· Reconoce el Titular de la UIF, Santiago Nieto, vulnerabilidad en su área y acepta la necesidad de una reforma legislativa sobre Ley de Instituciones de Crédito
· La segunda iniciativa más recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación está relacionada con las facultades extralimitadas de la UIF al congelar cuentas bancarias y aplicar la Extinción de Dominio sin una resolución judicial, afirma Antonio Ortega
· La SCJN ha reiterado que Hacienda y UIF son autoridades administrativas, sin facultades para dictar medidas cautelares para bloquear la cuenta de un ciudadano, ya que implica prejuzgar un delito. La facultad es del Ministerio Público, aclara
· Propone GPPRD colaboración entre legisladores, Hacienda y UIF para fortalecer normatividad que favorezca el combate al lavado de dinero y a la corrupción
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados exhortó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo a ejercer su trabajo en el combate a la corrupción y el “lavado de dinero” con base en la Constitución Política y las leyes. Argumentó que esta instancia que él encabeza sufre de una fragilidad política y legal pues la segunda iniciativa más recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación está relacionada justamente con las facultades extralimitadas de la UIF al realizar la congelación de cuentas bancarias y Extinción de Dominio sin una resolución judicial.
Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda e integrante del Grupo Parlamentario del PRD enfatizó a Nieto Castillo que “la Suprema Corte ha reiterado de manera permanente, que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son autoridades administrativas, y no tienen facultades para dictar medidas cautelares como el bloquear la cuenta de un ciudadano, ya que esto implica prejuzgar un delito, una responsabilidad, y esa facultad -la de investigar dichos delitos- está conferida por mandato constitucional de manera exclusiva, al Ministerio Público.
Durante la reunión de la Comisión de Hacienda, con Santiago Nieto donde se habló respecto a los compromisos de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el combate mundial del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; el funcionario reconoció la observación del legislador perredista a quien dijo que, efectivamente, se necesita de una reforma legislativa en torno de la Ley de Instituciones de Crédito.
“Comparto el tema de que tiene que estar en ley, y es un asunto que votó la Cámara de Senadores, votó la Cámara de Diputados y en estos momentos se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado donde se aprobó una modificación; por tanto, volverá a esta honorable Cámara de Diputados la discusión sobre el congelamiento de cuentas”.
En realidad –aseguró Nieto Castillo- creo que se trata de un error de comunicación de mi parte, y una omisión en la redacción de las personas cuando se presentó la iniciativa porque, efectivamente, la Constitución señala que la única vía para extinguir el dominio es que el Ministerio Público presente una acción ante un juez civil, por lo tanto la UIF, bajo ninguna circunstancia podría extinguir el dominio. En eso coincido con el diputado Ortega, sería absolutamente inconstitucional; pero creo que sí tenemos que hacer algo con estas cuentas congeladas de los cárteles, que nadie reclama y la única forma es vía una modificación legislativa que faculte a la Unidad o a cualquier área del Estado mexicano. Entonces, lo retomo como un asunto de vulnerabilidad dentro de la mejora del sistema legislativo”, aceptó.
Ortega Martínez igualmente demandó al funcionario una reunión con tiempo suficiente para discutir estos temas pues consideró escaso el tiempo que Nieto Castillo destinó para la reunión con las y los diputados.
“Entiendo que usted es un ciudadano muy importante, se le podrá criticar y acusar de muchas cosas; pero de que es un tipo inactivo y flojo, no; y entonces eso justifica que se tenga que retirar; pero nos debe un encuentro”, insistió Antonio Ortega quien precisó que la relevancia de este llamado es porque la Suprema Corte ha negado a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera, la facultad de bloquear cuentas, y mucho menos extinguir dominios si no hay resolución judicial, o si no se trata del fallo de un órgano internacional.
“Entonces –aseveró- debería agregar esta vulnerabilidad para que, en plena colaboración, usted, la Secretaría de Hacienda y los diputados, veamos de qué manera fortalecemos la acción para combatir el lavado de dinero y la corrupción. En eso estamos totalmente de acuerdo”.
Por separado, Antonio Ortega precisó que el PRD está de acuerdo en fortalecer los mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita; pero es necesario hacer una revisión legislativa para precisar con mayor claridad, las facultades de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus alcances, y terminar con las irregularidades y esta dinámica de que se tengan que judicializar decisiones de carácter administrativo.
“No abogamos por la impunidad. El camino correcto es: Si Hacienda detecta un movimiento indebido, debe dar vista, primero, al banco, para que suspenda las operaciones; segundo, al Ministerio Público, a la fiscalía, y después de hacer las investigaciones pertinentes e integrar una carpeta básica. Debe dar vista ante un juez para que éste siga los procedimientos de ley. La única excepción a este mecanismo –refrendó- es que haya ordenamiento a nivel internacional por los compromisos asumidos por nuestro país”.
Solo el Ministerio Público y la fiscalía tienen el monopolio del ejercicio de la investigación y la presunción de inocencia o la responsabilidad y, finalmente, solo un juez, puede declarar como definitiva la culpabilidad y, por lo tanto, mantener suspendidos los ejercicios de las cuentas bancarias de los indiciados, subrayó
Finalmente, el legislador dejó en claro que “nadie desconoce la proactividad del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nadie puede desconocer los actos de valor, de riesgo a los que se sujeta para satisfacer una demanda social de combatir la corrupción y el lavado de dinero; pero –enfatizó- eso se tiene que hacer en el marco de la Constitución y con pleno e irrestricto respeto a la ley”.
