- México Evalúa participa en el Índice de Burocracia para Latinoamérica, un proyecto de investigación que visibiliza la carga administrativo-burocrática que soportan las empresas pequeñas en Argentina, Brasil, Colombia, México, España y Venezuela.
- Hoy México Evalúa ha presentado un adelanto de la investigación. Se destacan datos como las 492 horas por año que las empresas pequeñas en México destinan a cumplir con su carga administrativo-burocrática. Venezuela tiene el promedio más alto de la región, con 945 horas; mientras que Brasil tuvo el más bajo, con 114.
- Se subraya la urgencia de evaluar si los trámites analizados son indispensables, si suman o restan eficiencia a la dinámica económica, si favorecen la transparencia o si su exigencia inhibe el emprendimiento innovador.
Ciudad de México, 31 de agosto de 2021. Los resultados del Índice de Burocracia para Latinoamérica, investigación que será presentada a finales de año y de la que hoy México Evalúa presenta un adelanto, se agrupan en tres bloques: el primero conformado por Brasil y España, en donde los pequeños empresarios destinan 114 y 332 horas por año, respectivamente; en el segundo se encuentran México, con 492 horas/año, y Colombia, con 524 horas/año, destacando en ellos el peso de los trámites asociados al empleo, mientras que Argentina y Venezuela conforman el tercer grupo, con una elevada carga que promedia las 945 horas/año, siendo los trámites asociados al pago de impuestos los más complejos y demandantes.
De acuerdo con la OCDE las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en estos países trabajan entre 1,363 y 2,255 horas anuales, por lo que la carga burocrático-administrativa representa en la región entre un 20% y un 50% del tiempo laboral anual de un trabajador.
El análisis revela que las 492 horas por año que las empresas pequeñas en México destinan a cumplir con su carga administrativo-burocrática se invierten en rubros como la administración del empleo y la administración para la operación del negocio, entre otros. La mayor carga la representan las actividades de contratación y despido del personal, las cuales abarcan entre el 35% y el 42% del tiempo analizado.
El sector primario es el que más tiempo destina a cumplir con regulaciones, con el 37% del total; seguido por las las empresas de servicios, con el 32%; y las empresas del sector secundario, con el 31%.
Durante la conferencia en la que se presentaron estos datos, en la que participó César Hernández, los expertos recordaron que, según el Inegi, el exceso de trámites gubernamentales para operar es el cuarto obstáculo para las empresas en México, antecedido por la inseguridad, la competencia desleal y los altos gastos por pagos. Esto, apuntaron, puede mermar la competitividad y obstruir la obtención de beneficios de la actividad económica.
Los resultados del reporte, advierten, muestran la imperiosa necesidad de replantear y reorientar el funcionamiento de la burocracia hacia un enfoque de servicio y atención a las necesidades de la ciudadanía.
De acuerdo con el Inegi, en 2015 un trámite federal o estatal tardaba hora y media, mientras que uno municipal requería hasta ocho horas. En 2020, a raíz de la emergencia sanitaria por la covid-19, esta situación cambió en diversos estados y municipios del país, los cuales se vieron obligados a transitar a medios digitales y a modelos más efectivos de pago de trámites para continuar con sus procesos de recaudación y cumplimiento para los ciudadanos, las micro y pequeñas empresas, según ha documentado la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
En México, los micronegocios representan el 95% de las unidades económicas y emplean a cuatro de cada 10 trabajadores. Por su parte, cinco de cada 100 establecimientos son pequeñas y medianas empresas que dan empleo al 30.7% de las personas ocupadas. Las empresas grandes, en cambio, representan 0.2% del total de establecimientos y su personal ocupado representó 32.1% del total.
Las autoridades con las que las pequeñas empresas tienen mayor interacción son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, ambas del orden federal. En el orden local, son las tesorerías o dependencias de servicios públicos, como el suministro de agua o recolección de residuos.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica y autora del capítulo sobre México del Índice, advirtió que los recortes presupuestales derivados de la Ley Federal de Austeridad Republicana, promulgada en 2019, perjudicaron la operación de instancias que agilizaban trámites, ocasionando afectaciones de tiempos y costos para las empresas, como requisitos, formularios y reportes adicionales.
El reporte señala que muchas de las estrategias de simplificación y agilización de los trámites burocráticos se han apoyado en las nuevas tecnologías, como la creación de los sistemas informáticos para virtualizar los procedimientos; sin embargo, aunque estas estrategias son convenientes, resultan insuficientes debido a que los portales o sistemas de servicios básicos terminan colapsado, o porque simplemente se sustituyen exigencias presenciales por las digitales.
Los expertos hicieron un llamado a evaluar si los trámites evaluados son indispensables, analizar si suman o restan eficiencia a la dinámica económica, si favorecen la transparencia y si su exigencia inhibe el emprendimiento innovador.
El Índice de Burocracia para Latinoamérica es un proyecto auspiciado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network para visibilizar la carga administrativo-burocrática que soportan las pequeñas empresas e impulsar la agenda de transformación necesaria de cara al futuro de los países iberoamericanos. En esta primera edición, que será presentada antes de que concluya el año, participaron la Fundación Libertad (Argentina); el Instituto Liberal (Brasil), el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echevarría Olózaga (Colombia), México Evalúa (México); Fundación Civismo (España) y Cedice-Libertad (Venezuela), organización que lidera el proyecto.
