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Empresarios mexicanos en Texas acusados de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios

Washington / Houston – 11 de agosto de 2025 — El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló hoy una acusación formal contra dos empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de participar en un esquema de sobornos para manipular licitaciones y asegurar contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los acusados, identificados como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, ambos ciudadanos mexicanos con residencia legal permanente en EE.UU., habrían pagado al menos 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Pemex y PEP entre 2019 y 2021.

De acuerdo con documentos judiciales, los pagos se realizaron en efectivo, artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, y otros bienes de alto valor. A cambio, los funcionarios beneficiados habrían intervenido para que empresas vinculadas a Rovirosa obtuvieran contratos valorados en más de 2.5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia también señaló que Rovirosa presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles en México.

“Este caso envía un mensaje claro: no toleraremos que se enriquezca a funcionarios corruptos en detrimento de la competencia leal”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal adjunto en funciones de la División Criminal.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la misma ley. Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Rovirosa ya fue presentado ante un juez federal, mientras que Ávila permanece prófugo.

La investigación está a cargo del FBI y de Homeland Security Investigations (HSI), con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

El juicio aún no tiene fecha definida y, conforme a la ley, los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.