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Fiscalía rebasada por la delincuencia; los resultados no satisfacen a la población, señalan en el Congreso estatal

  • Violeta Nova Gómez, diputada de Morena, denunció fue víctima de un retén de grupos armados en el sur de la entidad.
  • Karla Fiesco (PAN) señaló que durante 2018 en el Estado de México se estimaron un total de 6 millones 564 mil 371 delitos.
  • Por el PRI, Juan Maccise Naime interrogó por los avances en la investigación de agresiones contra servidores públicos.

Diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PT, PRD, PVEM, PES y sin partido en la LX Legislatura señalaron que la entidad sigue siendo de las primeras a nivel nacional en incidencia delictiva y delitos como el robo en sus diferentes modalidades, extorsiones, violencia de género y feminicidios, entre otros, mientras que los resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en cuanto al combate a la inseguridad y delincuencia, no satisfacen a la población ni reflejan lo que se vive realmente en la entidad.

Al continuar la glosa del tercer informe del Ejecutivo mexiquense, ante el titular de la FGJEM, la diputada del grupo parlamentario de Morena, Violeta Nova Gómez, denunció que en días pasados fue víctima de un retén de grupos armados en el sur de entidad, a lo que el fiscal Alejandro Gómez Sánchez admitió la presencia de esos grupos y que se trata ya de un asunto de gobernabilidad. Pidió a la legisladora denunciar el hecho y ofreció su apoyo para investigarlo.

Violeta Nova expuso también que cada vez más adolescentes son reclutados por la delincuencia y se involucran en delitos de alto impacto, cuestionó si no es momento de reconocer que la delincuencia rebasó a la entidad o si la población debe acostumbrarse a las balaceras, extorsiones o secuestros, y señaló la percepción de un Estado y una fiscalía omisa.

También de Morena, el diputado Gerardo Ulloa Pérez dijo que la Legislatura autoriza a la FGJEM recursos mayores cada año, pero ésta sigue sin ser socialmente útil ni moderna. Preguntó a Gómez Sánchez por el servicio profesional de carrera en la Fiscalía, los feminicidios, los y las desparecidas, la atención a delitos en contra de la comunidad LGBT y la toma de casetas por grupos organizados en autopistas de la entidad para exigir dinero. De manera particular pidió saber del caso del feminicidio en Ixtlahuaca de Diana Esmeralda Molina.  

En su intervención, el diputado del PRI Juan Maccise Naime planteó que en el robo de vehículos la entidad es primer lugar nacional y pidió informar por las acciones contra el robo a transporte de carga y pasajeros, así como contra los linchamientos de ladrones de pasajeros. También consultó sobre los avances en la investigación de agresiones y asesinatos de servidores del ámbito municipal, el homicidio del exmagistrado Luis Miranda Cardoso y el supuesto suicidio de uno de sus autores.

Por el PAN, la legisladora Karla Leticia Fiesco García denunció que, según el Índice Global de Impunidad México 2018, solo en 0.59% de las denuncias se obtiene justicia y que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 refiere que durante 2018 en el Estado de México se estimaron 6 millones 564 mil 371 delitos, de los cuales solo se denunciaron 341 mil 028. Consultó sobre los cárteles de la delincuencia en la entidad y su combate, así como por los secuestros de mujeres y las bandas relacionadas desarticuladas y detenidos.

El diputado Sergio García Sosa (PT) pidió al fiscal un comparativo de los resultados de esta institución con las de otras entidades y cuestionó sobre un mecanismo objetivo para evaluar el sistema de justicia estatal, de manera que la ciudadanía pueda entender los resultados.

Por el PRD, su coordinador parlamentario, el diputado Omar Ortega Álvarez recordó al compareciente que su partido le ha dirigido exhortos para que alcance su autonomía administrativa y financiera y amplíe su plantilla de peritos y médicos legistas. Se pronunció por continuar con las reuniones institucionales para ampliar la información y le pidió comprometerse a reducir el índice delictivo.

La diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) le pidió información sobre las acciones contra la trata de personas, ya que el Informe no incluye esos datos, y contra la delincuencia cometida por adolescentes. Por el PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón preguntó por las acciones y resultados en el combate a la corrupción institucional, la capacitación de personal, logros, áreas de trabajo y costos, y por la actuación del a FGJEM en el desalojo de la visitaduría de la Codhem en Ecatepec. El diputado sin partido Juan Carlos Soto Ibarra demandó conocer los avances en la investigación del homicidio del expresidente de Valle de Chalco, Fernando Tenorio Contreras y planteó que el principal deber de un gobierno es la seguridad de la población, además de preguntar sobre la estrategia contra las extorsiones.

En sus participaciones Alejandro Gómez Sánchez admitió el incremento en 24% de las extorsiones, además de la cifra negra; que en la entidad opera la familia michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y otros; que no se solapa la corrupción al interior de la institución y que la trata de personas se persigue de oficio. Dijo que no podría comprometerse a reducir la delincuencia pero sí la impunidad y explicó que la falta de empatía entre los ministerios públicos y los denunciantes se debe a que estos cuentan con una carga de trabajo excesiva.

Advirtió de retos enormes, pues los efectos negativos de la pandemia en la economía provocarán el incremento de los índices delictivos y los niveles de violencia, que se darán gradualmente en la medida que se retomen las actividades sociales y económicas conforme al semáforo epidemiológico.

También informó que la toma de casetas ha dejado mermas por 25 millones de pesos y aseguró que, en comparación con otras entidades, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, la entidad está por arriba de la media nacional en rubros como carpetas de investigación, carpetas vinculadas a proceso, órdenes de aprehensión, sentencias y otros. Considerando diversas variables, agregó, México Evalúa ubica a la institución en el 7º lugar nacional por su eficiencia.