La adquisición por parte del Gobierno federal de un estadio de béisbol en plena emergencia sanitaria y posible crisis económica, es un golpe a la salud pública de los mexicanos, acusó la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
“Gastar 511 millones 690 mil pesos en el estadio Héctor Espino, de Hermosillo, Sonora, es un despropósito, porque el recurso público podría tener un destino más noble como la compra de material médico, insumos y aparatos respiratorios, productos de higiene, protección y cuidado de médicos, enfermeras, especialistas y todo aquel personal que se encuentra laborando en los centros de salud y la red hospitalaria”, precisó la legisladora por el Estado de México.
Ante la falta de transparencia en la operación, Herrera Anzaldo solicitó a la Cámara de Diputados, pida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) un informe del proceso de compra y venta del estadio y la aclaración de por qué la dependencia realizó el procedimiento, cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no le da facultades para la adquisición de bienes muebles en nombre del Gobierno federal.
A la Auditoría Superior de la Federación requirió, la fiscalización transparente, integral, expedita y exhaustiva del proceso que siguió el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), asimismo una auditoría general a los recursos ejercidos por la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis).
La diputada priista, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, insistió en la necesidad de conocer, el origen de los recursos, el proceso de adjudicación, el número de beneficiarios y la ponderación para realizar un gasto de esta magnitud; la información permitirá precisar si los fondos asignados contravienen o no lo aprobado por el Poder Legislativo y descartar con ello, que la compra del estadio sea una falta grave por el uso indebido de recursos.
Cabe recordar que el 4 de marzo de 2019, el Ejecutivo Federal informó que la oficina de Probeis contaría con un presupuesto de 500 millones de pesos, para dar atención especial a las actividades de boxeo, caminata y béisbol.
El recurso se destinaría a identificar talentos, para entrenadores, apoyo de infantes y la creación de escuelas de béisbol, sin embargo, hasta el momento no se tiene información acerca del avance de estos objetivos. La legisladora estimó que las irregularidades, son motivo suficiente para que la ASF realice una investigación a los recursos del Probeis, a fin de sancionar posibles desvíos de recursos públicos, actos de corrupción y el uso inadecuado del poder público conferido.
