- Es congruente con la transparencia, el combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la eficiencia administrativa, asegura el diputado Mejía Berdeja
En sesión vespertina, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), fundamentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Indicó que el texto deriva de una iniciativa presentadas por la presidenta de la República y se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política, el cual establece que los recursos económicos que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Destacó la pertinencia jurídica y técnica de los elementos claves contenidos en la reforma, mismos que fortalecen sustancialmente los mecanismos de transparencia de la contratación pública y representa un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y competitividad del gasto público, alineándose con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, dijo, no solo es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y publicidad contenidos en la Carta Magna, sino que además va a garantizar el acceso inmediato, imparcial y eficiente de la información, permitiendo en tiempo real la fiscalización oportuna del ejercicio de los recursos públicos por parte de toda la ciudadanía, organizaciones sociales e interesados en la materia.
También contempla la figura de la Oferta Subsecuente de Descuento, que promueve un entorno competitivo, sano y eficiente en los procesos de contratación. Esa modalidad permitirá –dijo– alcanzar mejores condiciones económicas para el Estado, facilitando economías y ahorros significativos en beneficio del interés público, sin descuidar la calidad y viabilidad técnica de las obras y servicios contratados.
Mejía Berdeja argumentó que, en adición a las figuras mencionadas, se establece la figura de los Diálogos Estratégicos, que representan un procedimiento innovador, a través de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades reales del mercado y ajustar los procesos licitatorios para incentivar la participación efectiva y el aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado. La inclusión explícita de la investigación de mercado fortalece los procedimientos de licitación.
Puntualizó que la reforma establece una metodología clara y rigurosa que asegura que la contratación pública responda siempre a condiciones reales de mercado, evitando los sobrecostos injustificados y garantizando eficiencia y racionalidad en el ejercicio del gasto público.
En el caso de la figura del Testigo Social, explicó que la intervención obligatoria en determinados procedimientos constituye un mecanismo eficaz y probado para prevenir actos de corrupción y aumentar la confianza social en los procesos de contratación de obra pública; su ampliación y fortalecimiento son congruentes con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Consideró que un aspecto muy importante en materia de adjudicación directa, es que se plantea en el dictamen reducir del 30 al 20 por ciento el monto de contratar bajo esta figura jurídica, con la finalidad de disminuir el margen de discrecionalidad de las dependencias de entidades para llevar a cabo los procesos de contratación a través de excepciones a la licitación pública.
Por tanto, se establece con claridad legal y precisión técnica los criterios para la aplicación excepcional de la figura de adjudicación directa, garantizando la seguridad jurídica y evitando posibles discrecionalidades que puedan derivar en actos irregularidades y de corrupción.
“Todas estas innovaciones que utilizan las tecnologías y cierran la puerta a la corrupción, aseguran la certeza jurídica y la transparencia en la contratación pública. Esta propuesta de reforma es congruente con la transparencia, el combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la eficiencia administrativa para impulsar el desarrollo integral y sostenible del país”, afirmó.
Destacó que el dictamen constituye un paso decisivo para fortalecer la integridad y eficiencia del Sistema Nacional de Contratación Pública en beneficio de las y los mexicanos.
