● Un juicio en Estados Unidos revela comunicaciones entre exfuncionarios de COFEPRIS y Coca-Cola en los años 2013 a 2016, para desarrollar la política de etiquetado en favor de esta empresa.
● Se presume que exfuncionarios de COFEPRIS colaboraron con Coca-Cola para elaborar la regulación del antiguo etiquetado GDA y para litigar los amparos que EPC y otras personas habían presentado contra la COFEPRIS.
● Se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de altos exfuncionarios de la COFEPRIS, incluidos Mikel Arriola, Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega asimismo, contra de funcionarios de la COFEPRIS que no han cumplido con las resoluciones del INAI, en las que se les ordenó buscar y entregar información sobre estas comunicaciones de Coca- Cola y los exfuncionarios de COFEPRIS.
Ciudad de México 05 de abril, 2022.- En conferencia de prensa la organización civil El Poder del Consumidor (EPC), informó que en días pasados se presentaron diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios actuales y exfuncionarios de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), relacionados con posibles conflictos de interés y el ocultamiento de los mismos. Las denuncias en las que se presume un conflicto de interés se presentaron por las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, altos miembros de la COFEPRIS, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola.
La finalidad de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. También, las comunicaciones reflejan que la COFEPRIS y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que se habían sido presentados, en 2014 y 2015, por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil, contra la autoridad y la empresa.
Desde 2011, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola. Se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos, que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.
Posteriormente, en 2014 y, mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales y en desapego a la ley, la COFEPRIS al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado. Todo esto pese a que la propia oms/ops, organizaciones de la sociedad civil y la academia se opusieron. Vale la pena recordar las cartas de OPS/OMS enviadas a la Secretaría de Salud, en las que se manifestó la ineficiencia de este etiquetado.
Además, mediante solicitudes de acceso a la información, se pidió información sobre la creación de este etiquetado, sobre la cual, la COFEPRIS respondió que el etiquetado no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por dos abogados y una ingeniera. Una de estas personas, informó COFEPRIS fue Patricio Caso Prado, exfuncionario de la misma Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola.
Ante la opacidad de la autoridad y la ineficiencia del etiquetado, el Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles, interpusieron demandas de amparo en contra de la COFEPRIS, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias, como Jugos del Valle, como terceras interesadas.
A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. Así, un Juez en Atlanta de los Estados Unidos resolvió a favor esta petición y, mediante negociaciones con abogados de la empresa Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos miembros de la COFEPRIS con directivos de la empresa.
En los correos se expresaba que los miembros de la COFEPRIS entre 2013 y 2016 se habían reunido con el personal de Coca-Cola para dos temas. El primero, colaborar mutuamente en la elaboración del etiquetado GDA. El segundo, colaborar en una defensa sobre los litigios presentados por EPC y otras organizaciones contra la COFEPRIS y Coca-Cola, en las que se incluyen documentos con información para las pruebas periciales de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de la refresquera.
“Estas interacciones, en las que el actuar de los servidores no es imparcial, si no que privilegia a un tercero, en este caso Coca-Cola, y en el que el interés de la institución, que debería ser la salud pública, es dejado de lado y se anteponen intereses particulares de una empresa; todas estas representan un conflicto de interés de los exfuncionarios de la COFEPRIS”. Declaró Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor.
Sin embargo, no toda la información fue otorgada, por lo que,se buscó más información sobre estos correos, mediante solicitudes de acceso a la información. Ante esto, la respuesta de la autoridad fue declarar lo solicitado como inexistente. También se informó que, por política de correo interna, cada funcionario era responsable del uso de su información contenida en cuentas institucionales.
Al no encontrarse la información, se presume que la información solicitada pudo haber sido destruida por los propios funcionarios involucrados en las comunicaciones. Ante esta respuesta, EPC interpuso los recursos correspondientes ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismos que fueron ganados, sin que hasta el momento se hayan cumplido las resoluciones.
De esta manera, tanto el incumplimiento de los funcionarios actuales por no otorgar la información solicitada, como por el conflicto de interés de los exfuncionarios de la COFEPRIS, se presentaron una serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Algunos de los denunciados son Patricio Caso, Álvaro Pérez Vega y Mikel Arriola, entre otros.
