México, 28 de noviembre de 2023. El día de ayer, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó, por mayoría de votos, el dictamen de elegibilidad de las tres mujeres propuestas por el presidente de la República para ocupar la alta responsabilidad de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras un proceso sumamente cuestionado[1] y sin una metodología basada en criterios objetivos para su valoración.
El Senado ha sido laxo e irresponsable en su función de control legislativo por dos razones. Primera, aceptó la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, pese a que era inconstitucional al no estar justificada por una causa grave, como lo establece el artículo 98 constitucional, lo cual dio pauta a que varias organizaciones interpusieran demandas de amparo.[2] Al renunciar un año antes del final de su mandato, el ahora ex ministro dejó la posibilidad al actual titular del Ejecutivo Federal de proponer una terna para designar a quien le sucederá, cuando la Constitución prevé que las designaciones de personas ministras deben ser escalonadas para salvaguardar la independencia judicial, por lo que cada presidente tendría la posibilidad de proponer a cierto número de ministras y ministros. Al romper este equilibrio, el actual presidente de la República estaría nombrando a cinco personas ministras, casi la mitad de la Corte, durante su administración.
Segundo, la Comisión de Justicia del Senado no estableció criterios de idoneidad para analizar los perfiles de la terna acorde con estándares internacionales,[3] ni realizó un escrutinio serio ni riguroso de éstos, a pesar de que fue solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[4] En particular, no ha analizado de qué manera la cercanía política de las tres mujeres que integran la terna propuesta por el Ejecutivo Federal puede afectar la independencia judicial.
Sobre las integrantes de la terna es importante recordar que Bertha Alcalde Luján es hermana de la actual secretaria de Gobernación; mientras que Lenia Batres Guadarrama es militante de Morena, trabaja en la Consejería Jurídica del Ejecutivo y es hermana del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, también integrante de Morena. Por su parte, Estela Ríos González también es militante de Morena y consejera jurídica de la Presidencia, lo cual, de hecho, le impide ser nombrada, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal equipará a la Consejería Jurídica a una Secretaría de Estado, lo cual contraviene el artículo 95 constitucional que establece que para ser ministra o ministro de la Suprema Corte no se debe haber sido titular de una secretaría de Estado el año previo a la designación.
Todo lo anterior es sumamente grave, pues se da en un contexto de reiterados ataques a la independencia judicial por parte del Ejecutivo Federal, donde por medio de la designación en curso se pretende colocar a un perfil afín al partido en el poder, contraviniendo con ello el principio de división de poderes que debe garantizarse para un adecuado sistema de controles y contrapesos democráticos.
En este sentido, las organizaciones que integramos el colectivo La Justicia Que Queremos volvemos a hacer un llamado a cada senador y senadora para que cumplan su función de control y garanticen el equilibrio de poderes, que debe prevalecer en todo país democratico rechazando la terna para ministra.
La Justicia Que Queremos (@LaJusticiaQQ) es un colectivo de 27 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, colectivos de víctimas y personas que trabajamos para que la impunidad deje de ser costumbre y para que la justicia sea pareja y proteja los derechos de todas las personas. Monitoreamos los ataques a la independencia judicial, evaluamos el trabajo de las Fiscalías y promovemos estándares para las designaciones en el sistema de justicia.
#SinIndependenciaNoHayJusticia
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#SinCuotasNiCuates
