CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez mexicano vinculó a proceso a un presunto líder de una mafia rumana que supuestamente operaba una red masiva de clonación de tarjetas en cajeros automáticos, informó el jueves la Fiscalía General de la República.
Florian Tudor fue detenido en mayo cuando las autoridades mexicanas ejecutaron una orden de aprehensión con fines de extradición a Rumanía por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
El juez mexicano ordenó ahora iniciar un proceso en México contra Tudor y otras dos personas acusadas de delitos financieros y organización delictuosa por realizar diversas operaciones en cajeros automáticos en el sudeste del país, concretamente en los turísticos estados de Quintana Roo y Yucatán, y también en el centro, en Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
El escándalo que rodea a este empresario, apodado “El Tiburón”, incluye además de la red de clonación de tarjetas, contactos con funcionarios de alto nivel mexicanos.
Tudor siempre se ha declarado inocente y se considera víctima de persecución política. De hecho fue recibido en marzo por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, porque había solicitado una audiencia.
“Nuestro trato fue como a cualquier ciudadano, de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto”, indicó entonces Rodríguez tras aclarar que ese tema estaba en manos de la fiscalía y que no existía ninguna orden de captura en contra del rumano.
Sin embargo, tres semanas antes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —el departamento encargado de rastrear operaciones sospechosas de lavado de dinero— había informado que “por acuerdo del gabinete de seguridad nacional” bloquearon “a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”.
Las acusaciones de la UIF contra Tudor eran contundentes e implicaban movimientos sospechosos por unos 25 millones de dólares. Según los datos ofrecidos por este departamento en febrero, la red criminal ya se había expandido del Caribe a otros destinos turísticos del Pacífico, como Los Cabos, la Riviera Nayarita o Puerto Vallarta.
Operaba mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos para clonar las tarjetas y, después, hacer retiros. Posteriormente, ese dinero era ingresado al sistema financiero a través de empresas fachada.
La Agencia Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) colaboró con la UIF en este caso, en el que también se detectó que había funcionarios públicos facilitando estas transacciones ilícitas.
