- El voto de las personas en prisión preventiva es un paso histórico hacia la reinserción social y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sin embargo, hay consideraciones importantes que deben atenderse.
- Desde ASILEGAL, organización de la sociedad civil con 15 años de experiencia en los sistemas penitenciarios mexicanos, enviamos una carta a Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE con aspectos importantes a considerar para lograr que este ejercicio democrático cumpla sus objetivos.
Quienes integramos ASILEGAL expresamos nuestro entusiasmo por el programa piloto de elecciones 2021, encaminado hacia que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones federales de 2024. Esta iniciativa probará ser fundamental para crear un nuevo peldaño hacia la reinserción social reconociendo la existencia de las personas privadas de libertad como sujetas de derechos y como parte de una sociedad democrática. Sin lugar a dudas, un primer paso que obligará a las autoridades a generar nuevas propuestas, atenciones específicas y acciones concretas para atender a esta población que históricamente ha sido olvidada.
A su vez, si bien con anterioridad hemos puntualizado las limitaciones del programa actual a personas en estado de prisión preventiva, reconocemos el inmenso valor del programa para este año y por consecuencia el reto que puede significar para las autoridades competentes garantizar el ejercicio del voto libre y democrático en condiciones de seguridad y legalidad dentro de centros penitenciarios. Es por ello que, hemos enviado una carta dirigida al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, informando sobre cinco aspectos importantes a considerar en materia penitenciaria para que este ejercicio democrático logre contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad y sus derechos humanos.
- Seguridad para escoger libremente: monitoreo estricto sobre el involucramiento de autoridades penitenciarias. Como es sabido, los entornos penitenciarios, tan cerrados y opacos, son fuente de un sinfín de violencias y presiones, actos de corrupción y abuso de autoridad, por lo que resulta necesario que desde el exterior, a través de INE, ciudadanía y sociedad civil, se pueda realizar un monitoreo continuo del proceso electoral llevado a cabo en el interior de cada uno de los CEFERESOS elegidos.
- Acceso a información electoral: ¿cómo se van a regular las campañas al interior de los centros?
Consideramos como un tema que debe ser tomado en cuenta en la propuesta del programa piloto, el abordar la logística detrás de las campañas electorales al interior de los CEFERESOS. Las autoridades electorales deben tomar en cuenta las particularidades del entorno carcelario en la planeación de la difusión, considerando que las personas al interior de los CEFERESOS no pueden acceder a la información de manera libre como lo hace la población al exterior. - Criterios de selección de los CEFERESOS y habilitación de espacios específicos
Reconocemos las instancias geográficas, interculturales y de seguridad mencionadas en el documento, sin embargo, nos interesaría en el ejercicio de transparencia pública conocer más argumentos a favor de la selección específica de estos centros. De la mano de esta preocupación, pedimos llevar a cabo un escrutinio a fondo sobre la habilitación de espacios libres de observación de la autoridad penitenciaria como lo son los locutorios y espacios para visita íntima. Dado que estos centros cuentan con un grado de máxima seguridad, las personas son vulnerables a una observación muy cercana y podrían estar sujetas a sufrir repercusiones o agresiones. - Si habrá sufragio, que sea pleno y no discrecional: asegurar grupos vulnerables y analizar el caso de poblaciones que no hablen español.
El programa señala que los CEFERESOS fueron elegidos buscando una muestra representativa de la población privada de libertad, garantizando la interculturalidad que existe al interior de muchos de ellos. Desde ASILEGAL aplaudimos que sea así, pero es importante recalcar que el programa no hace mención alguna de los procedimientos especiales para lograr la efectiva accesibilidad de toda la población indígena en las elecciones, sobre todo aquellas cuya lengua materna no es el español.
Por su parte, también consideramos que un grupo vulnerable que podría expresar deseo para ejercer su derecho al voto son las personas de identidades sexuales no heteronormativas como lo son las personas no-binarias, transexuales y transgénero que podrían encontrar dificultades importantes para comprobar su identidad. - Elecciones integrales de todas las posiciones en disputa
Como último comentario, queremos expresar preocupación ante el planteamiento de que se fuera únicamente a proporcionar este derecho para las elecciones federales de 2024. El derecho a ejercer la voz democrática en elecciones locales y estatales para las personas privadas de libertad, puede tener efectos dramáticos sobre su privación de libertad. El gobierno federal juega un papel de importancia profunda en la vida legislativa y social del país, sin embargo, no se agota dentro de este todas las posibilidades que tendrán las personas privadas de libertad de mejorar y ejercer sus derechos, de manera plena y en convicción de que su voto tendrá un impacto sobre ellos mismos.
Esperamos que estas consideraciones lleguen con el buen ánimo, disposición y emoción que tenemos por colaborar con el Instituto Nacional Electoral para que las personas privadas de libertad puedan ejercer un derecho que injustamente se les había negado durante demasiado tiempo.
Desde ASILEGAL consideramos que este paso en la vida social y legal de las personas privadas de libertad es fundamental para construir un mejor país. Si bien aún existen muchos obstáculos para otorgar el pleno acceso a derechos fundamentales, reconocer su calidad de ciudadanas y ciudadanos es el camino correcto para avanzar, alejándonos de tajo de las políticas punitivas y penalistas que dificultan la reinserción social. Colaboremos para que el voto de todas las personas privadas de libertad, independientemente del proceso, puedan incidir en la vida política del país, pues sus derechos continúan en riesgo.
