera que la Agencia de Protección de Datos rechaza, ¿y sabéis por qué? Pues porque a la fotocopia quedan reflejados muchos de los datos delicados que ahora nos requerirán.

¿De verdad que esto es preciso luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, como dice la exposición de los motivos del golpe de decreto? ¿De verdad en un país que ha eliminado una banda terrorista y tiene bajo control el yihadismo más bien que cualquier otro país europeo sen haber practicado esta violencia sobre la intimidad? El debate es viejo. La expansión policial ha de ser controlada por la por la prevalencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Realmente, lo más eficiente para saber quien es el terrorista o delincuente, sería que todos llevásemos encima una cámara, tipo Black Mirror, pero resulta que en las democracias occidentales no lo vemos. La invasión se produce sin ningún control parlamentario y, obviamente, comporta una restricción de derechos que debería de haber pasado por este trámite.

No acaba aquí el pánico que produce esta iniciativa marlaskiana. En la instrucción para implementar el decreto, elaborada por Interior, se afirma que los establecimientos están obligados a custodiar en ficheros propios este cúmulo de datos durante tres años. O sea, que no sólo es preciso desconfiar del mal uso que pudiese hacerse de los ficheros policiales ¿cuantos accesos indebidos buscando personalidades políticas o famosos se han detectado?, si no, que hemos de temer que un pirateo o ataque informático a cualquier cadena hotelera dejaría al descubierto un botín de datos que acabaría en el darkweb y que permitiría a los delincuentes suplantarnos en una gran cantidad de trámites digitales, algunos muy peligrosos. ¿De verdad que Interior no ha pensado en esta posibilidad? No me entra en la cabeza que para hacer más cómoda su tarea policial, puedan facilitar el aumento del número de delitos.

Además, el decreto es malintencionado. Afirma, como quien no quiere la cosa, que ha sido informado por la AEPD, y que todo está OK … y resultas que no. En el Informe de la Agencia de Protección de Datos se reseñan en negrita diversos problemas que no han sido solucionados. ‘Sería precisa una adecuada evaluación del impacto en la protección de datos’ o ‘se ha de cumplir que se limiten al mínimo necesario marcado por la ley’ o ‘es preciso aclarar la destinación de las comunicaciones, en el Ministerio del Interior’ o ‘sería preciso legitimar la interconexión de las bases’ o ‘sería preciso modificar el apartado 3 del artículo 7’, ya que no se especifica quiénes son las autoridades, pues no se ha traspuesto la directiva europea 2016/680. Nos clavaron una buena multa por no hacerlo y todo continúa igual.

En resumen, que el decreto fue informado, pero que el informe no es muy alentador. Marlaska y el gobierno español se lo pasan por el arco y tiran derecho. El gobierno más progresista de la historia. No sé que les debe parecer todo esto a sus socios.

Tampoco aquellos llamados a obtener los datos no están por la labor. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha conseguido reunir las agencias de viajes, campings, empresas de alquiler de vehículos y las asociaciones turísticas de la UE, que se unieron para trasladar por escrito al gobierno español las consecuencias nefastas que puede tener esta norma. No solo por la carga administrativa y el riesgo de pérdida de competitividad -ya que ultrapasa las normas de los otros países-, si no por la responsabilidad que les obliga al asumir más allá del coste económico que tendrá para ellos implementarlo. Dicen que Interior ha hecho caso omiso de comunicaciones y diálogo hasta de los operadores europeos, que han llegado a instar el planteamiento de preguntas al Europarlamento, ya que lo consideran incompatible con la normativa comunitaria.

Su perspectiva es puramente empresarial y, por eso, falta vehicular la presión de la ciudadanía para preservar nuestro derecho a la intimidad y la protección debida de nuestros datos.

Si nadie no pone remedio, este ataque propio de un estado policial, entrará en vigor el día 2 de diciembre. De alguna manera es preciso hacer llegar este decreto al Tribunal Constitucional. Es preciso que hagan presión las asociaciones de la vida civil -de consumidores, de derechos civiles – e incluso los bancos, ¿de qué servirán sus inversiones en seguridad con este festival de datos fuera de las plataformas seguras?

Espero que las fuerzas políticas sensibles con los derechos civiles, incluso los que dan soporte al gobierno español, pongan énfasis en poner freno a esta chapuza. Y me hago cruces que el Consejo de Ministros que aprobó tal cosa fuesen no sólo los socialistas, si no también Sumar, que tanto afán ha dedicado para derogar la ley mordaza.

Que no me vengan con la historia de la seguridad. Insisto que somos pioneros en luchar contra el terrorismo con cierto respeto a los derechos, al menos los de la ciudadanía en general, que ya sabemos que la no investigación de las denuncias de torturas a etarras por parte de Marlaska nos costó unas cuantas condenas. Apuntaba maneras y no defrauda.

(elnacional.cat, 2 de octubre 2024)

Pues bien, desde el 2 de este mes de diciembre, ese nuevo control, ya está en vigor, mostrándonos una nueva vuelta de tuerca represora de la ley mordaza, que Pedro Sánchez había prometido derogar, pero que, una vez se instaló en la poltrona, y dominar su cuota de poder, se olvidó de la promesa, al quedar impresionado con las malas artes con las que puede espiar y controlar a sus adversarios políticos.

Por lo que las advertencias de Elisa Beni no merecieron ni han merecido la mínima atención por parte de los diferentes partidos políticos. Y esto es vergonzoso, pues, mientras esos inútiles partidos y políticos, nos han demostrado, una vez más, que ellos están en sus poltronas para seguir garantizando sus prebendas, y se despreocupan de la ciudadanía.

Pero me corrijo, los partidos y políticos no son inútiles, al contrario, son muy útiles al verdadero sistema, al sistema profundo español y, por algo será, claro, algunas contraprestaciones deben recibir, a espaldas de la ciudadanía, que estamos entretenidos por sus fuegos fatuos (ignis fatuus) o luz de muertos, en concreto, los producidos por sus sustancias animales en putrefacción.