Lo que está ocurriendo con la empresa Formas Finas y Materiales en la licitación de este año, ha generado también grietas y reacciones diversas en el seno del IEEPCO local
México, CDMX, 28 de marzo de 2024.- No contenta con haber sido suspendida, sancionada y detenida por incurrir en diversas conductas violatorias a las normas vigentes, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, insiste en favorecer a empresas que han tenido graves incumplimientos en la proveeduría de material y documentación electoral.
Es de tal magnitud del nivel de irregularidades en los que ha incurrido la consejera presidenta del IEEPCO, que el tema ya llegó hasta la Fiscalía General de Oaxaca, entidad que recibió, el pasado 25 de marzo del año en curso, una denuncia promovida por José Andrés Hernández Rocha, apoderado legal de la empresa Cajas Graf, S.A. de C.V. en contra de la presidenta consejera, Elizabeth Sánchez González, y todos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
En esta denuncia de hechos, se mencionan diversas irregularidades detectadas en el actual proceso licitatorio, destacando el registro fuera de plazo de uno de los participantes, la presentación de material fuera del horario establecido, registro tardío de la empresa Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., de José Antonio Carranza, lo que supone, según este documento posibles alteraciones a la equidad del proceso.
Lo que está ocurriendo con la empresa Formas Finas y Materiales en la licitación de este año, ha generado también grietas y reacciones diversas en el seno del IEEPCO local, ya que la irregular conducta de la presidenta del Instituto se ha vuelto recurrente, sin importarle la opinión de los integrantes del órgano colegiado. Este conflicto ha trascendido las paredes del Instituto Electoral Oaxaqueño y poco a poco escala para convertirse en un escándalo de nivel nacional, cosa que poco importa a la consejera presidenta del IEEPCO.
Como muestra está el oficio número IEEPCO/SE/1036/2024, de fecha 25 de marzo de 2024, firmado por Iliana Araceli Hernández Gómez, Secretaria Ejecutiva y Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y dirigido a la consejera presidenta del Instituto, donde se advierte que la empresa Formas Finas no cumple con lo establecido en por lo menos 10 puntos de la licitación pública número IEEPCO-CAAS-LPN-03-2024, relativos a temas legales, técnicos, administrativos, etc., que deberían puntualizarse desde la propuesta técnica.
Más aún, en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, celebrada este 27 de marzo, diversos consejeros electorales y representantes de los partidos políticos hicieron pública su preocupación ante las crecientes diferencias entre la consejera presidenta de este Instituto y la Secretaría Ejecutiva del mismo. Esto, advirtieron, comienza a afectar el desarrollo del proceso electoral oaxaqueño.
La consejera electoral del IEEPCO, Carmelita Sibaja Ochoa, solicitó, incluso, que se de vista al Instituto Nacional Electoral (INE), para que proceda a determinar las medidas cautelares conducentes para proteger a la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Oaxaca, ya que ha sido víctima de “obstaculización de su trabajo y violencia”.
En tanto, los representantes de los partidos políticos señalaron que en nada están ayudando al desarrollo del proceso electoral local estas diferencias y las versiones que aparecen en algunas redes sociales de evidentes irregularidades en la licitación para la elaboración de la documentación y los materiales electorales que permitirán emitir su voto a los oaxaqueños el próximo 2 de junio. Solicitaron reencauzar el diálogo y con respeto, recomponer el camino para conducir los trabajos electorales en beneficio de los ciudadanos.
A lo anterior se suma un desplegado aparecido en diversos medios de Oaxaca, donde la organización denominada Democracia Unida, cuya presidenta es Jessica Ibarra, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia en contra de la empresa Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V. de José Antonio Carranza, en donde se presentan algunos temas como “red de corrupción desplegando conductas atípicas; proporcionó información inexacta y/o falta ante las instituciones financieras; recursos de procedencia ilícita; lavado de dinero, y actividades vulnerables”.
Esta oscura trama apunta hacia el Maestro Filiberto Chávez Méndez, cabeza de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, y la propia presidenta del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González. Ambos personajes, según fuentes confiables consultadas por Vigilante Electoral, han recibido una suma considerable para influir en la adjudicación de un contrato crucial.
La trama se torna más espesa con la aparición del Maestro Wong, conocido operador de la familia Carranza, dueños de Formas Finas y Comercializadora JVLY SA de CV, y asociados con nombres de peso en la política regional, incluyendo al exgobernador José Murat y su hijo Alejandro. La misión, dicen las fuentes, es asegurar el contrato de material electoral para las elecciones de 2024, a cambio de dos millones de pesos.
El Maestro Chávez Méndez y Elizabeth Sánchez González se sienten blindados por la poderosa familia Murat. Pero esta conexión sugiere un manto de impunidad con la creencia de que cualquier denuncia en su contra será desestimada por el Tribunal Electoral.
En este punto vale la pena recordar que la consejera presidenta del IEEPCO fue suspendida el año pasado, sancionada e, incluso, encarcelada por incurrir en conductas violatorias de las normas vigentes.
Por ejemplo, en septiembre de 2023, la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ordenó la suspensión temporal de la presidenta, Elizabeth Sánchez González, por el presunto desvío de más de 19 millones de pesos. De acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del Instituto (OIC), a cargo de Salvador Cruz Rodríguez, la funcionaria habría incurrido en una infracción administrativa con relación al presunto desvío de recursos.
Sánchez González, al tener la titularidad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, “no cumplió con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado a este órgano electoral”, dice el documento.
El informe de la Contraloría señalaba que se realizaron 56 observaciones y recomendaciones sobre un monto auditado de 50 millones 776 mil pesos, de estas 19 fueron solventadas, 22 fueron parcialmente satisfechas y 15 no fueron solventadas, las cuales ascienden a 19 millones 975 mil pesos.
Posteriormente, una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), ordenó su reinstalación, misma que generó polémica entre los integrantes del Instituto Electoral oaxaqueño.
Mientras las piezas del rompecabezas se unen, la pregunta permanece: ¿Cómo pueden las sociedades enfrentar y superar estas prácticas que erosionan los cimientos de la democracia? La respuesta no es sencilla, pero comienza con la vigilancia, la denuncia y un compromiso inquebrantable con la transparencia.
Por lo pronto, todos los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), comenzando por su presidenta, deberían tener en cuenta que, si fallan a favor de la empresa Formas Finas en esta licitación, podrían ir a parar a prisión.