La diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, planteó que el sistema educativo nacional reconozca y defienda los derechos laborales de las maestras y maestros en lenguas indígenas y lenguas extranjeras.
Mediante una iniciativa de ley propuso reformar los artículos 38º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 7º de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, a fin de institucionalizar el Programa Nacional de Inglés y aceptar formalmente a todos los profesionales bilingües, muchos de ellos indígenas; acción que obliga al Estado asignar un presupuesto anual suficiente.
Con el cambio a la legislación los mentores tendrían, entre otras prestaciones: seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, generarían antigüedad y estarían considerados en el Sistema de Carrera para su promoción y permanencia en el servicio público educativo.
“La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento de los derechos lingüísticos y contribuye a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, con pleno respeto a las y los docentes que trabajan por la educación”, puntualizó la diputada del Estado de México.
Recordó que la población indígena en México es la que tiene mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir la educación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizaje esperados, por ello, agregó, hay que fortalecer su entorno educativo y proteger, reconocer e impulsar a las y los maestros que hacen realidad el derecho a la educación.
“Las lenguas representan no sólo un instrumento de comunicación, sino un atributo fundamental de la identidad cultural y la realización del potencial individual y colectivo. En el caso del idioma inglés, es una asignatura curricular obligatoria y una herramienta indispensable para las nuevas generaciones, a fin de que puedan acceder a mayores oportunidades educativas y laborales a lo largo de su vida”, mencionó.
La integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, explicó que el Programa Nacional de Inglés (PRONI) forma parte de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, a partir de 2019, más de ocho mil docentes subsisten en condiciones laborales inciertas, porque no son reconocidos como maestras y maestros, sino como “asesores externos especializados”, pese a que su labor es frente al grupo.
Aunado a lo anterior, ese mismo año, se anunció una plataforma digital en la cual las y los niños aprenderían inglés sin que el maestro guía tuviera conocimiento del idioma.
“Esta acción vulnera por partida doble el derecho a la educación, que sea de calidad y que reconozca la labor del magisterio, junto a lo anterior se redujo la cobertura del programa, como consecuencia de la austeridad que disminuyó los recursos asignados. Sin presupuesto, sin apoyo y en un año de pandemia, los perjudicados son las y los alumnos y sus profesores”, sentenció Herrera Anzaldo.
