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Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia del Estado de México violan derechos de joven con discapacidad psicosocial

● Después de dos detenciones arbitrarias, Jorge Alberto está sometido a un proceso plagado de irregularidades donde se le acusa injustamente. 

● Debido a su condición de discapacidad el acusado no ha tenido acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

El 17 de mayo del 2019 a las 11:32 am, Jorge Alberto Burelo Gómez, tocó el timbre de la oficina donde trabajaba en la empresa familiar, y mientras esperaba a que le abrieran, nueve sujetos que bajaron de tres camionetas sin identificación alguna, lo sometieron con golpes y lo subieron a una camioneta, como documentan las cámaras de seguridad de la cuadra. Esa mañana Jorge Alberto perdió la libertad. 

A partir de ese día, la vida de Jorge Alberto cambió radicalmente. Pasó de ser Gerente de Ventas, a ser acusado de homicidio calificado en grado de tentativa en un proceso lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Desde la detención -que a todas luces se trata de una detención extrajudicial- Jorge Alberto se ha enfrentado al sistema de justicia sin igualdad de condiciones. 

Jorge Alberto es un joven de 25 años que vive con discapacidad psicosocial, privado de su libertad por un delito que no cometió y en circunstancias que obstaculizan su acceso a la justicia. 

Primero fue detenido arbitrariamente, por hombres vestidos de civil, en la Ciudad de México, y presentado al Ministerio Público de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde las autoridades dieron a la familia la versión de que Jorge Alberto había sido detenido por narcomenudeo, proceso por el que fue puesto en libertad, para de inmediato ser detenido nuevamente, -de igual manera por hombres vestidos de civil-, y ahora llevado a la Fiscalía de Tlalnepantla donde empezó su proceso por homicidio. 

El joven acusado, no solo ha enfrentado al sistema de justicia penal en condiciones injustas y discriminatorias, sino que también los medios de comunicación se han prestado para criminalizarlo; pasando por alto sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, lo presentaron como un homicida sin que hubiera juicio aún de por medio. 

Desde el momento de la detención, en los traslados y en su periodo de privación de libertad, Jorge Alberto también ha sido víctima de tortura con la finalidad de que declarara en su contra. La tortura a la que fue sometido por parte de las autoridades y la falta de consideración a su discapacidad generaron una situación psicoemocional crítica en la que el imputado se declaró culpable, declaración con la que la Fiscalía pretende obtener una sentencia de 70 de años de prisión. 

Desde la detención, durante los traslados y en su periodo de privación de libertad Jorge Alberto ha visto violados sus derechos a: 

1. La libertad y seguridad de su persona. 

2. Su integridad personal. 

3. Su dignidad. 

4. Un debido proceso. 

5. Ser tratado con plena igualdad y sin discriminación. 

6. Saber los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 

7. Que se le brinde toda la información que necesite para su defensa. 

8. La presunción de inocencia. 

9. Informar a un familiar de su detención. 

10. Su libertad de movimiento. 

11. La protección de su identidad. 

12. Al reconocimiento de su capacidad jurídica. 

13. Contar con ajustes de procedimiento acordes a su discapacidad. 

14. Acceder a la justicia en igualdad de condiciones. 

En este contexto, vale la pena mencionar que el Estado Mexicano sigue en incumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos de las personas con discapacidad que se enfrentan al sistema de justicia, como lo dictaminó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por el caso de Arturo Medina Vela, el primer caso mexicano conocido por este Comité. 

Ante esto, organizaciones civiles y activistas nos pronunciamos para que las y los Jueces de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y los Jueces de Distrito en Naucalpan de Juárez, reconozcan la discapacidad de Jorge Alberto y le brinden un juicio justo, en igualdad de condiciones y en estricto apego a sus derechos humanos. 

FIRMAS: 

1. Cepaj A. C. 

2. Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. 

3. Entropía Social A.C. 

4. Familias y Retos Extraordinarios A. C. 

5. Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A. C. 

6. Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. 

7. Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho A. C. 

8. Miel que vino del cielo A. C. 

9. Red de empoderamiento de personas con discapacidad 

10. Red por la inclusión de personas con discapacidad 

11. Reintegra A.C. 

PERSONAS 

12. Abigail Rodríguez Ramírez, Activista 

13. Adriana García, Activista 

14. Aldo Chavarría Montiel, Don Bosco Sobre Ruedas A. C. 

15. Alfredo Peña López, Activista 

16. Alicia García Canizalez, Activista 

17. Andrea Bernal, Activista 

18. Avelina Fonseca 

19. Beatriz Barradas Servín, Activista 

20. Berenice Pérez Ramírez, Ativista 

21. Cintya Laurel Loza, Activista 

22. Claudia Patricia Martínez, Activista 

23. Chrístel Rosales, Activista 

24. Cristian Mendoza Vázquez, Activista 

25. Diana Karina Arriaga Vázquez, Activista 

26. Diana Olalde Omaña, Activista 

27. Diana Vite Hernández, Activista 

28. Elizabeth Araiza Arredondo, Activista 

29. Elizabetha Consuegra Ríos, Activista 

30. Emilio Fuentes, Activista 

31. Enrique Juárez Andrade, Activista 

32. Fabiola Martínez de los Ríos, Activista 

33. Germán Méndez Lugo, Activista 

34. Giovanna Franyuti Kelly, Activista 

35. Gonzalo Alan Arellano Ayala, Activista 

36. Jaime Alejandro Cossío Carrillo, Activista 

37. José Ramón Ibarra, Activista 

38. Karina Franco, Activista 

39. Ilse Gutiérrez, Activista 

40. Isabel Lucía Rubio Rufino, Activista 

41. Ivette Amsua, Activista 

42. Ivelin Buenrostro, Activista 

43. Javier Carrasco Solís, Activista 

44. Karla Kristel Porras Ruiz, Activista 

45. Laura Alejandra López Granados, Activista 

46. Laura Ayehrim Perez Alfonzo, Activista 

47. Lorena Hernández, Activista 

48. Luis Gerardo Arroyo Lynn, Activista 

49. María Ana Del Valle Ojeda, Activista 

50. María Angelina Silveyra Baquedano, Educación Especial MAS+ 

51. Martha Elena Santos Arroyo, Activista 

52. Maria Gabriela Vargas García, Activista 

53. María Isabel Mota Morales, Activista 

54. María Teresa Fernández Vázquez, Activista 

55. Marialú Castro, Activista 

56. Marioliva González, Activista 

57. Martha Gabriela García Álvarez, Activista 

58. Mercedes Quiroz, Activista 

59. Nuria Renata Bermúdez, Activista 

60. Olga Nelly Azkian Viegas, Radio Vilardevoz 

61. Oscar Sánchez Hernández, Activista 

62. Paola Ramos, Comunicadora 

63. Patricia Espinoza, Activista 

64. Paulina Domínguez Salazar, Activista 

65. Roxana Pacheco Martínez, Fundación para la inclusión y desarrollo de personas con 

discapacidad A. C. 

66. Sandra Padilla Zaldo, Activista 

67. Sara Elizondo Cuestas, Activista 

68. Sara Sánchez Miguel, Activista 

69. Susana Ortega, Fundación Dianel 

70. Tania De la Garza, Activista 

71. Víctor Lizama Sierra, Integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

72. Violeta Maltos, Activista 

73. Ximena Samara Flores García, Activista 

74. Yazmín Delgado Juárez, Activista