El anteproyecto de ley de Memoria democrática, aprobado este martes en el consejo de ministros, entre otros aspectos, prevé declarar nulos de pleno derecho los juicios sin garantías del franquismo. Entre ellos, como alardeó la vicepresidenta Carmen Calvo, el del president de la Generalitat Lluís Companys Jover, condenado y ejecutado el 15 de octubre de 1940.
De todos modos, no hemos de echar las campanas al vuelo, ya que tal como comenté en mi escrito de ayer, de momento es un anteproyecto de ley, pendiente de un largo recorrido, y que dentro de mucho tiempo veremos cómo se concreta, ya que nos tememos que habrá muchas presiones para recortar muchas de las ideas contenidas en ese anteproyecto. Y, después será preciso ver como se materializa, ya que la propia vicepresidenta señaló que se dotaría de una financiación cuatrienal, que se iría revisando.
Es decir, de momento, no deja de ser una declaración de intenciones, efectuada en un momento por intereses totalmente ajenos, como es el intento de aprobación de los presupuestos generales. Y conociendo a Pedro Sánchez, nos tememos que una vez conseguida dicha aprobación, tenga la intención de congelar ese anteproyecto para mejor situación, Y, de momento, su gobierno ya se ha hecho la foto que le interesaba.
Pero, evidentemente, esta es una demanda histórica de los nacionalistas catalanes, y es bienvenida, obviamente, a pesar de su tardanza y limitaciones, y si finalmente se confirma su aplicación, será una buena medida. Ahora bien, cabe destacar que la anulación del juicio a Companys, como a muchos otros, no dejará de ser más que un formalismo, ya que la realidad es que no les devolverán la vida que les quitaron.
Y, como comenté, ese formalismo no suple que los máximos representantes del estado deban hacer un acto de constricción, de solicitud de perdón, como han hecho muchos mandatarios extranjeros sobre actos contra la humanidad en sus respectivos países, en tiempos pretéritos, y también, y en concreto, sobre Companys.
Aquí somos diferentes también ante eso, ya que Carmen Calvo dijo que, con esta futura ley, ya se considera suficiente, y que suple esa solicitud formal de perdón.
En el presente escrito quiero centrarme en el sustrato personal de la ideología franquista, que en su momento expresó perfectamente Mireia Vehí, diputada de la CUP, en el congreso de los diputados, contestando al portavoz de Vox (extrema derecha), pero generalizando su queja, ya que expresó que ante un comentario machista de Vox, el conjunto de diputados y el gobierno, contestan con argumentos feministas; pero que ante comentarios unionistas de Vox, el conjunto de diputados contestan con argumentos ultraunionistas, en lugar de hacerlo con argumentos autonomistas o federalistas.
Y en esa línea, ayer se multiplicaron manifestaciones por twitter y demás redes sociales, en las que se responsabilizaba de la ejecución de Companys, a los propios catalanes, citando a diversos personajes que de una forma u otra participaron en el consejo de guerra en cuestión. Y se han proliferado todo tipo de comentarios como los dos siguientes:
“El catalanismo mató a Companys. ¡Y no piden perdón!: No fueron bestias taradas españolas quienes decidieron el fusilamiento de Companys. Todos eran catalanes. Alguno de ellos antepasados de notables separatistas e ilustres actuales, como el tío del Xavier Trías (ex alcalde de Barcelona) y el padre de Antoni Tàpies, etc.
Y, entre otras aseveraciones dice que fue ‘un conflicto resuelto entre catalanes’”.
“¿Quién acusó y condenó a Companys, president Torra?
En este artículo, después de muchas ‘lindezas’ y señalar a los culpables catalanes, se pregunta, ‘¿Por qué insiste entonces Torra en seguir manoseando el cadáver de Companys cada principio de setiembre?’
(theobjetive.com, José García Domínguez)
Obviamente, todo es manipulable, consciente o inconscientemente, pero cuando hay mala ‘milk’ por medio, lo que se observa es una continuación de la venganza,
Por eso, consideré necesario informarme, para poder efectuar este escrito de la forma más objetiva posible, recurriendo a la sentencia de la “Causa 23.468 (3 a 15 de octubre 1940)” y a otros documentos, y seguidamente transcribo unos párrafos del documento oficial de la Generalitat de Catalunya (dogc.gencat.cat):
“Instrucción de la causa:
Al día siguiente comparecía ante el juez instructor en la misma prisión de Montjuïc. Allí, Lluís Companys afirmaba y ratificaba lo declarado en Madrid el 18 de septiembre en los locales de la Dirección General de Seguridad ante los policías de la Brigada Político-social.
Los testigos citados por orden legal ‘para que comparezcan en este juzgado a la mayor brevedad posible a Don Carlos Trías, a Don Pedro Armenteros Urbano, Don José Tàpies Mestres, a Don Antonio Fernández Argüelles, Don Joaquín María Balcells, Don Manuel Bravo Montero, Don Buenaventura Sánchez Cañete’ lo fueron -según Josep Benet en su análisis de la muerte de Lluís Companys – simplemente por el criterio de la facilidad y rapidez en la actuación. En el simulacro de juicio debía haber testigos.
Los testigos llamados fueron el jefe de la Delegación Provincial de FET (Falange española tradicionalista) y de las JONS y, también dentro del mismo partido único, el Jefe de la Delegación Provincial de Información; dos antiguos funcionarios de la Generalidad; un médico que había sido preso en la retaguardia republicana durante la guerra y que trabajaba en la Diputación Provincial de Barcelona restablecida por el régimen franquista; un antiguo jefe de policía que entonces pertenecía a los servicios de información del ejército, y finalmente un magistrado de marcada actitud anticatalanista, cuyo nombre figuraba en la relación de implicados en el levantamiento militar del mes de julio de 1936.
Ningún testigo, pues, que pudiera declarar favorablemente a quien tanto había hecho, a pesar de las más adversas circunstancias, para salvar la vida de miles de personas, muchas de ellas religiosos o religiosas, durante el período revolucionario y la guerra civil. Así fue reconocido incluso por el general Queipo de Llano en una declaración radiofónica que realizó en Sevilla el 24 de agosto de 1936.
Las acusaciones más repetidas son de separatista o catalanista, político de izquierdas y las que más podían desacreditar: infames acusaciones de latrocinio y sobre su vida privada. Las declaraciones acusatorias más difamatorias provienen de la Delegación Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS. El archivo de este organismo fue destruido impunemente, como hemos denunciado los historiadores, por orden del entonces ministro franquista Rodolfo Martín Villa, al empezar la transición política de la dictadura a la democracia.
El 7 de octubre, completados todos los interrogatorios, recibidos los informes y añadida la documentación entregadas por dos testimonios, reproducida en la Pieza separada, el juez dictaba el auto de procesamiento.
El miércoles 9 de octubre, al pasar la causa al fiscal militar, éste determina su calificación provisional, cuyo hecho más destacado des que Enric de Querol y Duran, que había participado en la fracasada rebelión militar de Barcelona, mantenía lo que él sabía perfectamente y personalmente que era una evidente falsa acusación: ‘iniciado en nuestra Patria el Glorioso Movimiento Nacional se opuso tenazmente a su triunfo (…) autorizando o cuando menos consintiendo sin tomar providencia alguna para impedirlo, el reparto de armas que con profusión se hizo en esta ciudad entre elementos extremistas e integrantes del Frente Popular y con las que hizo frente al Ejército Nacional’.
La defensa:
El presidente Lluís Companys, al ser informado por el juez instructor que debía asignar a un defensor que forzosamente debía ser un militar, aun que no fuera jurista, se negó a hacerlo. Él, que era abogado, sabía que por el procedimiento militar que se le seguía no podía defenderse. No quiso designar a ningún defensor militar arguyendo que si era juzgado por ser Presidente de la Generalidad de Cataluña, esta actuación sólo podía ser juzgada por el parlamento de Cataluña, que era quien lo había elegido y ante quien debía justificar sus actos.
Le fue designado el defensor militar de oficio, que por turno correspondió al militar de artillería Ramón de Colubí. Este había participado como teniente de artillería del Regimiento de Artillería Ligera número 7 en el cuartel de Sant Andreu del Palomar en Barcelona, en el levantamiento militar del 19 de julio de 1936. Juzgado y condenado a muerte el 3 de octubre de 1936, le fue conmutada la pena por la de treinta años de reclusión. Protegido ante posibles represalias de extremistas incontrolados de las organizaciones revolucionarias, formó parte de un intercambio de presos de una y otra zona que desde Figueres se efectuó en enero de 1938. De Francia pasó a la zona franquista, fue ascendido a capitán y participó en combate en la campaña del Norte. A pesar de todas las evidentes diferencias ideológicas y políticas existentes entre acusado y defensor, el capitán Ramón de Colubí actuó de forma honesta y noble, lo que el propio Lluís Companys manifestó y reconoció con sincera gratitud.
Después de los trámites propios de un consejo de guerra sumarísimo, el sábado 12 de octubre, el capitán general de la IV Región Militar, Luís Orgaz, decidió que la vista de la causa sería el día 14 en el castillo de Montjuïc, a las 10 de la mañana.
El artículo 558 del Código de justicia militar disponía que el juez instructor citara al defensor de Lluís Companys, ‘el capitán de artillería Don Ramón de Colubí, al que se le pondrá de manifiesto para su estudio por un término de dos horas’.
(…)
(Josep M. Solé i Sabaté. Doctor en Historia. Director del Museo de Historia de Cataluña)
Me ha parecido interesante reproducir este texto, para comentar algunos de los aspectos señalados por los franquistas en sus tuits y artículos, citados con anterioridad:
1. La decisión de que la Gestapo detuviera a Companys en Francia y lo trajera a España, fue una orden, obvia, del estado español.
2. El juicio de guerra sumarísimo, fue instrumentado por el estado español.
3. Que los testigos legales, lógicamente, fueran mayoritariamente catalanes y próximos, no es de extrañar. Aquí también teníamos y tenemos franquistas, y en aquel momento, por miedo, por ideología, por intereses, o por lo que fuera, tuvieron una actuación que sus creencias quizás les ‘autojustificase’, pero que a todas luces fueron injustas, inmorales y faltas de toda ética.
4. Una excepción, como se cita, es la del abogado defensor de oficio, ya que, a pesar de su ideología e historial, actuó profesionalmente.
5. Que esos catalanes falangistas participaron en otros desmanes; por ejemplo, el citado Trías, como mostró el documental ‘Sumaríssim 477’ de Dolors Genovés, para TV3, participó en la acusación en el consejo de guerra contra el político democristiano y catalanista, Manuel Carrasco i Formiguera, que fue ejecutado (9/4/1938). Y que la familia Trías Sagnier llevó a los tribunales por supuesta vulneración del derecho al honor de su padre, que el tribunal supremo desestimó.
6. Que muchos de esos catalanes franquistas continuaron haciendo desmanes que sería preciso conocer, ya que la microhistoria es muy interesante y no se ha de perder.
7. A este respecto, y tal como se ha citado, el tristemente ‘famoso’ estos días, el ministro franquista y ‘presunto’ responsable de asesinatos, que la semana pasada declaró por videoconferencia, en el juicio que se está realizando en Argentina, ya que en España es impensable; pues bien, ese ‘personaje’ hizo destruir ficheros que hoy serían muy ilustrativos al respecto.
8. Que, con el paso de los años, muchos de estos catalanes franquistas, se ‘convirtieron’ en ‘demócratas de toda la vida’, gracias a la transición olvidadiza y cómplice que absolvió a todos los culpables.
9. Otros siguieron haciendo fechorías, como el capitán Manuel Bravo Montero (‘torturador, criminal, asesino, agresor sexual, putero y todos los adjetivos despectivos que se os puedan pasar por la cabeza (…) el monstruo nació en Madrid el 27 de enero de 1904 y era hijo de otro infame ilustre, Manuel Bravo Portillo, jefe superior de la policía de Barcelona a principios del siglo XX, asesinado por los anarquistas’ –diagonalperiodico.net), jefe del llamado ‘Rondian anti-marxista’, que precisa un estudio completo, ya que en un año y medio detuvo y torturó a más de 40.000 personas; y en julio del 1939 fue nombrado miembro de la Junta Gestora del Barça (F. C. Barcelona), para ‘españolizarlo’; y que posteriormente fue acusado por la venta de joyas de la Virgen de la Mercé, desaparecidas durante la guerra civil. Personaje que murió en extrañas circunstancias en Famagusta (Chipre), como explica Solé i Sabaté, en el citado documento.
10. Y muchos de estos catalanes franquistas siguieron disfrutando de bienes de conquista, que siguen en manos de sus descendientes, con total impunidad.
11. Ahora bien, es evidente y obligado señalar, que las responsabilidades de los hechos son individuales, y sus descendientes no tienen la menor culpa; por lo que sacar a relucir el pasado de sus antepasados, para desprestigiarlos, es ruin. Ahora bien, el equilibrio es difícil, pues, como he dicho, seguir disfrutando los beneficios de conquista, ya sea bienes materiales, cargos hereditarios en empresas del Ibex 35, etc., no deja de ser inmoral; y de los cargos eclesiásticos de la iglesia católica, sería preciso un tratado aparte, pues su responsabilidad civil y moral fue mayor, si cabe.
12. Que los ‘fascistas’ tuits y artículos señalen los nombres y poblaciones de origen de los soldados que ejecutaron a Companys, por ejemplo, cuando es sabido que eran soldados de leva, ‘obligados’, no deja de ser pura demagogia, para seguir embrollando el tema.
13. Etc.
Visto todo esto, me parece evidente destacar que la responsabilidad directa del asesinato de Carraco, Companys, etc., es del estado español; y, en segundo nivel, de los que participaron directa o indirectamente, por acción u omisión.
Y que en Catalunya tuvimos y seguimos teniendo muchos conciudadanos con ideología franquista, es una evidencia que no debemos olvidar. Somos un país diverso, pero no toda diversidad es enriquecedora.
Pero llegar a decir que los catalanes, en general, fuimos los responsables del asesinato de Companys, y que ‘utilizamos’ su memoria para nuestro independentismo, no sólo es demagogia, es mala fe, y debería ser perseguible legalmente; pero en este reino no hay justicia, la fiscalía nunca obrará de oficio, eso ya lo sabemos por experiencias varias. Y eso que la fiscalía ‘depende’ jerárquicamente del gobierno español, ahora autoconsiderado ‘el más progresista’ desde la transición.
En definitiva, que no podemos confiar que la futura (y muy lejana) ley de memoria solucione, ni limpie tanta basura.
Sólo tenemos una alternativa, que es la de proclamar, unilateralmente, la república catalana. Y confiar que los catalanes franquistas renovados la acepten, pues somos conscientes que siguen teniendo mucho poder, y siguen en puestos claves, como buenos camaleones.
Y la justicia mirará hacia otro lado, para no ver lo que no le interese ver, como, por ejemplo, con la fuga / huida del rey emérito, al que le seguimos pagando, cuanto menos, la seguridad.
Amadeo Palliser Cifuentes
